La dignidad de los más débiles

Francisco M. Navas

Cuando el pueblo español votó un cambio de gobierno el pasado 20 de noviembre, lo hizo con la inequívoca toma de conciencia de que estamos atravesando momentos muy difíciles en España, y pensando que con un nuevo gobierno al frente del país y con una buena dosis de trabajo y sacrificio saldríamos, más pronto que tarde, de esta pertinaz y absurda crisis que nos atenaza desde hace más de dos años y que ha sumido en el desempleo y la desesperación a casi cinco millones de personas. (FOTO: Trabajador inmigrante en ruta hacia California cuando la crisis de 1929).


Además, ese mismo pueblo que votó en masa al PP, castigando de camino en las urnas al PSOE de la manera más dura que se conoce desde el comienzo de la democracia en nuestro país, pensaba y aún piensa que el nuevo partido que gobernaría España traería bajo el brazo las recetas para enderezar, lenta pero firmemente, la maltrecha economía española y crear puestos de trabajo.

Sin embargo, ¿qué hemos visto hasta ahora? La nueva congelación salarial de los funcionarios y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado eran medidas a tomar que, aunque indeseables, se veían venir. La tímida toma de contacto con patronos y sindicalistas no presagiaba, en cambio, nada bueno, porque no se puede convocar a una reunión a las personas que pueden paralizar, de una u otra forma, a este país, para decirles que, o se ponen de acuerdo, o en mes y medio el gobierno hará lo que tenga que hacer.

En cualquier caso, lo que ha dejado estupefacta a la opinión pública ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional, es decir y para entendernos, paralizar la subida salarial de las personas que cobran seiscientos cuarenta y un euros con cuarenta y un céntimos al mes. Esta terrible medida, que afecta aproximadamente a un millón y medio de personas, supone condenar en la práctica a la miseria a cientos de miles de familias españolas que malviven con esos escasos ingresos.

¿Con ello se da un paso importante para solucionar la crisis? Respondan ustedes, porque a mí me recorre la espalda un escalofrío que no puedo ni describir. De golpe se me vienen a la cabeza los recuerdos de mi infancia, una época nefasta en la que un camarero ganaba más con las propinas que con su sueldo, unos tiempos en los que la ropa de los hijos e hijas mayores se arreglaba, cuando les quedaba pequeña, para ser usada por los menores.

Muchas de esas personas que no llegan a los setecientos euros al mes mantienen a familias de tres o cuatro miembros. Hagan las cuentas. El ahorro para la Hacienda Pública es tan ridículo, que ni siquiera se notará. Y esto lo han decidido, de la noche a la mañana, señoras y señores que ganan más de cuatro mil euros al mes, más dietas, más viajes pagados, más “almuerzos de trabajo”, más pisos alquilados en Madrid que no les cuestan un duro, más lujosas suites de hotel en las que viven cuatro días a la semana, más coches oficiales con escoltas, más…, más...

Podemos poner paños calientes a esta nefasta medida, pero a mí me parece una indignidad. Y tengo que tomar partido por los pobres, porque con menos de setecientos euros al mes se es pobre, y tengo que expresar mi indignación y solidaridad por estos desheredados de la tierra que, a pesar de este atraco, seguirán desempeñando digna y honestamente su trabajo.

Sólo les deseo a sus señorías, a los que votarán esta medida en el Congreso de los Diputados, que algún día se le tuerzan las cosas y se vean ganando de por vida el salario mínimo interprofesional.

Con ello tendrán la condena que se merecen. Y en cuanto a las organizaciones sindicales, me gustaría sólo recordarles que su papel constitucional es defender a la clase trabajadora, no a los empresarios, que se defienden solos, y que una medida como ésta atenta contra los cimientos de la más elemental justicia social. Que repasen el artículo 7 de la Constitución Española de 1978, que les hace falta. Y que nunca olviden lo que fueron, y en lo que se han convertido.