La Federación “Las Lagunas” denuncia que las sanciones urbanísticas ascienden a una cuantía tal que, salvo excepciones, nadie podrá pagar”

Aseguran que dichas sanciones “presentan defectos de forma, clasificación errónea de los suelos y artículos de la LOUA mal aplicados”

La Federación de AAVV “Las Lagunas” ha manifestado que con motivo de la anulación del PGOU de Chiclana de 2.007 por parte del Tribunal Supremo, “creemos que se cierra una página negra para el urbanismo en Chiclana, concretamente en lo que respecta a disciplina urbanística, amén de otros aspectos”. Pregunta por qué motivo” no se hizo en su momento una campaña publicitaria masiva sobre la construcción sin licencia y sus consecuencias, al estilo de las del casco para usar en moto, límite de velocidad o alcoholemia, por poner algunos ejemplos”. Asegura esta entidad que “el acoso del urbanismo irregular se ha llevado a cabo en sigilo. Pareciera que no interesara la publicidad de la persecución que se estaba practicando”.


La federación vecinal añade sobre la información ofrecida por el Ayuntamiento, que “una inmensidad de notificaciones de sanciones urbanísticas han sido efectuadas a través del BOP de la provincia. Este medio es prácticamente ajeno a la mayoría de los ciudadanos. De esta manera, se han ido cumpliendo los plazos y el afectado, ignorante al asunto”.

Las sanciones urbanísticas “ascienden a una cuantía tal que, salvo excepciones, nadie podrá pagar”. Asegura haber visto cómo por una sola vivienda, una cantidad próxima al millón de euros. Por poner un ejemplo. Hay cantidades de “entre 200 mil y 400 mil €, que son cosa normal”.

Así mismo también se contempla el embargo de bienes por parte del Ayuntamiento, “es el día a día, por las razones dadas: multa urbanística desproporcionada e incapacidad económica de pago para afrontarla”. “Empezamos diciendo que se cierra una página negra –manifiesta “Las Lagunas”-, porque las sanciones urbanísticas que se han venido imponiendo, hasta la fecha, terribles, injustas, impropias de una sociedad democrática, presentan defecto de forma”.

De esta manera, “nos encontramos con clasificación errónea de suelos, artículos de la LOUA mal aplicados, cuantificaciones, ahora devenidas incorrectas, preceptos de disciplina urbanística sin correspondencia con el planeamiento real, etc., todo ello basado en un PGOU inexistente y tomado por nuestro Ayuntamiento como definitivamente aprobado”.

AMNISTÍA URBANÍSTICA

Dicen que son designios del destino, pues “¿quién iba a predecir que, a pesar de la decisión de los ediles del PP, cuando el cuatripartito, de remitir a la Fiscalía, el 14 de octubre de 2.008, la cantidad de 1.717 expedientes, el rumbo de los acontecimientos iba a ser éste?”.

Dichos expedientes “hubieran tenido otro tratamiento de haber continuado por otros conductos”, afirmando esta entidad que “el número de éstos, en vía penal, ha aumentado ya hasta los dos mil, aunque hay otros miles en vía administrativa”.

Asevera la federación vecinal que “podemos estar ante unos resultados similares a los de una amnistía urbanística. La suerte, que no la voluntad política, ha querido acompañar a miles de familias, desconocedoras en su inmensa mayoría, de lo que se les venía encima”.

“No queremos ni imaginar el efecto de dos mil derribos –comenta esta entidad-, con otras tantas familias despojadas de sus viviendas, expoliadas de las parcelas correspondientes a esas viviendas, por no poder pagar las multas, y embargadas por este mismo motivo. Excluidas socialmente. Se trata de la muerte social ¿y por qué no física? Se trata también de un “negocio” redondo para otros”.

Se preguntan los vecinos si estos derribos los hubiera aguantado la sociedad chiclanera, “ya que sería un auténtico desastre”. Citan el terremoto de Lorca, que provocó el marcado en rojo de solo 164 edificios, “aunque no todos ellos serían demolidos y significó la movilización de instituciones, no sólo españolas, sino también la solidaridad internacional”.

EXPOLICIACIÓN A LA CIUDADANÍA

Sumados los expedientes en vía penal y administrativa “nuestra administración local se haría con varios millones de metros cuadrados de suelo, fruto de la expoliación a la ciudadanía”. Pero, ahora, con el giro dado a los acontecimientos, a tenor de la sentencia que anula el PGOU de 2.007, “se abre un camino a la esperanza. De hecho, podemos decir que pueden quedar sin efecto los expedientes urbanísticos sancionadores”.

Agrega la plataforma vecinal que quieren pensar bien y descartar “que se estuviera intentando buscar un resquicio legal, con la intención de que las sanciones siguieran adelante, ya que el gobierno local se encontraría con miles de contenciosos, llegado el caso y, probablemente, con la reacción popular. Pues nos equivocamos: persisten en ejecutar las sanciones”.

Sigue diciendo esta entidad que dado que no se incurriría en prevaricación tras la sentencia del Supremo, “no tendría sentido esta actitud de ir a por todas, que suponíamos superada, vistas las consecuencias que se derivaron de la entrega de los 1.717 expedientes a la Fiscalía por parte del cuatripartito. Serían dos tropiezos de enorme envergadura ¿Y si las sanciones que se entregaron a Fiscalía no tenían base legal?”.

Se extrañan los vecinos de que se haga responsable de las sanciones solo al propietario de la vivienda, “sin llevarlo a cabo con la administración local y autonómica, políticos, notarios, registradores, bancos, inmobiliarias…”.

Finalmente preguntan estas asociaciones federadas en “Las Lagunas” si puede haberse actuado al margen de la legalidad en Chiclana al remitir los expedientes sancionadores urbanísticos a la Fiscalía, cuestionando también si se están ejecutando indebidamente las sanciones, a pesar de la mentada sentencia”. El desarrollo de los acontecimientos “lo aclarará, se exigirán responsabilidades de todo tipo”.