El PVRE insiste en que les informen de los recursos económicos y humanos dedicados a las AGB

“Deseamos saber para qué se firmó el Contrato de Consultoría Técnica para Desarrollo de las Áreas de Gestión Básica”

El Partido Vecinal Regionalista vuelve a incidir en el contrato firmado el 9 de marzo de 2007 entre la Gerencia de Urbanismo de Chiclana y la U.T.E. formada por “Territorio y Ciudad, S.L.”, representada por Manuel González Fustegueras, y “Urbe Optima, S.L.”, por Andrés Manuel Luque Ramos, debido a la “gran preocupación” que demuestran los diferentes partidos en este problema de las AGB, “precisamente ahora, en elecciones y siendo, casi todos, partícipes en estos contratos citados, desde el 2007”.

Dice el PVRE que “se está hablando de las grandes deudas que tiene el Ayuntamiento, pero nadie informa a los ciudadanos de por qué los millones se van, pero nadie está obligado a dar cuentas, es como si el Ayuntamiento fuera de unos pocos y nadie tiene derecho a pedir ninguna explicación, y los responsables, pasados o presentes, tienden a no darlas”. (FOTO: Fustegueras, arquitecto que hizo el PGOU declarado nulo tres veces por los juzgados).

En el caso de lo que denominaron AGB, “necesitamos saber, conocer los recursos, tanto económicos, como humanos, dedicados a este área desde hace varios años”. Comenta este partido que “no sirven unos ocultos pactos ni protocolos, ni nada que se le parezca, deseamos saber para qué se firmó el Contrato de Consultoría Técnica para Desarrollo de las Áreas de Gestión Básica, contrato que contaba, anualmente y desde el 9 de marzo de 2007, con un millón setecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta euros (1.762.580 €)”.

A su vez, este contrato “estaba sujeto a un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas”. Es así que, en su cláusula 4ª dice: “Ambas partes se obligan al exacto cumplimiento del contrato conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas...”. Por ello, “seguimos preguntando sobre algunos temas”.

El contrato citado no menciona nada sobre cobros en parte fija o variable, “sólo figura una cantidad a cobrar y que hemos mencionado anteriormente”. El Pliego de Cláusulas, por su parte, en su punto 2º, Financiación del Contrato, dice: “El servicio objeto del contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 432-227.06, por un importe de un millón ochocientos seis mil doscientos euros (1.806.200 €), siendo la ejecución inicial de un año y, la total, se estima, en principio, en cuatro anualidades”.

CONOCER EL GASTO REAL

Esta cantidad sirvió de base de licitación y fijaba, para la parte fija, la cantidad de un millón veintitrés mil doscientos euros (1.023.200 €), se condicionan siete puntos (en lo llevado a cabo, insustanciales) sin repercusión alguna, en la práctica, para las AGB.

Entre estos puntos, figuraba la disposición de una oficina (puesta por el Ayuntamiento) de 200 metros y, en el punto 4.1, la realización de un Plan Director de Infraestructuras, “que visto lo visto hasta ahora, no sabemos ni si existe, o peor aún, que aunque exista, no sirva para nada”.

El presupuesto de licitación máximo correspondiente a la parte variable (7,5% de la inversión ejecutada) se establece en la cantidad de setecientos ochenta y tres mil euros (783.000 €) “y se detallan cuatro puntos, de los que tres, son más de dinámica administrativa y, un quinto, que sería Relativo a la Dirección Integral de Proyecto y Construcción, en especial, en las Áreas de Gestión Básica”.

En general, en aquellos contenidos en el PDI (Plan Director de Infraestructuras) y que son precisos para planificar, dirigir y controlar las inversiones en infraestructuras y servicios urbanos. “la inversión estimada para el conjunto, en la primera anualidad, es de nueve millones de euros (9.000.000 €)”.

“Como quiera que la consignación presupuestaria prevista para la Consultoría y Asistencia Técnica del presente Pliego correspondiente al del importe reseñado, en ningún caso, podrá superarse dicho límite de consignación...”, continúa su explicación, “pero estos datos los consideramos importantes, en especial para conocer, como decíamos en nuestra anterior nota de prensa, el total de lo invertido en Planes Generales (4), Ordenanzas para la Regularización, contratos para la práctica de las AGB en Huerta del Rosario, publicidad (impresa y periodística), planos, protocolos, etc., etc.”.

“¿Para qué? –se pregunta PVRE-, esto es lo que deseamos se informe y si realmente repercute en los costes de regularización que exigen a los ciudadanos que, como sabemos, están multiplicados”.