La educación pública en crisis

Francisco M. Navas [colaboraciones].-

Las declaraciones del delegado de Educación en Cádiz sobre los recortes que afectarán este año a la plantilla del profesorado interino, inducen a la confusión de todos aquellos que no conocen el funcionamiento de nuestro sistema educativo, y parecen impropias de un docente como él, que domina perfectamente, por propia experiencia, la estructura del sistema.

Independientemente del uso de expresiones como “barriga” para definir el aumento de población escolar en unos determinados niveles educativos, derivados de un aumento de natalidad en su día, más propios de un profano en el tema que nos ocupa que de todo un Delegado Provincial, intentar hacernos creer que si la suma total del profesorado interino contratado permanece igual nada cambia, significa en la práctica faltar a la verdad.

Me explico. Nuestro sistema educativo se estructura, para entendernos de manera fácil y sencilla, en cuatro grandes bloques: educación infantil y primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y enseñanzas universitarias. La obligatoriedad de escolarizar al alumnado abarca desde el comienzo de sus estudios hasta la enseñanza secundaria obligatoria, esto es, hasta los dieciséis años, con una posible prórroga hasta los dieciocho, si el alumno repite dos años. En su día, esta regulación se produjo para hacer coincidir el final de la enseñanza obligatoria con la edad de incorporación al mundo del trabajo.

Decir, por tanto, poniendo un ejemplo simple, que es lo mismo contratar a diez maestros en infantil y primaria y veinte en secundaria que contratar a seis maestros de infantil y primaria y veinticuatro en secundaria es sencillamente falso.


PROFESORES

Aunque de entrada la supresión de plazas en infantil y primaria por el descenso de la población escolar no debe suponer un aumento del número de alumnos por aula, sin duda se dará el caso en algunos centros, pues parece de toda lógica que esa población escolar no descenderá exactamente en un número equivalente al de alumnos de un aula.

Y parece evidente que no se puede suprimir a medio profesor, o a un cuarto. Pero resulta evidente que esos profesores de infantil y primaria no contratados no podrán optar a las nuevas plazas que, según el mismo Delegado Provincial, se van a crear en Secundaria debido al aumento de población escolar, sencillamente porque la ley no lo permite.

De manera que aumentará el número de profesorado contratado para Secundaria, mermado años atrás al igual que sucederá ahora con los interinos de infantil y primaria, mientras disminuye con nombres y apellidos el número de profesorado contratado para los niveles inferiores. Es posible que al final le cuadren las cuentas a la Delegación Provincial, aunque la repercusión en el trabajo de muchas personas con nombres y apellidos va a ser evidente.

Debo confesar que en Andalucía se ha conservado una proporción impensable en otras comunidades autónomas entre enseñanza pública y privada concertada o privada a secas.

En nuestra comunidad autónoma, la enseñanza pública supone aproximadamente el setenta y cinco por ciento de la oferta educativa, mientras que los otros centros educativos, generalmente de titularidad religiosa, se reparten el veinticinco por ciento restante. En Cataluña los centros privados concertados o privados a secas cubren más del cincuenta por ciento de la enseñanza reglada.


INVERTIR EN EDUCACIÓN ES INVERTIR EN FUTURO

Ahorrar en educación es despilfarrar en futuro, e invertir en educación es, por ende, invertir en futuro. Si de lo que se trata es de cuadrar los millones de euros al final de la suma, perfecto. No obstante, se habrá perdido una oportunidad de oro para disminuir las ratios en educación infantil y primaria, esto es, el número de alumnado por aula, ratios ya de por sí demasiado elevadas, disminución que influiría, qué duda cabe, en una mejor formación del alumnado de cara la secundaria obligatoria.

La Junta de Andalucía nos vende humo a veces, sacando pecho sobre sus conquistas sociales y sobre su manera de gestionar lo público. Pero si nuestros gobernantes, que tanto dinero público despilfarran en obras inútiles, en organismos innecesarios, meten la mano en la caja de la enseñanza pública andaluza cuando les falta liquidez, mal andamos.

A Jacques Delhors, socialista como se supone que es nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sólo se le ocurrió una fórmula cuando le preguntaron cómo podríamos cambiar las desigualdades de este mundo y preparar la construcción de otro mucho mejor: “Educación, educación y educación”

Si nuestros gobernantes no se dan cuenta del daño que producen al sustraer recursos económicos del presupuesto educativo, si para cambiar el tejado en mal estado de un colegio se tienen que tirar los padres a la calle en señal de protesta, si incluso el estudio de una empresa sobre el mencionado tejado se considera “externo y de parte” cuando ha sido pagado de los bolsillos de esos mismos padres, si los balances económicos no tienen como prioridad blindar el presupuesto educativo de todo recorte y procurar aumentarlo siempre que sea posible, nuestros gobernantes entenderán mucho de política pero, a mi humilde parecer, les falta educación.