IU alega a la Ordenanza de solares y edificaciones ruinosas para “aportar mayores garantías a la ciudadanía”

El documento “requiere una serie de concreciones para evitar la posible vulneración de derechos ciudadanos ante los trámites administrativos que plantea la ordenanza”.-

Susana Rivas, concejala de Izquierda Unida, anunció que su formación ha presentado un documento de alegaciones a la Ordenanza Reguladora de Solares y Edificaciones Ruinosas y del Procedimiento del Concurso para la Sustitución del Propietario Incumplidor.

“Desde que el equipo de Gobierno nos dio a conocer el documento que se aprobó en el Pleno de abril, detectamos que la ordenanza tenía una serie de carencias que aportaran las máximas garantías al ciudadano, frente a los trámites administrativos que recoge”, señaló.

Agregó que IU “ha tenido que hacer sus aportaciones a una nueva ordenanza y de bastante calado porque a pesar del carisma participativo que pretende imprimir el PSOE al Gobierno local, los partidos de la oposición recibimos un documento ya elaborado pocos días antes de su aprobación en el Pleno”.

En la sesión “decidimos abstenernos para poder tener tiempo de estudiar a tiempo el documento, en el que detectamos alguna carencia desde el primer momento, y presentar en forma de alegaciones las sugerencias que creemos que debe contener”.

La primera de las alegaciones pretende subsanar la ausencia de medidas para “dotar de garantías suficientes al ciudadano frente a las actuaciones de la Administración, así como otros mecanismos de participación de los vecinos en la tramitación de los expedientes”.

TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

En este primer punto se refirió a incluir en el documento medidas para favorecer el derecho de las personas a conocer el estado de tramitación de procedimientos, obtención de copias de documentación o identificación del personal y autoridades competentes en la materia.

Se refirió a otras medidas como “la notificación efectiva de la caducidad de los procedimientos o la necesidad de determinar claramente la definición de qué se entiende por “edificación inadecuada”, todo ello, insistimos, con el fin de procurar no causar indefensión alguna del ciudadano frente a la Administración”.

También las alegaciones presentadas por IU a la citada Ordenanza recogen la necesidad de “concretar al máximo los plazos de actuación y la posibilidad de su ampliación durante la tramitación de los expedientes”. Se plantea incluir un plazo de diez días para la notificación a los interesados y una posible ampliación de treinta días para asegurar la posibilidad de recabar las pruebas y documentación pertinente, así como hacer constar el derecho del ciudadano a solicitarla.

La edila comentó que se solicita en las alegaciones que se aplique expresamente la legislación vigente, para determinar la caducidad de los procedimientos porque “estamos hablando de trámites que pueden ser iniciados de oficio o a instancia de las partes, es decir, que son susceptibles de producir efectos desfavorables o que supongan un gravamen para la ciudadanía al vencimiento del plazo máximo”.