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La A.V.V. Cuarto Carril, Majada de los Chivos denuncia que cientos de afectados por el proceso de regularización están ajenos a la aprobación de las o

Perderán su derecho a presentar alegaciones

La AVV “Cuarto Carril, Majada de los Chivos” se pregunta por qué el gobierno municipal no articuló los medios precisos para que los vecinos afectados por este proceso, recibieran información sobre el mismo, ya que los costes a los que se van a tener que enfrentar oscilan desde los 29.477,33 € hasta los 141.115,80 €, según en qué zona se ubique su propiedad.



Desde la asociación se piensa que el PSOE debía de haber informado antes de que se aprobara la reforma de las Ordenanzas Municipales para la Regularización de las viviendas en las Áreas de Gestión Básica. Recuerdan al equipo de gobierno que a cuatro días de dicha aprobación, en una reunión en la “Venta de la Garza”, a la que asistieron tanto el alcalde, José María Román, como la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, “se le dejó lo suficientemente claro que en ningún momento, la Federación Norte, en la que estamos incluidos, nos informó de nada y le trasladamos nuestro rechazo a las Ordenanzas, porque no conocíamos el documento”.

A pesar de la oposición de los vecinos, manifestándolo incluso en las puertas del pleno, el gobierno municipal las aprobó. Después de que un abogado urbanista “nos haya hecho un estudio jurídico de las Ordenanzas, no tenemos la más mínima duda de que las rechazamos rotundamente y hemos procedido a presentar las alegaciones”.

El pasado viernes, en la primera entrega, “presentamos en la Gerencia de Urbanismo 200 alegaciones de nuestra zona y una semana después hemos presentado otras 119”. “Esperamos duplicar la cifra en los próximos días –manifiestan estos vecinos-, hasta el día 26 de octubre, que es el último, estaremos presentándolas”.

APOYO A LAS MOVILIZACIONES

En las alegaciones “solicitamos a la Gerencia de Urbanismo, que anulen las Ordenanzas ya que se sustentan, en un PGOU anulado por la justicia y el gobierno municipal, sabe que en última instancia, el Tribunal Supremo lo anulará definitivamente”. Si no es así, “no se entendería por qué el equipo de gobierno hace unos días ha contratado la redacción de un nuevo PGOU, que nos costará a todos los chiclaneros más de 700.000,00 €”.

El coste económico que supondrá para las familias estas Ordenanzas “es totalmente inviable y si se sigue adelante con el proceso, que cumpla el actual gobierno municipal lo aprobado en el pleno de mayo de 2008 por el anterior gobierno, que aprobó exigir a la Junta de Andalucía que pague el 50% de los costes de la regularización, ya que también ha sido responsable de la no vigilancia del urbanismo en Chiclana y que lleva años beneficiándose del impuesto de transmisiones patrimoniales, por eso ahora debe aportar para solucionar este problema”.

La nueva junta directiva de la asociación anuncia que unida con más de una treintena de asociaciones, apoyará las movilizaciones vecinales que se esperan para los próximos días en contra de todo este proceso.




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