Las sombras del proceso de nombramiento del ex coordinador del nuevo PGOU de Chiclana

Toniza-Ecologistas en Acción propone la redacción de un Plan de Participación Ciudadana para el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).-

El debate plenario sobre la compatibilidad profesional con la actividad privada como arquitecto de Antonio Fernández Saénz, el frustrado Coordinador del nuevo PGOU de Chiclana, y la génesis de su nombramiento, han puesto de manifiesto, en opinión de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, algunas notas preocupantes.

Una: “Nos parece descabellado que nuestros representantes hayan considerado seriamente la propuesta de la Asociación de Empresarios (AECH), de nombrar coordinador del PGOU, con dinero público, a un empresario del sector urbanístico. Exactamente, al secretario general de dicha entidad”.

La mayoría de los grandes conflictos urbanísticos que padecemos y padecerán las generaciones futuras, “han sido provocados, en última instancia, por empresarios de ese ámbito de la economía. En casi todos los casos de corrupción urbanística son ellos los instigadores. Los fuertes intereses económicos que se mueven en este sector no tienen contrapoder alguno que, en plano de igualdad, los controle. 

Por eso, “proponer a un empresario del sector urbanístico -con independencia de su valía- para coordinar el PGOU nos pareció un despropósito sin igual en todo el Estado español”.

INCOMPATIBILIDAD

Dos. Que el empresario nombrado coordinador del PGOU, “solicitase la compatibilidad para seguir ejerciendo su actividad privada como arquitecto fue alarmante. Muy alarmante. Esta opinión no tiene absolutamente nada que ver con la honestidad e integridad de la persona seleccionada. Hasta ahora, opinamos genéricamente. Da exactamente igual que sea una persona de probada honradez”. 

Casi todas las legislaciones europeas avanzadas que regulan los conflictos de intereses, no se quedan en los “conflictos reales”, como pudiera ser éste. Van más lejos y, en la lucha contra la corrupción, “no permiten ni siquiera los conflictos aparentes ni los potenciales”. Si se estima que existe “la posibilidad” de que el empleado público “pudiera usar, directa o indirectamente, la información pública que tiene para su actividad privada, no se permite tal compatibilidad”. Se trata, en principio y, ante todo, de averiguar y valorar si existe “esa posibilidad”.

Nuestra escueta y longeva Ley de Incompatibilidades data de hace 36 años “y no se ha actualizado en todo ese tiempo. Lamentablemente, los estándares de incompatibilidad son muy bajos y, tristemente, los casos de corrupción desproporcionadamente elevados”. Apenas contenidos por una jurisprudencia que ha intentado e intenta con grandes, “pero insuficientes esfuerzos interpretativos, adaptar la Ley a la realidad social del momento”.

Tres. Cuando se trata de autorizar cualquier tipo de compatibilidad, “nuestros representantes municipales deberían ser enormemente exigentes porque se trata de salvaguardar el buen nombre de la institución y los intereses generales”. El aspirante debería proporcionar toda la información amplia, detallada y necesaria que fuese preciso “para que no quedasen dudas de su rectitud futura y pasada. Nosotros, sinceramente, no hemos visto tal análisis. Ni esa información exhaustiva sobre el, nombrado y dimitido, coordinador del PGOU”.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Cuatro. Duda Toniza que pueda calificarse de “transparente” el proceso que se ha seguido para desembocar en el nombramiento del ex coordinador del PGOU: “No debía estar muy convencida de su propuesta la Junta Directiva de la AECH cuando, una nutrida representación empresarial, se ha reunido, uno a uno, con los portavoces de los diferentes partidos políticos para tratar exclusivamente una propuesta: la del coordinador del PGOU”.

Parece ser la vieja táctica de la “encerrona” para conseguir apoyos inmediatos, no meditados ni consultados.  El propio interesado “ha sido parte activa en esas reuniones. ¿Por qué no convocó la AECH a todos los portavoces a una reunión, les explicó su propuesta, les invitó a reflexionar sobre ella y, tras seguir los cauces internos de cada partido, adoptar una decisión al respecto? La pregunta tiene una respuesta elemental: lo que perseguía parece que, a tenor de lo sucedido, era la adhesión o valoración positiva rápida”.

Menos aceptable les parece la convocatoria de la reunión celebrada en la alcaldía, a la que asistieron los representantes de todos los partidos políticos “con la presencia estelar de la AECH”. Una especie de Junta de Portavoces, “no reflejada en la agenda del alcalde, José María Román (PSOE), sin orden del día y sin acta de lo tratado. Y lo tratado no era baladí. Se abordó un asunto de la máxima trascendencia pública e interés general, pues es el tema de mayor importancia municipal: el PGOU”.

PRISAS DE ROMÁN EN ACEPTAR EL COORDINADOR

Señala Toniza que “la renuncia del ya ex coordinador del PGOU ha sido una decisión acertada. Sin embargo, nos han sorprendido las razones que ha esgrimido. Hasta donde conocemos, no hemos escuchado el menor ataque a la profesionalidad y honorabilidad por parte de ningún grupo. Ni uno solo”.

Antonio Fernández ha dimitido, “a nuestro juicio, por el desconocido pero demoledor informe del Secretario General del Ayuntamiento que, al parecer, exigió que se motivase, entre otras cosas, la compatibilidad entre su actividad profesional privada y la pública. Algo que no se había hecho”. Las prisas de Román “por aceptar tal compatibilidad chocaron con la legalidad y ante las exigencias, lógicas y necesarias de transparencia, y la polémica creada, el empresario del sector urbanístico ha preferido dimitir”. 

No creen los ecologistas que haga falta tal figura de coordinador del PGOU, “pero sí pensamos y proponemos que se elabore un Plan de Participación Ciudadana que incorpore la perspectiva de género con su debida dotación presupuestaria, como ya contemplan algunas legislaciones autonómicas. Esperemos que en la reunión del Consejo Local de Urbanismo que se tiene previsto celebrar en septiembre, se aborde, entre otros, esta propuesta”.