“Solo el PVRE y “Las Lagunas” denunciaron la contaminación del agua”

Afirma el Partido Vecinal que “ahora se quieren apuntar al carro los que durante años conocieron la situación y no hicieron nada y lo ocultaron.-

Desde que el Partido Vecinal se presentó a las elecciones municipales de 2011, tuvo como una de sus prioridades los servicios básicos, de agua, alcantarillado y electricidad. No solo por la necesidad imperativa para más de 46.000 personas que dependen de un agua subterránea, hoy totalmente contaminada, sino como condición imprescindible para una regularización de sus viviendas.

Hasta el momento actual, debido a la nefasta gestión urbanística, a tres Planes Generales anulados por la Justicia y al poco interés político durante diferentes gobiernos municipales del Partido Socialista, ha hecho que, no solo no se cuente con agua potable y saneamiento en más de 20 millones de metros cuadrados, con más de 20.000 viviendas en total inseguridad jurídica, sino que, el daño causado a tantos miles de familias y empresas, sería imposible de cuantificar.

Los partidos causantes de esta situación, no solo no asumen ninguna responsabilidad, sino que vuelven a presentarse a las próximas elecciones como si nada fuera con ellos. Así son los socialistas en Chiclana, y si volvieran a gobernar, volverían a exigir dinero por adelantando para algo que nunca harían, como han venido haciendo durante sus mandatos.

El 22 de junio de 2005 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana, para la mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua. Este convenio se firma por Decreto de Presidencia 11/2004, de 24 de abril, representando a la Junta de Andalucía la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves Botella, en ejercicio de las competencias atribuidas en materia de aguas, por Decreto 206/2004, de 11 de mayo.

De otra parte, como alcalde, José María Román Guerrero, que interviene en representación que le confiere el artículo 21.1.b de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en ejercicio de las competencias que establece el artículo 25 de la citada Ley.

CERCA DE 60 MILLONES PARA EL AGUA

Éste dice: “Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25, apartado 2, reconoce el ejercicio de competencias a los municipios, dentro del marco de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, al menos, en las materias de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales”.

Este convenio obligaba a las dos Administraciones a la mejora de la gestión de los servicios del ciclo integral de uso urbano del agua, así como la construcción de infraestructuras de aducción y depuración de aguas residuales en las áreas denominadas: Zona Norte, Pago del Humo y Pago de la Rana Verde, como se ve en el siguiente párrafo del citado acuerdo: “En ellas, y así está asimilado por la población, según los criterios de actuación municipal, son los propietarios del suelo los que, básicamente, deben soportar las cargas urbanísticas de adecuación del suelo y de dotación de servicios secundarios de suministro de agua y alcantarillado”.

La Junta de Andalucía, recibió de los fondos de cohesión europeos (FEDER), la cantidad de 47,2 millones de euros, reconocidos por Chiclana Natural. El 23 de abril de 2010, la Consejería de Medio Ambiente, realizó una nueva dotación por valor de 11 millones de euros, por lo que el total de la aportación al ciclo integral del agua es de 58,7 millones de euros.

Aparte de las tres zonas mencionadas, la Avenida de la Barrosa Noroeste, Las Quintas-Sotillo, Majadillas Bajas, etc., cuentan con instalaciones a pie de puerta, pero deberíamos saber por qué intereses no existe intención de conectarlo a las viviendas, aún a costa de la salud de los vecinos por el agua que consumen. Conocemos el art. 175 de la LOUA, pero la salud de los vecinos es más importante y prima sobre él.

INFRAESTRUCTURAS EN LA RANA VERDE

En 2009, el gobierno socialista y la Junta de Andalucía, debido a la fuerte presión de los ciudadanos, anunciaron con grandes carteles la instalación de las infraestructuras de Servicios Generales de agua, saneamiento y pluviales en la Rana Verde, cuyos trabajos comenzaron y fueron acabados y entregados a Chiclana Natural, el 1 de junio de 2011, por la Junta de Andalucía. Se suponía que continuarán con las otras zonas, Marquesado y Pago de Humo.

Este convenio del agua se firmó en base a Directivas, Leyes y Reales Decretos, superiores a una Ley Autonómica como es la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), a la que el Convenio no menciona, ni condiciona en ningún aspecto. Es más, en su cláusula segunda, “Prestación de los servicios objeto del Convenio”, dice: “1.- El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera es la entidad local representativa y responsable de la prestación de los servicios públicos comprendidos en el ciclo integral urbana del agua en el ámbito territorial de aplicación del convenio, lo que significa, que al menos a los habitantes de la Rana Verde, sin que signifique un privilegio, sino un cumplimiento del convenio, que de no cumplirse, podría anularse”.

Al contar en breve plazo con el Plan General en Chiclana, sería decisión del Ayuntamiento continuar con las instalaciones en áreas regularizables y que los vecinos contaran con tan preciado suministro.

Las infraestructuras de los servicios generales en la Rana Verde, eran posibles al ejecutarse en Suelo Urbano no Consolidado, y de próxima incorporación a la ciudad de forma consolidada y en cumplimiento del artículo 45.1.

ANULACIÓN DEL PGOU ILEGAL DEL PSOE

Pero una vez más, la nefasta gestión de los gobiernos socialistas, cae de lleno en perjuicio de los ciudadanos, ya que cuando Chiclana Natural tenía previsto, de acuerdo con los vecinos, la instalación de los sistemas auxiliares y, por tanto, de las acometidas, el mismo día que Chiclana Natural recibe las instalaciones, con la firma del acta de la Junta de Andalucía, el Tribunal Supremo anula el PGOU, en fecha 1 de junio de 2011.

Esto llevó a Chiclana a las Normas Subsidiarias de 1987, con el caos, el desastre que significaba para Chiclana. Al no contar con ningún otro documento urbanístico, se retrocedieron 24 años, con una inseguridad jurídica total, ya que el hecho de guiarse con esas Normas Sustantivas del 87 era imposible, y dejaba a casi toda Chiclana en una total ilegalidad. Estábamos en una realidad diferente.

Tanto las instalaciones de la Rana Verde, como de otras zonas que se habían ejecutado en Suelo Urbano No Consolidado, se encontraban con la anulación del Plan General, en suelo no urbanizable, rural, etc., y todas las viviendas, en vez de ser irregulares, pasaban a ser ilegales, esto creaba una paradoja, un conflicto, puesto que las instalaciones no podrían dar servicio a unas viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Una vez más como si ya fuera costumbre de los gobiernos socialistas, los miles de vecinos se volverían a quedar sin suministro de agua potable.

Para cubrir este vacío, de acuerdo con la Junta de Andalucía, se comenzó la elaboración de unas Normas Sustantivas de Ordenación, cuya duración, caso de ser aprobadas, sería de dos años hasta contar con un nuevo PGOU, teniendo en cuenta que unas Normas Sustantivas no están, por su provisionalidad, autorizadas a clasificar suelos. Esto solo puede hacerlo un Plan General.

NUEVO PGOU

Comenzaron a ser redactadas en 2011, siendo aprobadas en junio de 2013. Mantenían la clasificación de los suelos de algunas zonas, la Rana Verde y otras volvían a figurar como Suelo Urbano No Consolidado, pero el grave inconveniente para reclamar la instalación de los servicios, era que, al ser unas normas provisionales, existía el riesgo de que se cumplieran los dos años sin disponer de un PGOU, lo que volvería a llevar a las Normas del 87 y un comienzo ilegal de instalación de los servicios, o sea, su paralización.

Si bien en el 2010 el Partido Socialista había expuesto un Avance del PGOU, éste no sería válido puesto que el nuevo Plan General debía guiarse por el de la Bahía de Cádiz. Prácticamente todo había sido cambiado, por lo que en 2012 se eliminó la Gerencia de Urbanismo, haciéndose cargo la nueva delegada de Urbanismo (Marisol Ayala-PVRE) de la elaboración de un nuevo Plan General adaptado al Plan de la Bahía de Cádiz, que ya se había comenzado con la empresa redactora, añadiendo una comisión de técnicos de Urbanismo y de la Junta de Andalucía.

Por fin, el día 29 de diciembre de 2014 se ha efectuado la primera aprobación provisional del nuevo PGOU, y en cuanto terminó el segundo período de exposición pública de un mes que comenzó el 30 de enero, para una total participación e información a los ciudadanos, habrá una segunda aprobación provisional, con lo que solo faltaría la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía. Este Partido, después de tener ya consolidada la clasificación del suelo, exigirá el cumplimiento del convenio del agua.

En informe emitido por los servicios jurídicos de la delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento, el artículo 175 de la Ley 7/2002, LOUA solo se pide de “forma general” para la primera ocupación. No en el caso del Convenio, firmado por Decreto de Presidencia de la Junta de Andalucía, que si bien los ciudadanos tienen unas obligaciones, no exactamente las que señala la Junta, dado que las competencias, caso de la Rana Verde, fueron cedidas en el mismo convenio al Ayuntamiento de Chiclana, y se basa en leyes de rango superior a la LOUA.

CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS

El Convenio tiene una validez de 25 años, pero dada la contaminación de las aguas subterráneas en su totalidad, se debe exigir que al menos el Marquesado, Pago del Humo y Rana Verde (zonas contempladas en el convenio) dispongan lo antes posible de agua potable, al igual que Majadillas, El Llano de las Maravillas, Avenida de La Barrosa Noroeste, Quintas-Sotillo, etc., con los servicios a pie de puerta, siendo el agua potable el primero de los derechos humanos.

Ahora, con el anuncio de la partida en los presupuestos de 2015 de 5,3 millones de euros, se podrá comenzar a dar suministro de agua y saneamiento, sin que sea ningún privilegio, a la Rana Verde, ya que estos servicios se encuentran a pie de vivienda, continuando con todas aquellas zonas que se hayan cercanas a estos servicios, sobre todo por tener el Ayuntamiento las competencias.

La contaminación del agua se denunció a la Consejería de Medio Ambiente y de Presidencia el 28 de mayo de 2014, acompañando informe y resultados de los análisis efectuados por laboratorio homologado en el extrarradio, con el resultado de que, hasta la fecha, este partido no ha tenido contestación alguna por parte del ente autonómico.

Solo el informe y los análisis enviados por este Partido Vecinal y antes por la Federación AAVV “Las Lagunas” en 2013, han sido la punta de lanza de una lucha por el agua y alcantarillado, nadie más luchó por ello aunque fuese conocido por todos durante años, solo ahora, cuando este asunto ha surgido en la prensa, se quieren apuntar al carro los que durante tantos años conocieron de la situación y aún así no hicieron nada sino ocultarlo. Hablamos del PSOE, pero no es el único.

Una vez aprobado el Plan General, las instalaciones serán un hecho, así, paso a paso y dentro de la legalidad, hemos ido cumpliendo con todo lo que estaba en nuestras manos y fue prometido por este partido. Por lo tanto, si el PVRE continúa en el Ayuntamiento, los servicios irán llegando a todos los hogares, aun a sabiendas de que, para algunas zonas, llevará un tiempo razonable.