Denuncian posibles irregularidades en la tramitación de un convenio urbanístico en la Loma del Puerco

Un vecino impugna la aprobación y lleva el asunto a los tribunales al no haber sido expuesto públicamente como dicta la ley

Miguel Gilaranz Martínez, propietario en la Intercomunicad La Loma de Sancti Petri Fase 1 y 2 incluida en el Plan Parcial RT-46 Loma del Puerco del PGOU de Chiclana, envió un escrito al alcalde, José María Román, pidiendo la paralización de las actuaciones de la Entidad Urbanística de Conservación en la zona citada, ya que la tramitación no se ajusta a la legalidad, lo que ha obligado a este vecino a la impugnación del acuerdo de aprobación, “así como el pertinente Recurso Contencioso –Administrativo ante los tribunales, al no haber dado lugar a la oportunidad de conocer el Convenio por la vía legal de la exposición al público”.


Según la Ley 7/2002, 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la tramitación de los Convenios Urbanísticos, según el artículo 39, “deberá publicarse en el Boletín Oficial que corresponda, y en su caso en el tablón de anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública de los convenios urbanísticos antes de su aprobación”.

El artículo 95, entre otras cuestiones contempla que su negociación, tramitación, celebración y cumplimiento “se regirán por los principios de transparencia y publicidad”.

Por tanto, “la tramitación no ha sido correcta debiendo haberse expuesto al público antes de su aprobación para, en su caso, se hubieran presentado las alegaciones que los afectados y resto de propietarios hubiesen considerado pertinentes al estar obligados a participar por la propia ley”.

Por otra parte, la persona que suscribe el convenio, Javier Domínguez-Adame Lanuza, “lo hace en nombre y representación de la Mercantil denominada Jacaranda del Sur S.L., sociedad que no supera en un 2 % el porcentaje de propiedad en el ámbito, por lo que no se comprende que pueda suscribir convenios en nombre de la totalidad, sobre todo porque la propia constitución de la EUC se encuentra pendiente de resolución judicial y, por consiguiente, el actual consejo rector”.

COBROS IRREGULARES

Y todo esto “en la hipótesis de que Domínguez-Adame forme parte de ese cuestionado Consejo, ya que el anuncio del BOP no lo menciona”, manifiesta Miguel Gilaranz, que añadió: “De nuevo se lesiona el derecho de los ciudadanos, por lo que es obligada la impugnación del acuerdo de aprobación, así como el pertinente Recurso Contencioso –Administrativo ante los tribunales, al no haber dado lugar a la oportunidad de conocer el Convenio por la vía legal de la exposición al público, lo que le comunico (al alcalde) para su conocimiento y toma de actuación”.

Sobre un escrito que presentó en el Registro municipal el pasado 24 de agosto de 2010, solicitando aclaración sobre si los responsables legales de los propietarios que forman parte de la EUC están en el consejo “a título individual y personal o sólo son meros representantes temporales y en virtud de su cargo y no de su persona”.

Al no recibir respuesta del alcalde “he solicitado amparo ante la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de su departamento de Inspección Urbanística dado el tiempo transcurrido”.

La consulta se motiva porque las personas erigidas en cargos del consejo de la EUC, pendiente de validación legal por el juzgado, “se han asignado una cantidad de dinero mensual a sus cuentas personales, en virtud de su representación de empresas o comunidades de propietarios, cosa que es desdeñable desde el punto de vista puramente ético, pero sobre todo, es irregular según los propios Estatutos de la EUC, aprobados por el Ayuntamiento que usted preside”.