Entra en vigor la Ordenanza para tramitar licencias mediante actuaciones urbanísticas comunicadas

Esta normativa agiliza la apertura de establecimientos sin impacto ambiental y la obtención de licencias de pequeñas obras

La Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Tramitación de Licencias mediante actuaciones urbanísticas comunicadas ha entrado en vigor esta misma semana tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Esta nueva normativa permite la agilización de los trámites administrativos necesarios para obtener las correspondientes licencias de apertura para establecimientos de actividades inocuas y para la ejecución de obras de pequeña entidad en viviendas y locales situados en suelo urbano consolidado. (FOTO: Cándida Verdier, concejala de Urbanismo. La nueva normativa debe servir para acabar con largas esperas para abrir un establecimiento).

El nuevo reglamento supone la habilitación de nuevas vías para agilizar el proceso de obtención de estas licencias con el objetivo de lograr la simplificación administrativa, introduciendo procedimientos abreviados que disminuyen la carga burocrática que tradicionalmente han soportado las empresas para su implantación. “El objetivo principal es facilitar la obtención de estos permisos con un instrumento que contribuya a la reactivación económica en la localidad”, explicó la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier.

La concejala incide en que se trata de una medida “muy positiva, que agilizará trámites y que más ahora, en tiempos de crisis, ayudará a la creación de puestos de trabajo y de riqueza”. “Es una iniciativa –añadió Verdier- que anunciamos hace unas fechas, dentro del acuerdo con los empresarios para poner en marcha ideas con el fin de aliviar trámites administrativos y que los emprendedores tengan más facilidades”.

La base principal de esta Ordenanza se encuentra en la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa a los Servicios en el Mercado Interior conocida como Directiva Bolkestein y de la norma que la traspone al ordenamiento jurídico español, la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio con la premisa de establecer un entorno adecuado que genere la creación de empresas, favoreciendo la productividad, la eficiencia y el empleo dentro del sector servicios.

DIEZ DÍAS PARA DECIDIR EL AYTO.

El objeto principal recogido en el artículo 1 de dicha Ordenanza es regular el procedimiento de concesión de licencias para determinadas actuaciones que, por su menor entidad, han de someterse únicamente al deber de comunicación previa al Ayuntamiento para hacer posible su intervención y control en el breve plazo establecido al efecto.

Cuando se vaya a proceder a la realización de una obra menor o a la apertura de un establecimiento dedicado a actividades inocuas, los ciudadanos tendrán, en primer lugar, que comunicar a la Administración que van llevar a cabo una de estas iniciativas, a través de unos modelos de solicitudes elaborados al efecto. A partir de ese instante, el Ayuntamiento tendrá un plazo de diez días para comprobar que lo expuesto por el promotor de la actividad ha cumplido lo afirmado. En caso de que deba subsanar algo, se le concederá un plazo para que lo haga.

En lo que a las pequeñas obras se refiere, esta nueva normativa sólo es aplicable a actuaciones urbanísticas de pequeña entidad que se encuentren en suelo urbano consolidado y que no requiera de un proyecto técnico. Se incluyen en esta figura jurídica las obras menores caracterizadas por su sencillez técnica y su escasa entidad constructiva y económica, pequeñas obras de reparación simple, de decoración, ornato o cerramiento que no precisen de proyecto técnico ni de presupuestos elevados, tales como obras interiores o exteriores de pequeña importancia como revestimientos de paredes y suelos, sustituciones de carpintería, reparación o renovación de instalaciones, sustitución de aparatos sanitarios, reparación puntual de cubiertas y azoteas, etc.

Todo ello siempre y cuando estas actuaciones no afecten al diseño exterior, al conjunto de la edificación, ni modifiquen el número de unidades físicas de viviendas y locales o las condiciones básicas de habitabilidad o seguridad en el edificio, local o instalación. Tampoco se incluirán aquellas obras que supongan alteración de volumen o de la superficie construida, reestructuración, distribución o modificación sustancial de elementos estructurales, arquitectónicos o comunes de un inmueble ni modificación del uso pormenorizado según las normas urbanísticas.

APERTURA INMINENTE

Todos los interesados en solicitar su licencia de obra menor pueden dirigirse a las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo y cumplimentar un modelo de solicitud en el que se ofrecen los datos del interesado y de la obra. Asimismo, el compareciente declara bajo su responsabilidad el tipo de obra que se va a ejecutar, eligiendo entre diversas opciones que se ofrecen como mantenimiento o reparación de instalaciones, acabados en paredes o fachadas o cubiertas, etc. Igualmente, se comprometen a cumplir las estipulaciones marcadas en la Ordenanza y señaladas anteriormente.

En cuanto a las licencias de apertura de actividades no calificadas, esta Ordenanza afecta a la apertura de locales que se encuentren en edificios que cuenten con licencia de primera ocupación y no necesite la ejecución de obras, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos especificados en el documento que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Chiclana, en el área dedicada a la Gerencia municipal de Urbanismo.

Estas peticiones se podrán tramitar a través de esta Ordenanza, permitiendo la apertura con carácter inminente, siempre y cuando no se traten de actividades calificadas o con impacto ambiental como, por ejemplo, tiendas de ropa o venta de calzado, ópticas o peluquerías.

Quedan excluidas expresamente del ámbito de aplicación de la ordenanza aquellas obras que requieran proyecto técnico, cuyo presupuesto sea superior a 50.000 euros, que para la actuación pretendida se requiera la autorización de otras administraciones u obras privadas que se pretendan desarrollar en espacio libre público.