La Federación de AAVV “Las Lagunas” preocupada por la posible nueva anulación del PGOU

Critica la ausencia del alcalde en el Consejo Local de Urbanismo y la negativa del PSOE a pedirle a la Junta “un informe jurídico serio”.-

La Federación de AAVV “Las Lagunas” ha mantenido diversas reuniones con diferentes administraciones sobre el urbanismo en nuestra localidad y más concretamente el PGOU y su posible anulación por los tribunales, de nuevo, con los problemas que esto ocasionaría para la regularización de miles de viviendas y la posterior prestación de servicios básicos como el agua o la luz.

En el último Consejo Local de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrado el día 9 de febrero, “empezaremos por destacar la ausencia del alcalde, José María Román, que ya se marchó en medio de otro Consejo anterior”.

Dice la federación que “nos sentimos en el deber de poner a todos los chiclaneros sobre aviso, una vez más, después de que le hayan sido anulados en los tribunales al PSOE todos los PGOU que han elaborado, la forma de actuar tanto del gobierno de Chiclana, como el de la Junta de Andalucía y la empresa redactora del PGOU, “Territorio y Ciudad”, con Manuel González Fustegueras al frente, ponen el Plan General de Chiclana en una situación de inseguridad total”.

“De nuevo nos encontramos ante la más que segura impugnación y posterior anulación en los tribunales del Plan General de Chiclana –manifiesta “Las Lagunas”-, que traería consigo la automática invalidación de cualquier proceso, actuación o proyecto que se pudiera haber llevado a cabo desde la aprobación del PGOU, hasta el momento de su anulación, con el inmenso perjuicio que supondría para todo aquel que se viera atrapado en medio de esta situación”.

COBRO DE 90.000 PESETAS QUE SE PERDIERON

Ponen como por ejemplo las decenas de miles de vecinos de Chiclana “que se hubieran podido apuntar a un hipotético proceso de regularización”, que verían “como después de pagar las cantidades que quieran cobrar desde el PSOE de Chiclana, sus propiedades vuelven a situación irregular o ilegal, además de seguir sin servicios básicos incluso habiéndolos pagado, debido a la anulación del PGOU”.

“Todos recordamos las famosas 90.000 pesetas que tantos chiclaneros pagaron al Ayuntamiento hace años para una regularización y unos servicios básicos que nunca existieron” señalan estos vecinos.

Después de tres meses esperando una respuesta sobre la conveniencia, o no, de continuar con la tramitación del Plan General de Chiclana, desde la Junta de Andalucía “lo único que han manifestado en un escueto escrito de tres párrafos, es que se siga adelante con la aprobación del PGOU de Chiclana, haciendo algunas pequeñas correcciones, lo que el gobierno local ha acatado sin rechistar”.

Asegura la federación vecinal que “todo el mundo sabe que la más que segura anulación del PGOU de Chiclana, como ha ocurrido en Marbella y en otros tantos lugares, viene precisamente porque la Junta de Andalucía obliga a cumplir una legislación autonómica, elaborada por el propio gobierno andaluz, que contraviene la normativa estatal y europea”.

EL PSOE NO QUIERE IMPORTUNAR A LA JUNTA

Gran parte de los colectivos asistentes al Consejo pidieron al gobierno local que se dirigiera con contundencia al gobierno autonómico, “para exigir un informe jurídico serio y unas verdaderas directrices que ofrezcan garantías claras de sacar adelante un PGOU, que los chiclaneros llevamos esperando más de dos décadas y en el que llevamos gastados millones de euros”.

Lamentablemente “no se percibió motivación alguna por parte del gobierno local de exigir nada a la Junta de Andalucía, por el contrario, manifestó la intención de seguir a rajatabla las actuales indicaciones, sean cuales sean las consecuencias para la gente de Chiclana”.

El pasado día 7 se reunieron en el Hotel “Averroes” de Córdoba, miembros destacados de CALU (Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística), en representación de los parcelistas de Andalucía. Asistió un miembro de “Las Lagunas” como representante de dicha entidad.

Según estos representantes de los parcelistas, con su presidente a la cabeza, Francisco León Corral, la reunión responde a la situación de desesperación a la que se ven sometidos más de un millón de personas de la Comunidad Autónoma Andaluza, las cuales carecen de agua potable y alcantarillado y, en muchos casos, también de energía eléctrica.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y PERSONALES

Coincidieron en que las condiciones de infravivienda de sus residencias condicionan la vida de estos ciudadanos, sometiéndolos a situaciones extremas de insalubridad “que hacen que su salud se esté resistiendo debido a determinados procesos patológicos, originados por el peligroso estado de las aguas”, tanto desde el punto de vista físico‐ químico, como microbiológico, “lo que ha llevado la situación a una gravedad tal, que se requiere una acción urgente y contundente contra los responsables”.

Los miembros de CALU acordaron pedir responsabilidades, tanto a nivel político como personal a todos los niveles, debido a la gravísima situación generada, bien por dejadez o por otras razones; conseguir una modificación de gran calado en la LOUA “y no pequeños retoques que al final quedan en nada”; denunciar a los responsables públicos a través de sus servicios jurídicos; entrevistarse con el Defensor del Pueblo Andaluz, para mostrarle “la situación de altísimo riesgo a la que está expuesta este sector de la población”.

Así mismo decidieron acudir a la Unión de consumidores, UCA, para ponerles al tanto de lo que está ocurriendo con la salud de los vecinos parcelistas, e intervenir, tanto a nivel autonómico como municipal, con todos los medios de que dispone CALU”.

Volverán a reunirse en próximas fechas para continuar la lucha contra las distintas administraciones, “las cuales se tiran la pelota unas a otras sobre las responsabilidades de la situación generada por todas ellas”.