Los puntos sobre las íes

Francisco M. Navas [colaboraciones].-

Parece ser que el reciente acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y el PVRE en Chiclana ha surtido los mismos efectos que apalear un avispero. Por definición, un pacto político es siempre susceptible de ser firmado entre fuerzas políticas con programas e idearios afines, aunque en Chiclana, como en tantas otras cosas, solemos sentar cátedra en cuanto a inventarnos nuevas definiciones absurdas que corrompen las definiciones en sí mismas.

Recordemos, sin ir más lejos, el pacto cuatripartito de la pasada legislatura, donde cada partido, en la práctica diaria de gobierno, tiraba de un pico de la manta, hasta que se rompió. Después vino el pacto PSOE con el PSA, partido éste último que de socialista tiene lo que yo de torero.

Sin embargo, no nos olvidemos de que antes de que se gestara el pacto entre PP y PVRE, otro bien distinto, pero igualmente absurdo y anacrónico se estaba intentando llevar a cabo: el suscrito entre PSOE, IU y PVRE, partidos que se parecen entre sí como una alpargata a una lechuga, por lo que, caso de haberse formalizado, su final, como el rosario de la aurora, estaba de antemano cantado.

¿Son legítimos los pactos de gobierno? Evidentemente. Se supone que un pacto de gobierno se formaliza precisamente para eso, para poder gobernar, y gobernar presupone solucionar los problemas que aquejan a diario a la ciudad y a la ciudadanía. ¿Deben suscribirse estos pactos de gobierno a cualquier precio? Evidentemente no.

Porque gobernar por mantenerse en el gobierno sólo demuestra una profunda desvergüenza y una no menor falta de ética por parte de los políticos que practican este sistema y acaba siempre perjudicando a quienes deben ser el fin último de la acción de gobierno, esto es, a los ciudadanos y ciudadanas que, una vez más y aplicando el sentido común, se lamentarán de este tipo de maniobras que sólo sirven para definir el ínfimo nivel de la clase política en esta ciudad y, para variar, continuar eternizando los problemas que a todos nos aquejan.

El PVRE surge en esta ciudad como una escisión política de la “Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización, y su ideóloga, si se puede llamar así, no es precisamente Marisol Ayala, como todos sabemos. A otras personas de su entorno se les ocurrió capitalizar el descontento de los propietarios de viviendas irregulares, montando un programa electoral basado en dos mentiras tan burdas que nadie pensó que calaran entre la gente: primera, que ellos eran realmente los representantes de la Plataforma y segunda, que la regularización iba a costar tres perras gordas y que, por supuesto, nada de sanciones ni de derribos, como si esto último estuviera en sus manos.

SOLUCCIONES A CORTO PLAZO

No obstante, una parte del electorado chiclanero se tragó estos cuentos chinos, y consiguieron dos concejalías. A partir de su toma de posesión, llegó la hora de la verdad y vinieron, uno tras otro, los “momentos estelares” de esta formación política, especialmente sus intervenciones en los plenos, dejando a la altura de una babucha a las ya históricas de Manolo Guerrero, del PA, todo un orador como recordarán.

¿Y ahora, qué? Pues el PP consigue estabilidad política a cambio de dos platos de lentejas, y estoy seguro de que el PVRE se siente en la cima de su gloria, con sus dos flamantes concejalías, que son dos regalos envenenados de aquí te espero".

El único problema consiste en que, a partir de la toma de posesión de sus dos concejalías, que deberán ser ratificadas en un pleno municipal, el PVRE pasa a ser responsable de la legalización definitiva de las viviendas irregulares en esta ciudad y de la conservación de sus vías y obras.

Ya no se trata de exigir soluciones al gobierno de turno, sino de dar soluciones a corto plazo, porque ahora pertenecen al gobierno municipal. Soluciones que obliguen, de una parte, a darse de alta en los servicios básicos al vecindario de la Rana Verde, en donde se han invertido 17 millones de euros de todos, y de otra, que permitan regularizar 15.000 viviendas en Chiclana que desean tener agua potable, luz eléctrica, redes sanitarias, teléfono o reparto de correo, según las zonas, y que desde ahora saben lo que tienen que pagar exactamente por esta regularización, porque el PVRE lo especificó en su programa electoral con todo detalle: 12.794,62 euros.

A ver si así todos aprenderemos a ser coherentes antes de abrir la boca o, lo que es lo mismo, a prometer cosas que se puedan cumplir sin que nadie tenga que venir a ponernos los puntos sobre las íes.