La familia de Carboneros que iba a ser desahuciada, presentó un escrito en el juzgado en el que alertan de indicios de fraude a cargo de Bancaja

Piden al juez que paralice el procedimiento, “anulando lo que sea nulo de pleno derecho”.-

El pasado 29 de mayo José María Muñoz y su esposa, Francisca Vázquez, vecinos de la calle Ceniza, en Carboneros, y miembros  de la Asociación de Afectados  por la Hipoteca de Chiclana, que iban a ser desahuciados el pasado 22 de mayo al no poder pagar su hipoteca a Bancaja, que fue suspendido hasta el  11 de septiembre, presentaron en el juzgado Nº 3 de Chiclana un escrito en el que manifiestan que un presunto abuso de derecho o fraude de ley cometido por la citada entidad, propietaria de “Cisa Cartera de Inmuebles SL” del Grupo Bancaja.

En el escrito señalan que desean neutralizar la fecha de ejecución prevista y, en todo caso, posponerla hasta que se aclaren unos hechos que ponen en conocimiento del magistrado. Dicen Muñoz y su esposa que “el procedimiento de ejecución señalado no se ha desarrollado cumpliendo conforme a la Ley”, añadiendo una serie de hechos.

Comentan que según el procedimiento de ejecución dictado por el juzgado, el 11 de septiembre deberán abandonar la vivienda, por lo que en caso “de no obtener por ninguna otra vía institucional vivienda digna y adecuada que se ajuste a derecho, se procederá a la toma de posesión y por consiguiente terminaremos en situación de exclusión social”.

Explican al juez que la familia está formada por cuatro hijos de 5, 7, 15 y 16 años de edad y que la vivienda donde residen “ha sido y es nuestra única vivienda y habitual de toda la familia”. De llevarse a cabo el desalojo “los cuatros menores de edad se verán en la calle sin recursos dignos ni adecuados posibles”.

Por ello, argumentan que se están vulnerando varios derechos como el artículo 27, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

BANCAJA ABONÓ UN TERCIO DEL PRECIO EN LA SUBASTA

También citan el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirmando que, además, “el Estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificó este pacto, por lo que está obligada a respetarlo”.

Otro artículo que dicen que se vulnera es el 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Por otra parte, agregan que de la vivienda en cuestión, el principal de la deuda era de 62.284,70 €, más otros 19.500 en concepto por las costas de la ejecución. Lógicamente, “a causa de la crisis económica que padecemos, esta subasta resultó desierta por lo que se la adjudicaron por 84.785€”.

Piden al juez que observe que Bancaja “se ha quedado con la vivienda tras aportar solamente el 37,45% del valor tasado contemplado en escritura pública, pues el único postor, representante de la citada entidad bancaria, se ofreció para adjudicarse nuestra finca coincidiendo que son los mismos titulares de “Cisa Cartera de Inmuebles SL”, del Grupo Bancaja”.

CONTRAPRESTACIÓN ADECUADA

En este sentido “tenemos que denunciar que Bancaja, propietaria de “Cisa Cartera de Inmuebles SL” se ha quedado con nuestra vivienda y resto de la finca cuando nos encontramos en una difícil situación económica a consecuencia de la crisis actual, en el umbral de la exclusión social, y lo ha hecho después de ofrecer tan sólo el 37,45% del valor de tasación, como costa en escritura pública”.

“Denunciamos, por tanto, el incumplimiento del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa”, añade este matrimonio.

La modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, apartado 3, dice que si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 60% de su valor de tasación.

El Real Decreto 8/2011 hace referencia a que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, “los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble en su conjunto, que les permita anular o reducir al máximo la deuda remanente en este sentido”. A día de hoy “solo hemos recibido seiscientos ochenta y un euros (681 €)”.

Para ello, se prevé que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como consecuencia de una ejecución, “se realizará por un precio nunca inferior al 60% del valor de tasación”. Se establece, por tanto, un límite equilibrado, “impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 60% del valor de tasación, independientemente de la cuantía de la deuda total, y ello con el fin de evitar el despojo del deudor”.

PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO

En el punto cuarto del escrito aseveran que “tenemos suficientes indicios para creer que pueda tratarse de un presunto abuso de derecho o fraude de ley cometido por la entidad Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante (Bancaja), propietaria de Cisa Cartera de Inmuebles SL.

Por todo esto piden justicia y que “se paralice el procedimiento, anulando lo que sea nulo de pleno derecho y dándole a los menores y a sus progenitores la protección recogida en el Real Decreto antes citado y aceptada voluntaria por la entidad bancaria”.

Este escrito ha sido enviado también al Ayuntamiento. También han hablado con la delegación de Vivienda para que les proporciona una casa donde poder alojarse si finalmente el 11 de septiembre tienen que abandonar la vivienda.

Según señaló a PUENTE CHICO el presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, Juan José Sánchez, “si esta familia no se hubiese puesto en contacto con nosotros y no hubiéramos presentado en el juzgado unas alegaciones, tendríamos otra familia más al borde de la exclusión social”.

Finalmente, reseñar que José María Muñoz fue apoyado por la Asociación de Parados de Chiclana en la protesta que hicieron el mes pasado frente a su casa, y ahora le ha incluido en la lista de los trabajadores que contratarán para regular los aparcamientos en Feria y en la playa este verano o en otros asuntos en los que le puedan echar una mano para salir adelante, ya que llevan tres años en paro”.