Treinta empresas participan en el segundo programa del Plan Estratégico Provincial (PIE)
El 23% del primer programa han encontrado empleo antes de acabar el cursoTreinta empresas chiclaneras se han incorporado a la segunda fase del Proyecto Integral de Empleo (PIE), programa que persigue aportar formación teórica y práctica en sectores que cuentan con necesidad de personal. El número supera a las firmas que participaron en la primera fase, 18. (FOTO: Comienzo del programa).
El PIE es una iniciativa adscrita al Plan Estratégico Provincial Cádiz 2012 Compite, promovido por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación y aprobada por el Ministerio de Administraciones Públicas, que se beneficia del Fondo Social Europeo y suscrito por las entidades públicas y privadas de la provincia.
El PIE cuenta con dos programas. En el primero se pusieron en marcha tres cursos, en el que participaron 47 personas (46 mujeres y 1 hombre): operaciones básicas de cocina y catering; atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales y atención a personas dependientes en domicilio.
La formación se inició el 26 de noviembre de 2009 y la conclusión está prevista para el 25 de agosto próximo. Superada la parte teórica, actualmente los alumnos se encuentran realizando prácticas en dieciocho empresas de la localidad, firmas que se sumaron al programa hace unos meses.
Hasta el momento, sin haber finalizado la formación práctica, las inserciones laborales reales producidas ascienden a 11 personas, un 23%. El compromiso de contratación a la finalización de las prácticas, asciende, al menos a 11% más, por lo que se superaría el 30%.
El segundo programa ofrece los siguientes cursos: Operaciones Básicas de Cocina y Catering (13 alumnos); Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (14) y Educación Infantil” (14). De las 41 personas, 39 son mujeres y dos hombres (ambos en cocina).
El comienzo fue el 16 de abril de 2010: la finalización de la teoría y el comienzo de las prácticas será el lunes 19 de julio y 2 de agosto (en este último caso, el curso de Operaciones Básicas Cocina y Catering). La finalización prevista de las prácticas es el 15 de enero de 2011.
ESTO HA SIDO UN CACHONDEO ELPROFESOR SE FUE PORQUE NO PODIA HACER PRACTICAS Y LAS TECNICOS DEL PIE NO SABIAN COMO REACCIONAR VAYA ENCHUFADAS DE ....
ResponderEliminarEl mundo al revés: un grupo de vecinos ha creado un partido político para legalizar las tropelías urbanísticas que ellos mismos han cometido.
ResponderEliminarLa noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los partidos son instrumentos para la defensa del bien común, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.
Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (Cádiz), una población de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas más de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del próximo año algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urbanístico.
El caso de Chiclana no es único. La Junta tiene contabilizadas más de 300.000 construcciones ilegales en Andalucía. Marbella (16.500), la Axarquía (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urbanístico.
Vecinos sin escrúpulos han levantado casas y chalés, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se debería haber hecho al día siguiente de iniciar su construcción) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condición de que paguen una ridícula cantidad de dinero, comparada con el daño irremediable hecho al medio ambiente.
No deja de ser un agravio, también, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.
Los responsables políticos municipales han hecho la vista gorda ante tamaño despropósito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarquía malagueña, imputados por consentir esas violaciones de la legislación vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la vía penal. En su día, el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió que la Junta suspendiera la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas. La delegada de la Junta, María Gámez, le respondió que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".
¿Se podría haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Interés Cultural, la Junta presentó al Ayuntamiento de Córdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y según un informe de la Oficina Técnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de Cádiz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscalía denuncia que, tras los procesos de regularización de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".
Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropelías sean financiadas con fondos públicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".
Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan políticamente. La cuestión es si derechos tan sagrados como el de manifestación o el de representación política pueden ser utilizados para indultar actuaciones ilícitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.
¿para cuando el peligroso y compañia será juzgados por dejación del poder?
El mundo al revés: un grupo de vecinos ha creado un partido político para legalizar las tropelías urbanísticas que ellos mismos han cometido.
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Los partidos son instrumentos para la defensa del bien común, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.
Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (Cádiz), una población de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas más de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del próximo año algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urbanístico.
El caso de Chiclana no es único. La Junta tiene contabilizadas más de 300.000 construcciones ilegales en Andalucía. Marbella (16.500), la Axarquía (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urbanístico.
Vecinos sin escrúpulos han levantado casas y chalés, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se debería haber hecho al día siguiente de iniciar su construcción) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condición de que paguen una ridícula cantidad de dinero, comparada con el daño irremediable hecho al medio ambiente.
No deja de ser un agravio, también, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.
Los responsables políticos municipales han hecho la vista gorda ante tamaño despropósito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarquía malagueña, imputados por consentir esas violaciones de la legislación vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la vía penal. En su día, el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió que la Junta suspendiera la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas. La delegada de la Junta, María Gámez, le respondió que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".
¿Se podría haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Interés Cultural, la Junta presentó al Ayuntamiento de Córdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y según un informe de la Oficina Técnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de Cádiz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscalía denuncia que, tras los procesos de regularización de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".
Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropelías sean financiadas con fondos públicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".
Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan políticamente. La cuestión es si derechos tan sagrados como el de manifestación o el de representación política pueden ser utilizados para indultar actuaciones ilícitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.
¿para cuando el peligroso y compañia será juzgados por dejación del poder?
Al comentario anterior (duplicado). La figura legal exacta que pretende destacar es "dejación de funciones", pero seguimos mezclando al pueblo con los políticos: nada que ver. De ahí, el dicho popular, de cuando existía el Consejo de Sabios: quien roba para comer, no comete delito. El delito lo comete quien no permite que tenga comida.
ResponderEliminarHagamos una extrapolación al urbanismo. A buen entendedor
El periodista que se hace eco de una deficitaria información, a mi modo de ver, debería aparecer por los ámbitos donde proliferan esas viviendas, amén de permitirse opiniones en el medio desde el que lo acoge para emitir esta versiòn de los hechos.Al menos, invitar a personas que, seguramente tienen una opinión más certera que él de la situación, por su proximidad al ambiente de lo ocurrido con esas viviendas.
ResponderEliminarPuestos en estas, comentar que le hace un gran favor a las personas que se dediquen a la causa de la defensa de los afectados, ya que los identifica con 300.000 familias: ahí es nada, más de un millón de personas.
Como le dé a alguien por empezar un movimiento que ampare a esta "masa social", va a aponer en apuros a los partidos mayoritarios.
Que siga, que siga por ese camino.
Por algo similar ya ha comenzado un movimiento que no está de acuerdo con las autonomías. Se sea consecuente, o no, con él, en ese aspecto yo me aparto y, que cada cual piense libremente, como quiera, el caso es que está movilizando a las masas a una velocidad preocupante (para algunos). A saber: www.estosololoarreglamossinlasautonomias.org/
Otros dicen estar concienciando al personal para que tome vuelva al debate político. Estos, a través de: www.hazteoir.org.
Bien pues, poco a poco, se le van comiendo trozas de tarta a los partidos tradicionales y, gente que estaban en el mundo de la abstención, ahora encuentran su ubicación en estos, de momento, humildes movimientos. Ya veremos el final de la película.
Así que el periodista del artículo reproducido en los dos primeros comentarios, se ha echado tierra encima, pues el medio desde el que viete sus opiniones, es la portavocía mediática de uno de esos grandes partidos.
En Andalucía, puede abrir una brecha de, como dije, un millón de votos, amén de correr el riesgo de echarnos unos contra otros.
No quisiera estar en su pellejo, caso de que alguno de estos movimientos tome como referencia
este tipo de escritos.
Que cada palo aguante su vela