EDITORIAL - diciembre 2009

La manifestación vecinal, un aviso para gobernantes

Ya quedó claro que entre 4500 y 6000 personas se manifestaron por nuestras calles el mes pasado mostrando su disconformidad con las ordenanzas municipales que regularán la urbanización de las áreas de gestión básicas. Como en otros artículos ya les hablamos de los motivos, de forma extensa, no vamos a incidir en ellos, aunque sí haremos algunas matizaciones o puntualizaciones.


El problema de las viviendas ilegales no es de ahora, viene de hace treinta años, cuando el PSOE llegó al poder. En vez de asumir el cumplimiento de la legalidad en materia urbanística, los socialistas se dedicaron a consentir las edificaciones al margen de la ley, llegando a la desfachatez de ser ellos mismos, gobernando, los primeros en hacerse su casita o chalé en el campo. La mayoría de concejales del PSOE tienen casas ilegales, unas haciéndolas ellos y otras comprándolas, sin olvidar obras de ampliación de sus viviendas sin licencia de ningún tipo como es el caso de Sebastián Verdugo o José Luis Ruiz Piñero.

Ninguno de ellos ha pagado una multa por sus ilegalidades, y a casi ninguno se le abrió expediente sancionador, y cuando se ha hecho se dejó caducar como es el caso del actual concejal de Deportes y Obras. Si tu vecino del PSOE, y además edil, construye ilegalmente, tú también lo haces. “Si a él no lo denuncian se supone que a mí tampoco”, piensa el ciudadano de a pie. Y así ha sido durante tres décadas. Y ahora llegan los problemas.

En una conferencia de prensa de Francisco Javier López Macías, concejal de Urbanismo en la legislatura 1991-95, sobre viviendas ilegales (ya ha llovido desde entonces), esta revista le preguntó cuando comentaba lo difícil que era paralizar la construcción de éstas, por qué no las derribaban y así acabarían con la impunidad existente. La respuesta del responsable de Urbanismo nos dejó fríos: “No es bueno políticamente”. La corresponsal que entonces estaba en el Diario de Cádiz puede corroborarlo. En algunas ocasiones hemos hablado de este asunto y ha salido a colación.

De todas formas, sin estas declaraciones también queda patente que el PSOE no ha hecho nada en todos estos años para no perder votos, pero esa inhibición le ha salido cara y ahora ya no sabe cómo salir del atolladero. Si entonces hubieran puesto freno a esas edificaciones no tendríamos alrededor de treinta mil viviendas ilegales, otros tantos pozos y fosas sépticas, el agua contaminada en casi todo el término municipal y miles de árboles talados sin compasión por parte de los vecinos y con la anuencia de los diversos gobiernos socialistas.

Ni Sebastián Saucedo, José Mier, Jiménez Barrios o José María Román hicieron nada para acabar con la ilegalidad y ahora estamos pagando las consecuencias. Los culpables de tantas viviendas ilegales son el Ayuntamiento y los vecinos, aunque como muy bien recordó un juez, los diferentes equipos de gobierno socialistas no han puesto los medios para acabar con ellas. Por eso extraña que ahora quieran que la oposición les eche una mano. Tantos años pisoteándolos no se olvida fácilmente. El PSOE se lo guisado, pues que él se lo coma.

Urbanizar las AGB está complicado, casi imposible, sobre todo en época de crisis, con bancos que no dan un euro y sin créditos blandos, anunciados pero no firmados. Por eso el PSOE ya anuncia que no se hará en tres años sino que no hay plazo de finalización. Esta regularización, nos tememos, huele a muerta.

Más de cinco mil personas se han manifestado contra la política del actual gobierno municipal. Si antes de las próximas elecciones firmaran acuerdos con los partidos de la oposición y luego se dedicaran a hacer campaña entre familiares y amigos, el PSOE no conseguiría más de tres concejales. Fin del régimen. ¿Se han dado cuenta del fabuloso poder que tienen en sus manos, aunque sólo sea un día cada cuatro años?