El juez decidirá en dos semanas si aplica medidas cautelares contra la expulsión de una treintena de afiliados de IU

Recuperarían los derechos perdidos y el grupo municipal

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Chiclana la vista oral por la expulsión de una treintena de militantes de la Asamblea Local de Izquierda Unida, incluidos los dos concejales Butrón y Blanco. Por parte del comité regional declaró su coordinador general, Diego Valderas, mientras que por el provincial lo hizo Antonio Roldán, aparte de la edila Nadine Fernández, a la que el alcalde restituyó como portavoz del grupo municipal. El Fiscal se adhirió a las peticiones de los demandantes. (Foto: Valderas tras declarar, y el coordinador provincial, Manuel Cárdenas)



El coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, y el diputado provincial y alcalde de Conil, Antonio Roldán, declararon ante el juez Julio Serrano por las acusaciones formuladas contra ellos por treinta militantes de la Asamblea local de Izquierda Unida, que desaparecieron de las listas de militantes de un plumazo.

También lo hizo la concejala Nadine Fernández, expulsada del grupo municipal de IU en julio pasado, entre otras razones por ilegalidades urbanísticas de su pareja, con la que convive, que tras irse al grupo de los no inscritos, fue devuelta como portavoz municipal de IU tras apoyar a Román en la moción de censura.

Por parte de los demandantes declararon varios miembros de la Asamblea local, el concejal José Pedro Butrón entre ellos. A la salida del juzgado el único de la rama oficialista que habló fue Diego Valderas, aunque en realidad no dijo nada que no hubiese dicho antes, quitando importancia al asunto a pesar de la gravedad que conlleva que se salten los estatutos los que en teoría deberían cumplirlos y luchar para que esto ocurra.

LA INDEFINICIÓN DE VALDERAS

A preguntas de este medio, Valderas señaló que había declarado “con normalidad y tranquilidad, en un asunto que no tenía importancia” y que “el coordinador general está para convencer a los afiliados de que deben cumplir lo que dicen los estatutos y si no lo hacen se enfrentan al proyecto del partido”.

Sobre que la denuncia contra él y Roldán había sido, precisamente, porque no han cumplido los estatutos de Izquierda Unida en el caso de Chiclana, el coordinador general se salió por la tangente y declaró que “en Chiclana se nombró una gestora para que se retome el proyecto del partido en esta ciudad. Hay compañeros que no quisieron seguir las directrices y se les apartó, porque entre ellas estaba no gobernar con el PP y no pactar con la derecha”.

Valderas finalizó diciendo que esperaba que la Justicia “vele porque se cumplan los estatutos de las fuerzas políticas”. Roldán y Nadine Fernández no hicieron declaraciones, sumándose a lo dicho por su coordinador general. Antes de feria sabremos la decisión del juez que, ateniéndonos a lo dicho por ambas partes y las contradicciones de los cargos de IU a nivel provincial y regional, más la adhesión del Fiscal a la tesis de los denunciantes, así como el fallo de un juzgado de Jaén con un caso similar al de Chiclana, que decretó la suspensión cautelar de la expulsión del alcalde de Jódar, lo lógico es que el magistrado chiclanero devuelva a Butrón, Blanco y compañeros todos los derechos que les quitaron hace medio año.

RECUPERAR LO QUE LES QUITARON

La Asamblea local de Izquierda Unida lamentó “las incoherentes declaraciones y faltas de rigor” realizadas el pasado 22 de mayo en el juzgado Nº 2 por parte de Valderas y Roldán, y considera que ha quedado suficientemente claro que nunca han sido expulsados legalmente de la organización y espera que se adopten las medidas cautelares solicitadas.

El Ministerio Fiscal se ha adherido a todas las peticiones que ha realizado en este sentido la Asamblea Local de Izquierda Unida, que lamentan tener que haber llegado a esta situación, pero consideran que la defensa de los derechos de cualquiera, militantes o no, se tiene que atener a la legalidad.

La Asamblea Local de Izquierda Unida señala que lo manifestado por Diego Valderas, Antonio Roldán y Nadine Fernández durante la celebración de la vista en el juzgado de Chiclana, que tiene que determinar las medidas cautelares que se adoptarán para normalizar la situación y “recuperar algo que jamás se nos tenía que haber quitado, como son los derechos como militantes, es incoherente y falto de rigor”.

DESCONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS

“Se ha puesto de manifiesto, una vez más –señala-, que no podían justificar nuestra exclusión de ninguna manera y se han inventado el proceso de reafiliación, que ha quedado sobradamente cuestionado, tanto por nuestra parte como por parte del Ministerio Fiscal".

Entiende la Asamblea local que “no es de recibo que los dirigentes, andaluz, Valderas; provincial, Roldán, y la afiliada de nuevo cuño, Nadine Fernández, hayan manifestado un desconocimiento absoluto de los estatutos de Izquierda Unida, según lo declarado, y además, unas graves incoherencias entre las declaraciones de los tres, que parecían decir tres cosas diferentes en relación a este tema”.

FALLOS DE TRAMITACIÓN

También les ha sorprendido la contestación a la demanda realizada por parte de la dirección de Izquierda Unida, ya que se afirma por parte de la misma que jamás se ha expulsado a ningún afiliado de Chiclana ni se le han impuesto medidas sancionadoras. “Es realmente descabellado –afirman los miembros de la Asamblea- que ahora, tras estar casi dos años aguantando que algunos compañeros hayan reiterado, incluso certificándolo ante el Ayuntamiento con su firma, que estábamos expulsados de la organización, sean estos mismos los que reconozcan que jamás hemos sido expulsados de la misma ni tenemos expedientes abiertos. O no decían toda la verdad entonces o la dicen ahora. Más incoherencias”.

Capítulo aparte también merece la expresa mención en dicha contestación a la demanda que hace la dirección de Izquierda Unida en relación a los expedientes que alguna vez se abrieron y nunca se concluyeron “admitiendo sorpresivamente que éstos pueden haber contenido fallos estatutarios en su tramitación. Otro despropósito más, que ya habíamos advertido”.