La dirigente popular califica de problema social de gran magnitud el proceso de regularización de viviendas y exige compromiso de la Administración

Ruiz-Sillero defiende una iniciativa en el Parlamento para que la Junta colabore en la urbanización de las AGB

La secretaria general del PP de Cádiz y parlamentaria andaluza, Teresa Ruiz-Sillero, asegura que la Junta y el Ayuntamiento de Chiclana son responsables del caos urbanístico y ahora deben colaborar en la regeneración de las zonas. Ruiz-Sillero, defendió en la Comisión de Gobernación una iniciativa encaminada a dotar al Ayuntamiento de Chiclana de un fondo económico especial para la financiación de la urbanización de infraestructuras que atienda a las áreas de regularización de las viviendas ilegales en el municipio. (FOTO: Ruiz-Sillero interpeló en el Parlamento sobre la regularización de las viviendas ilegales).



Ruiz-Sillero considera que las viviendas irregulares, construidas fuera de todo planteamiento, se edificaron con el PSOE en el gobierno local y en la Junta de Andalucía, administraciones que, pese a contar con la responsabilidad, mostraron absoluta permisividad en la construcción de miles de viviendas que carecen de servicios básicos.

La diputada popular, que subraya que la Junta percibía ingresos económicos por ellas, dado que muchas de las viviendas se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, remarca que el Defensor del Pueblo y el Fiscal de Medio Ambiente han denunciado la ineficacia de las administraciones socialistas por no ejercer las funciones que les atribuye el ordenamiento.

En cualquier caso, Ruiz-Sillero señala que el fenómeno de la construcción ilegal en Chiclana “es, más que un problema urbanístico, un problema social de enorme magnitud que obliga que las administraciones, dada su responsabilidad, responda económicamente ahora y colaboren en el proceso de urbanización”.

En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento de Chiclana, con el PP en el Gobierno, acordó reinvertir el máximo legal permitido de lo recaudado a través del Patrimonio Municipal del Suelo para abaratar costes de la urbanización al considerar las áreas de gestión básicas zonas degradadas.

Actualmente, explica Ruiz-Sillero, “es la Junta quien debe dotar al municipio de un fondo especial para colaborar en el proceso de urbanización, tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2008. Ahora le toca cumplir al gobierno andaluz”. Concluyó confiando en que “exista especial sensibilidad, teniendo en cuenta que el consejero es gaditano y el viceconsejero de Gobernación, además, chiclanero”.