El Ayuntamiento plantea al Consorcio de Basuras la nulidad del acuerdo para el cobro de la tasa de basura

“Fue aprobada por los gobiernos local y provincial del PP en 2014, momento en el que los estatutos del Consorcio no tenían recogidas las competencias tributaria, financiera y recaudatoria”.-

La portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y el delegado de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, anunciaron que ante el envío de propuestas de liquidación de la tasa de basura consorcial que se está mandando a vecinos de Chiclana, reclamando el pago de la misma, del año 2016, se va a solicitar formalmente al Consorcio de Basuras la paralización del proceso y de la emisión de recibos, a la vez que va a insistir en que se acepte el acuerdo propuesto para compensar las deudas. Asimismo, va a plantear la nulidad del procedimiento y del acuerdo adoptado por el Consorcio.

Verdier, que ha llamado a la tranquilidad a la ciudadanía, recordó que “en 2014 el PP de Marín en el Ayuntamiento y Loaiza en Diputación, aprobaron una tasa consorcial de basura para la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos municipales, con la que pretendían que los chiclaneros pagaran de su bolsillo la tasa de basura, al igual que los vecinos de las localidades de San Fernando y Puerto Real”.

Comentó que “este equipo de Gobierno sigue manteniendo el mismo posicionamiento que en 2014 tenía el grupo municipal del PSOE, es decir, en contra de esta tasa consorcial, por lo que pedimos que dé marcha atrás y se declare nula el acuerdo”.

Por su parte, Joaquín Guerrero señaló que “tras ser aprobada esta tasa en 2014 por el PP, el primer recibo, el de 2015, fue asumido por el propio Ayuntamiento en una decisión del Gobierno de Marín antes de las elecciones municipales”.

TRES MILLONES DE EUROS

En 2016, con el PSOE en el Gobierno municipal, “llevamos al Pleno del Ayuntamiento unas ordenanzas para rechazar la tasas y que se pagara directamente por el Ayuntamiento, pero fueron rechazadas, por lo que no se pudo eliminar la tasa de ese año, sobre la que se están enviado propuestas de liquidación”, añadiendo que “en 2017, a través de acuerdo plenario, se dice no a la tasa consorcial y pasa a ser abonada en el recibo de basura”.

Sin embargo, al quedar pendiente 2016, se plantea al Consorcio la posibilidad de compensar los tres millones de euros que debe pagar Chiclana con cargo a dicho ejercicio, con una deuda que el Consorcio tiene pendiente con el Ayuntamiento por una cantidad cercana a los 1,8 millones de euros y que el Consorcio debe reconocer 1,2 millones por los servicios de gestión del punto de acopio del Carrascal y casi 600.000 euros por el uso del vertedero de La Victoria, mientras que el Ayuntamiento se compromete a hacerse cargo de la diferencia hasta los tres millones de euros pendientes.

Esta propuesta “fue reiterada en enero del presente año por el Ayuntamiento y aún no se ha obtenido respuesta por parte del Consorcio. A la vez, propusimos la puesta en marcha de la planta de tratamiento para reducir costes en un futuro inmediato. “Sin embargo, en medio de esta negociación, el Consorcio ha puesto al cobro los recibos de manera unilateral”, lamentó.

PARALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE RECIBOS

Por ello, “como nos oponemos a esta tasa consorcial, desde el Ayuntamiento de Chiclana vamos a solicitar formalmente la paralización del proceso y de la emisión de recibos, a la vez que vamos a insistir en que se acepte el acuerdo propuesto para compensar las deudas”.

En segundo lugar, “vamos a plantear la nulidad del procedimiento y del acuerdo adoptado por el Consorcio. Todo ello porque en 2014, momento de la aprobación de la tasa por los gobiernos local y provincial del PP, los estatutos del Consorcio Bahía de Cádiz no tenían recogidas las competencias tributaria, financiera y recaudatoria para poder cumplir esa ordenanza”.

No es hasta septiembre de 2017 cuando la Junta General del Consorcio aprueba la modificación de los estatutos para recoger esas competencias. En 2014 “el Consorcio no era competente para aprobar la ordenanza fiscal que imponía la tasas de basura, ni tampoco lo era para delegar en la Diputación la recaudación de la misma”.