La “Asociación por un IBI Real” alega contra las subvenciones de cerca de un millón y medio de euros para los grupos políticos en 4 años

El Tribunal de Cuentas propone establecer limitaciones en las cuantías y exigir justificantes por los servicios que los partidos prestan a los grupos.-

La Asociación Iniciativa Social por un IBI Real ha presentado al pleno de julio, una batería de alegaciones de 73 folios, argumenta las razones jurídicas y sociales por las cuales consideran que no debe aprobarse esta partida de subvenciones para los grupos políticos de nuestro Ayuntamiento, manifestando su  oposición y desapruebo, ya que estos partidos políticos perciben en la actualidad por cuatro vías distintas cientos de millones de euros en subvenciones: 1) Por la Comunidad Europea, 2) por la administración Estatal, 3) por la Comunidad Autónoma y 4) por las Diputaciones Provinciales.

Consideramos, que el párrafo segundo del artículo 73.3 de la LBRL establece que “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”.

Por tanto, no es de obligado cumplimiento, el que se deba establecer unas asignaciones a los grupos políticos municipales, si el legislador hubiese querido que se implantasen estas subvenciones, hubiese incluido el término deberán (estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva) que si obligaría el contemplar con dicha dotación económica. Por tanto, “es discrecional para aquellos ayuntamientos que deseen que se dispongan de dichas asignaciones, cuestión que debemos tener presente”.

LAS SUBVENCIONES Y LA CORRUPCION POLITICA

Subraya esta asociación cómo el propio Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado las dotaciones económicas que los 50 ayuntamientos de los municipios capitales de provincia han asignado a los grupos políticos municipales en 2022, recomienda establecer un mayor nivel de detalle en la legislación sobre régimen local sobre las dotaciones económicas que se otorgan a los grupos políticos locales para su funcionamiento.

Además, en el caso de que los ayuntamientos permitan a los grupos realizar aportaciones a sus partidos políticos, el informe propone establecer limitaciones en las cuantías y exigir justificantes por los servicios que los partidos prestan a los grupos.

Aquí “es donde se encuentra la corrupción, el desvío de esas subvenciones de los grupos municipales del Ayuntamiento hacia los partidos políticos”, lavando dicha imagen a través de un convenio de colaboración, lo cual hace que el departamento de Intervención del Ayuntamiento no pueda fiscalizar estas partidas de las asignaciones/subvenciones del dinero de los chiclaneros.

Así, han ocurrido utilizando dichas subvenciones para fiestas de sus afiliados, para chicharronadas y saraos donde utilizan el dinero de nuestros impuestos, y cuando les hacen falta más con subir el IBI, Tasas Municipales, zona azul, y crear la zona naranja asunto solucionado.

FALTA DE CRITERIOS OBJETIVOS PARA ESTAS DOTACIONES

En los ayuntamientos capitales de provincia asignaron dotaciones a los grupos políticos, por valor de 13 millones de euros en 2022. Al margen de estas dotaciones, las Corporaciones sufragaron, con cargo a su presupuesto, otros medios personales y materiales a favor de los grupos municipales, por valor de, al menos, 43 millones de euros.

No existen criterios objetivos para el establecimiento de la cuantía de las dotaciones económicas a los grupos, es decir, cada ayuntamiento decide discrecionalmente las cuantías que otorga. Tampoco se basan en los costes efectivos de funcionamiento de estos grupos. Existen diferencias significativas entre los ayuntamientos fiscalizados en los importes asignados a los grupos, incluso entre aquellos que presentan un número similar de concejales electos.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas ha detectado que en 17 de los 50 analizados, se han producido abonos de la dotación a grupos que utilizan el NIF del partido político respectivo y en 14 entidades se han efectuado pagos a cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a alguna formación política.

Además, en 27 de los ayuntamientos fiscalizados no se ha exigido la rendición de cuentas, ni se han llevado a cabo actuaciones de control sobre las cuentas justificativas de los grupos. Del resto, en la mayoría de los casos la calidad del control efectuado sobre las cuentas de los grupos ha sido moderada o débil.

LIMITACIONES EN LAS CUANTÍAS

En aras de una adecuada gestión de los fondos públicos asignados a los grupos, el Tribunal recomienda a los ayuntamientos que, en su normativa interna, prevean la rendición sistemática por los grupos de sus cuentas y el sometimiento al control financiero de la Intervención.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado las dotaciones económicas que los 50 ayuntamientos de los municipios capitales de provincia han asignado a los grupos políticos municipales en 2022. Éste recomienda establecer un mayor nivel de detalle en la legislación sobre régimen local sobre las dotaciones económicas que se otorgan a los grupos políticos locales para su funcionamiento.

Además, en el caso de que los ayuntamientos permitan a los grupos realizar aportaciones a sus partidos políticos, el informe propone establecer limitaciones en las cuantías y exigir justificantes por los servicios que los partidos prestan a los grupos. Los ayuntamientos capitales de provincia asignaron dotaciones a los grupos políticos, por valor de 13 millones de euros, en 2022.

Al margen de estas dotaciones, las Corporaciones sufragaron, con cargo a su presupuesto, otros medios personales y materiales a favor de los grupos municipales, por valor de, al menos, 43 millones de euros. Tampoco existen criterios objetivos para el establecimiento de la cuantía de las dotaciones económicas a los grupos, es decir, cada ayuntamiento decide discrecionalmente las cuantías que otorga.

FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Tampoco se basan en los costes efectivos de funcionamiento de estos grupos. Existen diferencias significativas entre los ayuntamientos fiscalizados en los importes asignados a los grupos, incluso entre aquellos que presentan un número similar de concejales electos.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas ha detectado que, en 17 de los 50 ayuntamientos analizados, se han producido abonos de la dotación a grupos que utilizan el NIF del partido político respectivo y en 14 entidades se han efectuado pagos a cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a alguna formación política.

Además, en 27 de los ayuntamientos fiscalizados no se ha exigido la rendición de cuentas ni se han llevado a cabo actuaciones de control sobre las cuentas justificativas de los grupos. Del resto, en la mayoría de los casos la calidad del control efectuado sobre las cuentas de los grupos, ha sido moderada o débil.

En aras de una adecuada gestión de los fondos públicos asignados a los grupos, el Tribunal recomienda a los ayuntamientos que, en su normativa interna, prevean la rendición sistemática por los grupos de sus cuentas y el sometimiento al control financiero de la Intervención, cuestión también ésta que no se contempla en la normativa que se pretende aprobar.

FALTA DE TRANSPARENCIA EN LAS SUBVENCIONES POLITICAS

Todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia, como un valor supremo de su futuro gobierno, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales.

Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- “íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos”, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

A dos años y dos meses ya de la constitución de nuestro ayuntamiento, con sus acuerdos de organización y funcionamiento adoptados, “si queremos saber qué ha pasado con las asignaciones económicas a los grupos municipales, qué cantidades se han acordado repartir, qué criterios de reparto ha habido y otros extremos como los criterios de justificación, tenemos que acudir a la forma tradicional para saber. Es decir, estar informado por los medios de comunicación de aquellos no manipulados por el poder, lo que buenamente nos informen”.

La obligación legal de informar desde la propia institución, de una manera
clara y accesible está fuera de toda duda de la lectura del artículo 8.1 c) de la Ley de Transparencia. Y ello sin perjuicio de otras disposiciones autonómicas que contienen mandatos legales más exigentes, “pero la opacidad y el oscurantismo en nuestro Ayuntamiento de Chiclana es total y el nivel de transparencia de la web municipal brilla por su ausencia, pues no publican estas cosas, mofándose así de las leyes de Transparencia y de todos los vecinos de Chiclana”.

CORRUPCIÓN POLÍTICA

Añade la Asociación por un IBI Real que “podríamos seguir informando al respecto sobre esta cuestión, que, a nuestro modo de entender, y dada la falta de claridad, de transparencia y de una legislación actualizada y acorde a la realidad social, vemos como la CORRUPCION se implanta en los partidos políticos cada día con más fuerza”.

Señala también que “hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos; su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política, propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad”.

Finaliza diciendo esta entidad social que “muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos, por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todos los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado. Estamos ante una partidocracia que limita sustantivamente el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”.