La Fiscalía de Cádiz archiva la denuncia por dejar caducar 1.700 expedientes urbanísticos entre 2003 y 2006

No ve delito de prevaricación al no poder probarse que dieran orden de dejarlos caducar

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular el año pasado sobre la incoación de 1.717 expedientes urbanísticos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo entre los años 2003 y 2006, que caducaron sin que el gobierno socialista hiciera nada por cobrar las sanciones impuestas. El PP lo denunció ante la Fiscalía, responsabilizando de ello a cinco políticos locales del PSOE. (FOTO: Román saliendo del juzgado en una de sus comparecencias).



El PSOE ha sacado pecho ante el archivo de la denuncia, aunque no cuenta toda la verdad de lo que esa resolución dice. La nueva Fiscal provincial, Patricia Navarro, no ve indicios de delito en lo sucedido, pero por una cuestión clara, que no hay ningún papel escrito firmado por Jiménez Barrios o Román dando orden de que se dejasen caducar dichos expedientes o que favorecieran a algunos de los denunciados, miembros de su partido.

Pero sí vierte críticas la Fiscal sobre la actuación socialista en esos años, por lo que sorprende tanta alegría de los ediles denunciados, cuando, además, este archivo no significa que la causa se cierre, pues el Partido Popular puede acudir al juzgado, como parece ser que hará, presentando una querella criminal por estas actuaciones y otras de los cuatro años anteriores.

EL PSOE PIDE AL PP QUE SE DISCULPE

Los socialistas exigen a los populares que pidan perdón por estas denuncias, asegurando que “no sólo perdió el PSOE sino que esta estrategia electoral ha provocado un daño irreparable a la ciudad”. Estas palabras fueron pronunciadas por José María Román, uno de los máximos responsables del caos urbanístico producido en nuestra ciudad, uno de los más graves de España.

Una cosa es que no se haya podido demostrar que se diera orden para dejar caducar dichos expedientes y otra muy distinta que esas denuncias no se hayan producido y que no se dejasen caducar, porque esos 1717 expedientes existen, están en Urbanismo, sólo se pasaron quince al cobro y nada más se cobraron diez.

La negligencia es clara en la actuación socialista durante muchos años, porque es difícil de explicar que de casi dos mil expedientes sólo se intentasen cobrar quince, mientras el resto durmió en el cajón. No es baladí la cantidad dejada caducar, ni tampoco lo es el dinero dejado de cobrar por esta causa.

NEGLIGENCIA SOCIALISTA

En tiempos de José Mier como alcalde, los socialistas estuvieron varios años presupuestando que recibirían cien millones de pesetas como cobro de sanciones urbanísticas cuando en realidad sólo obtuvieron uno. El entonces concejal de IU, José Orrequia, se lo echó en cara en uno de los debates presupuestarios, ya que en dos años, de doscientos millones sólo habían cobrado dos.

La dejadez socialista viene de lejos, no es de Jiménez Barrios, sucesor de Mier, ni de Román sólo, teniendo en cuenta que ambos formaron parte de los equipos de gobierno de Mier, el primero en Urbanismo precisamente. El daño irreparable a la ciudad no lo ha provocado la denuncia del Partido Popular sino la pasividad socialista ante la masiva construcción ilegal de viviendas, en las que cualquiera hacía una, incluidos bastantes de los concejales que el PSOE ha tenido y tiene actualmente, que a pesar de saber que no podían edificar lo hicieron con total impunidad, lo cual es lógico, ya que sabían que nadie les iba a sancionar.

La situación urbanística de Chiclana no es para echar cohetes por muchos archivos judiciales que se produzcan, porque este descontrol sólo tiene un nombre: PSOE. Y por eso dejar caducar tantos expedientes debe ser investigado a fondo, y de ello se deben encargar los organismos competentes, Fiscalía, Guardia Civil y juzgado.

CIENTOS DE MILLONES PERDIDOS

Los socialistas no son tan tontos como para dar por escrito una orden de dejar caducar expedientes o favorecer a miembros de su partido, pero con sus dejadez ya están contribuyendo a que dichos expedientes no se ejecuten. La falta de medios no es excusa, porque han tenido treinta años para acabar con la construcción ilegal y no lo han hecho. Los hechos están ahí, son 1717 expedientes más otros 306 entre 1999 y 2002, que también han sido denunciados por el PP.

¿Cuántos millones hemos dejado de recibir por esta negligencia socialista? ¿Cuántas viviendas ilegales se han construido por no hacer bien su trabajo el PSOE en todos estos años? ¿Cuántos problemas nos habríamos ahorrado si los diferentes equipos de gobierno socialistas hubiesen puesto medios para erradicar esta masiva ilegalidad? ¿Cuántos se han enriquecido gracias a las viviendas ilegales, construyéndolas primero y vendiéndolas después? ¿Cuánto dinero negro se ha movido en esta ciudad y cuántos promotores y corredores se han hecho de oro gracias a la permisividad de los alcaldes y concejales de Urbanismo socialistas?

EL PSOE, RESPONSABLE DEL CAOS URBANÍSTICO

De esto es de lo que debe dar respuesta el PSOE y pedir esas disculpas a los chiclaneros, las mismas que piden al PP por denunciar sus malas artes urbanísticas, sus PGOUs ilegales, la vulneración de las Normas Subsidiarias, las continuas ilegalidades cometidas en estas tres décadas que llevan en el poder –que los jueces han demostrado-, etc., etc., etc. Los socialistas son los responsables de las decenas de miles de viviendas ilegales, por tanto deben ser ellos los que solucionen este problema.

Los vecinos que quieren regularizar sus viviendas son a ellos a los que tienen que pedirles soluciones. Al final, Marín, Butrón y compañía van a tener que estarle agradecidos a la concejala mentirosa y a la tránsfuga que apoyaran la moción de censura, porque habrían tenido que apechugar con un grave problema que ellos no habían generado.