Chiclana en los brazos de la Junta de Andalucía

PVRE: “Voluntariamente se presta a ceder competencias, renunciando a perder un estatus que nos puede acarrear dolores de cabeza el volver a recobrarlo”

El Partido Vecinal Regionalista ha enviado una nota de prensa en la que hace su valoración del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía respecto a las normas urbanísticas que regirán durante un plazo de dos años tras la declaración del PGOU como ilegal por parte del Tribunal Supremo. Dice esta formación que “ante la impotencia de nuestros ediles por el giro dado por los acontecimientos, desde que a finales del mes pasado el Tribunal Supremo anuló el tercer PGOU de Chiclana, no tenemos más remedio que acusar recibo del mensaje que lleva consigo el caer bajo la “tutela” de nuestro ente autonómico”. (FOTO: Marisol Ayala y Tomás Serrano, concejales del PVRE).


Para el PVRE, causa verdadera preocupación “que hayan sido, precisamente, las autoridades locales las que hayan acudido a los brazos de la Junta y no al revés”. Explica que en un proceso de pérdida de competencias, “el camino natural debiera ser de arriba abajo, como ocurrió en el caso de Marbella, no al revés, en que el municipio, en un camino inverso, voluntariamente se presta a ceder competencias, renunciando a perder un estatus y que nos puede acarrear dolores de cabeza el volver a recobrarlo”.

“Y es que la Junta –añade-, cada vez con más frecuencia, está moviendo ficha, reduciendo competencias hasta ahora de carácter municipal, en lo que a urbanismo se refiere. Digamos que cada vez manifiesta mayor desconfianza hacia el ámbito local a este respecto”.

Dice el partido vecinal “que ni más, ni menos, es lo que deja traslucir el Art. 35.2 de la LOUA, que con tanto afán, a bombo y platillo, han pregonado nuestras autoridades, tomándolo como tabla de salvación”.

Manifiesta el PVRE que deja entrever el susodicho artículo que, la Junta podrá, no sólo “suspender cualquier instrumento de planeamiento”, sino que además, “podrá imponer al municipio normas de ordenación. Sí, han leído bien, imponer”.

“Suponíamos los ciudadanos que contábamos con un equipo de profesionales –afirma este partido-, equipo técnico formado por arquitectos, juristas, Gerencia de Urbanismo, etc.., amén de la Concejalía de turno, capaces de adaptar unas simples Normas Subsidiarias, las de 1.987, ya elaboradas de antemano. ¡Ojo, se trata de adaptarlas y no de elaborarlas!”.

Pregunta el Partido Vecinal si ante cada tarea urbanística que se presente vamos a tener que a acudir a personal “extraño” a la dotación municipal: “¿Entonces, cuáles son las funciones del personal que cobra de nuestros impuestos?”.

HERRAMIENTAS LEGALES

“¿Qué es lo que ha estado agradeciendo, con alegría sin límites, el concejal de Urbanismo a nuestros técnicos? ¿Le han dado motivos para desconfiar de su capacidad? Le exigimos que nos lo explique, de otro modo, estará usted sembrando dudas en la ciudadanía”, asevera esta formación política.

En esa línea continúa diciendo que “menudo negocio hemos hecho”. Si lo que se está buscando es “un instrumento de planeamiento consensuado, cercano a la realidad, que tenga en cuenta el entramado social (partidos, federaciones vecinales, mundo empresarial, etc., a fin de adaptar el instrumento de planeamiento a Chiclana y no al contrario, resulta que con este movimiento de fichas, no sólo alejamos de nuestro ámbito al planificador, sino que, además, nos va a imponer las mentadas normas durante un período de tiempo de hasta dos años”.

Siguen el PVRE preguntando si en el plazo de dos años no se ha llegado a aprobar al próximo PGOU “¿de qué herramienta legal tirará entonces el gobierno local? ¿Y la Junta?”. Todo ello “sin menospreciar el hecho de que el artículo 35.2 de la LOUA contiene algunas indefiniciones dignas de sembrar las dudas del más avezado observador”.

Por otra parte, “no olvidemos que si el gobierno autonómico lo considera conveniente, podrá, asimismo, formular el Plan de Ordenación que crea conveniente para nuestra ciudad”.

Esto es “lo que se manifiesta en el artículo 31.2 A)b) amparándose en que pueden haber sobrevenido circunstancias objetivas de suficiente transcendencia. Así, que sólo faltaba que les diéramos alas. Veremos por donde nos sale el invento de acudir al ¿regazo? de la Junta”.