Velázquez, presidente del DIPA, presentó alegaciones a las ordenanzas municipales

"No han informado a los ciudadanos y siguen sin hacerlo"

El presidente del DIPA, José Luis Velázquez, presentó días pasados sus alegaciones a las ordenanzas municipales en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Lo hizo como propietario de una vivienda situada en una de las Áreas de Gestión Básicas y como interesado, solicitando la anulación inmediata de las mismas “por ir en contra de los intereses de los propios afectados”. (FOTO: Velázquez presentando las alegaciones en el registro).



En sus alegaciones Velázquez hace referencia a la falta de consenso de los vecinos y el Ayuntamiento. Recordar que en las últimas semanas son muchas las entidades vecinales que se han mostrado en contra de éstas y las alegaciones que se están presentando en la Gerencia de Urbanismo superará el millar.

Afirma también que la información que el equipo de gobierno, a través de la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, está transmitiendo a los vecinos de las zonas afectadas, “no es real si se compara con el Documento de las Ordenanzas Municipales”. La concejala informa que se debe hacer un pago a cuenta de 5 € el m2 para iniciar el proceso, un segundo pago del 60% del coste de Urbanización descontando el primer pago a cuenta y además, afirma no haber problemas con el tercer pago, “el que no desee llegar al final no llega”.

VERDIER NO CUENTA TODA LA VERDAD

“Efectivamente no cuenta toda la verdad –añade Velázquez-, ya que los afectados deben hacer frente no sólo al segundo pago completo, sino también al tercero en no más de tres años y previa anotación de la deuda en el Registro de la Propiedad. Se afirma por parte de la delegada que el 40% final se puede aplazar y, sin embargo, las Ordenanzas no lo establecen así, es decir, se informa de una cosa y la realidad es otra”.

Se informa que para proceder a Urbanizar-Regularizar, deben de estar de acuerdo los vecinos. Se vuelve de nuevo a informar de una cosa que después es otra. El artículo 7.2 dice que “la Gerencia de Urbanismo podrá adoptar el acuerdo de inicio de la actividad de gestión para el conjunto de todas las áreas”.

El 9.1 refleja que “el expediente podrá incoarse de oficio, previa propuesta realizada por la persona que ostente el cargo de Gerente de la misma, ya sea de oficio o a instancia de Asociación de Vecinos o de cualquier otra forma asociativa de representación de la mayoría de los interesados de cada Área o zona dentro de ésta con entidad territorial para ser objeto de una actuación de urbanización -única o faseada- técnicamente unitaria”.

EVITAR LA CONFRONTACIÓN

Sobre el Plazo de Ejecución de las diferentes obras, “en ninguno de los casos, es decir, ni a través de la información pública, ni a través de las Ordenanzas, el Ayuntamiento adquiere compromiso alguno” asegura Velázquez, que agregó: “Los propietarios somos los únicos que podemos hablar con propiedad sobre las Ordenanzas, ya que este asunto lo abordamos como afectados y no por intereses partidistas como lo hacen los partidos políticos representado en la actualidad en la Corporación Municipal”.

Asevera el presidente del DIPA que “la verdadera realidad no es otra que la mayoría de los ciudadanos de Chiclana vivimos o poseemos una segunda vivienda en alguna de las Áreas de Gestión Básica”. Por lo tanto “entiendo que es un gravísimo error dividir a la ciudadanía entre legales e ilegales, tal y como se está haciendo desde diferentes sectores de la ciudad. Hay que saber diferenciar entre irregular e ilegal y no buscar la confrontación entre los vecinos”.

“Estoy de acuerdo –comenta en sus alegaciones- en que los propietarios de las viviendas de las AGB tenemos que asumir los mismos gastos que aquellos que en su momento lo asumieron, PERO NO MÁS. Hay que recordar que la mayoría de las viviendas que se encuentran en las AGB pagan también impuestos, como el IBI”.

IMPOSIBILIDAD DE COSTEAR LA REGULARIZACIÓN

También hay que recordar “que en el propio centro de la ciudad hay viviendas en situación irregular, es decir que no pagan IBI porque no están declaradas, pero sin embargo si poseen los servicios de alcantarillado, agua, luz, etc. Por lo tanto esto sí es un problema de todos los chiclaneros”.

Señala Velázquez que una gran mayoría de los vecinos “nos encontramos en la imposibilidad de costear la regularización de las viviendas a través de las diferentes formulas propuestas por los partidos políticos representados en el Ayuntamiento”. Afirma que la mayoría “desconocemos las condiciones de urbanización de las AGB, ya que no se ha contado con la suficiente participación de los propios vecinos afectados, ni se ha contado con el suficiente tiempo para elaborar unas Ordenanzas de consenso, en donde todos los vecinos lo tengamos suficientemente claro”.

Tampoco está de acuerdo en que la cuantía “que debemos afrontar los vecinos se lleve a cabo en sólo dos fases, sino en todas las fases necesarias para facilitar el pago. Creo que los costes siguen siendo muy elevados y que no es justo que pretendan hacernos pagar solamente a los propietarios por los errores cometidos por todos”. “Son necesarias unas nuevas ordenanzas consensuadas por todos, es decir, aprobadas por unanimidad, sin confrontación, bien hechas y no a medias”, argumenta Velázquez.