Mientras la Junta saca el tranvía a pasear en Navidad, una plataforma isleña pide su paralización

Tiene que empezar a funcionar antes del 31 de marzo de 2019, ya que de no hacerlo el ente autonómico deberá devolver a la Unión Europea 100 millones de euros.-

A principios de diciembre el tranvía volvió a recorrer las vías entre Chiclana y San Fernando, tras muchos meses anclado en la cochera de Pelagatos. La amenaza que pende sobre la Junta de Andalucía en caso de que no empiece a funcionar antes del 31 de marzo de 2019, que le obligaría a devolver 100 millones de euros a la Unión Europea, aceleró las pruebas. Por otro lado, la Plataforma 3R de San Fernando, sigue denunciando en los juzgados la ilegalidad del proyecto, pidiendo su paralización.

El mal estado de las vías del tranvía obligó a repararlas, así como limpiarlas de tierra y hierbas. Mientras se hacía esto, el tranvía salió de su cochera hasta la primera parada, a escasos metros, luego hasta la segunda, después hasta el puente Nuestra Señora de los Remedios y vuelta a Pelagatos, donde permaneció varios días hasta que pudo salir de nuevo para ir a San Fernando.

No llegó hasta La Ardila, donde todavía no está hecho el apeadero de la vergüenza que nos ha colado la Junta. Se dio una vueltecita por la calle Real y para Chiclana. El objetivo era que lo vieran, dar a entender que todo va bien y que no hay problema alguno para su puesta en funcionamiento. Pero lo hay. Legal, que es lo que puede frenar un proyecto carísimo, que no servirá para nada y que ha llevado a la ruina a numerosas empresas de La Isla y Chiclana.

En la localidad vecina surgieron varias entidades contrarias al tranvía. Bueno, más que a este medio de locomoción era al trazado del mismo, por lo que se movilizaron y denunciaron a la Junta de Andalucía en los juzgados. Y ganaron. Pero de nada les sirvió, porque ésta no ha hecho caso alguno al fallo judicial y han seguido con los trabajos y las pruebas.

 

 

PARALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Precisamente estas últimas ha vuelto a movilizar a la Plataforma 3R, que ha pedido a la Audiencia Nacional la paralización del proyecto como medida cautelar, intentando que no circule. Cuando las obras del tranvía estaban empezando en Chiclana, se llevaron a cabo varias reuniones en nuestra localidad con la Plataforma Sentencia Tranvía, predecesora de la citada 3R, con el objeto de que también aquí se denunciaran las obras, pero nada se hizo, mientras que los isleños acudieron a los tribunales y ganaron.

Expropiados de la manzana de Montañeses de la Isla, que vieron como derribaron sus casas y negocios para que pasara el tranvía, en una zona cercana a la Venta de Vargas, y las plataformas Sentencia Tranvía y 3R, siguen dando guerra, con la intención de utilizar los recursos administrativos y judiciales que estén a su alcance.

Como es lógico, piden responsabilidades a los impulsores del tranvía, por lo que han pedido medidas cautelares para que se paralicen, en principio, dichas pruebas, aunque su objetivo principal es la paralización total del mismo. Confían en que se admita su denuncia y se detengan los paseos entre Chiclana y San Fernando.

 

 

ILEGALIDAD DEL TRANVÍA

Según los denunciantes, el tranvía es ilegal como ya publicó PUENTE CHICO en su momento y así lo confirman dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hay otro argumento más: la calle Real sigue siendo titularidad del Estado ya que nunca se llegó a recepcionar la antigua travesía de la N-IV, perteneciendo a la Dirección General de Carreteras, que no ha autorizado el paso del tranvía ni las pruebas. 

Hay otro asunto muy importante que esgrimen los denunciantes isleños, su seguridad. En los cuatro kilómetros que tiene de recorrido por la calle Real, pasa por delante de varios colegios y no hay garantías de seguridad, pudiendo ocasionar daños a edificios de la ciudad que se encuentran en mal estado de conservación. Aseguran que en las pruebas realizadas hace un año, cayeron dos veces las cristaleras del Centro de Congresos, que fue rehabilitado recientemente.

La Plataforma 3R ha dado también una lista de responsables a nivel local, provincial, regional y nacional en caso de que suceda algo y debido también a su ilegalidad, para que luego no digan que no estaban enterados.

RESPONSABLES

Entre ellos están el secretario de Infraestructura de Fomento, el presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el subdirector general de los Fondos FEDER en España, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, el delegado territorial de Endesa, la alcaldesa, varios funcionarios públicos, el jefe de la Policía Local y el de Protección Civil.

La cuestión que aflora ahora es que puede haber cambio en la Junta de Andalucía, con lo que dicho proyecto puede quedar paralizado, ya que tanto el Partido Popular como Ciudadanos están en contra. Claro que si no comienza a funcionar antes del 31 de marzo tendrían que devolver los citados 100 millones a la UE.

El problema que dejan Susana Díaz y el PSOE es de órdago. ¿Qué harán? Si cumplen los fallos judiciales el tranvía no debería funcionar, por lo que deberían enviar los cien millones recibidos de Europa. Difícil papeleta, una más de las muchas que se encontrarán si llegan a gobernar la Junta.

 

INFRACCIÓN GRAVE EN LAS CAMARAS DE TELEVISION

Además de las ilegalidades ya contadas, se ha sumado otra más, la infracción grave de las cámaras de televisión instaladas tanto en San Fernando como en Chiclana, ya que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) así lo ha calificado después de 19 meses de instrucción y analizadas 108 cámaras de televisión, 55 en San Fernando, 34 en Chiclana y 19 en el tramo interurbano.

 
Esta resolución se conoció a mediados de año y quien la hizo pública fue la Plataforma 3R. Afirma ésta que “nos encontramos ante otro varapalo más de la obra pública denominada Tren-Tranvía Metropolitano Bahía de Cádiz y en el marco de la instalación de CCTV de cámaras de televisión durante todo su recorrido” por la Agencia de Obras Públicas de la Junta, “en el desarrollo de esta ignominia inacabada que le va costar al contribuyente nacional y comunitario, la indecente cifra de 240 millones de euros y que el más alto tribunal de Andalucía, el TSJA, la definía como manifiestamente ilegal”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Tras una denuncia interpuesta por esta formación política en septiembre de 2016, “donde se advertía que se podría estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos”, la AEPD llegó a la conclusión de que “estaría cometiendo una infracción grave, por actuación desproporcionada de los fines de las imágenes, ordenando reorientaciones y pixelados de zonas como medidas correctoras y abriendo expediente de actuaciones previas, suponiendo una prueba más de obviar el Estado de Derecho por parte de esta obra pública”.

Según indica la resolución “no consta documento probatorio alguno, que constate que se ha traslado a las autoridades competentes (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), un informe de los motivos de la instalación del sistema…”. Según esta plataforma, es “un dispendio más de este dislate, después de analizar y estudiar 108 cámaras de televisión”.

PACO LÓPEZ