Al PSOE le gusta el anteproyecto de Ley que permitiría subsanar deficiencias de un PGOU sin su anulación definitiva

“Actualmente, en caso de sentencia judicial contraria, se tumba el Plan” y confía en que “no sea el caso de Chiclana, cuyo Plan tiene sus informes favorables”.-

La delegada de Urbanismo, Ana González, se ha mostrado satisfecha del anuncio del Ministerio de Fomento, que trabaja en un anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, permitiendo que las administraciones territoriales puedan modificar PGOUs que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes definitivamente.

Comentó la concejala que “ahora los planes generales tienen el nivel de reglamento, es decir, de disposiciones de carácter general, mientras que este anteproyecto de Ley lo que pretende es que tengan el carácter de actos administrativos generales”.

Agregó que “actualmente un plan general declarado nulo de pleno derecho no tendría posibilidad de subsanación, mientras que una vez se pudiera aprobar esta Ley, habría supuestos en los que cabría la nulidad y otros en los que cabe la anulabilidad. Pueden convalidarse ciertos autos y retrotraerse hasta ese momento, lo que significa que puede subsanarse la deficiencia o el problema que haya tenido”.

Están siendo anulados PGOUs en todas las comunidades autónomas, sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que lo han determinado, provocando no solo la nulidad del plan, sino también de todas las herramientas de desarrollo.

PREOCUPACIÓN

Ejemplo de ello es el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que siendo alcalde de Santander, “vio cómo el Tribunal Supremo tumbó el Plan General de dicha ciudad. El impulsor de este anteproyecto es conocedor de los efectos, desproporcionados conformes a la actual legislación”.

Dicha iniciativa ha sido demandada por todas las comunidades autónomas, así como por los magistrados: “Es un tema preocupante, porque un Plan General necesita de una tramitación de entorno a siete a diez años y con los informes favorables. Pese a ello, si llega la sentencia de un juez declarando su nulidad, dicho documento de planeamiento caería, lo que tendría unos efectos desproporcionados”.

La edila de Urbanismo reseñó que “confiamos en que el Plan General de Chiclana no quede anulado por los tribunales y en eso estamos. De ahí que en la tramitación hayamos tenido todos los informes favorables. Al igual que yo no puedo decir que es legal, nadie puede decir que sea ilegal”.

No obstante, “para los más agoreros, pedir tranquilidad, puesto que se están habilitando mecanismos para proporcionar seguridad jurídica y que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística puedan tener una subsanación”, asegurando que “aplaudimos esta iniciativa, puesto que proporciona seguridad jurídica ante un procedimiento de aprobación de un Plan General, que es muy complejo e intervienen muchas leyes”.