El Ayuntamiento afirma que el derribo ayer de una vivienda, fue una orden judicial y que intentó pararla
Ofreció a los afectados un hotel céntrico mientras resuelven el contrato de alquiler de la vivienda familiar ubicada en el casco urbano de Chiclana.-
El equipo de gobierno municipal ha emitido una nota de prensa en la que da su opinión sobre el derribo de una vivienda ilegal ocurrido ayer jueves en la zona del Sotillo, en el Camino de la Gamuza. Informa “que dicha vivienda se construyó en el año 2005 sin la correspondiente licencia de obra”.
Estaba ubicaba en Suelo No Urbanizable de Especial Protección, concretamente en zona inundable de la cuenca del arroyo Carrajolilla, como delimita el Estudio de Inundabilidad de La Janda de la propia Junta de Andalucía, “independientemente de la existencia de Plan General o no (que, no obstante actualmente está en vigor)”.
Como consecuencia de ello, técnicos de la delegación de Urbanismo iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente por la construcción sin licencia, “cuestión que finalmente caducó, sin que se llevara a cabo sanción administrativa alguna al propietario del inmueble”.
Sin embargo, al tratarse de un Suelo de Especial Protección (inundable), también se abrió un procedimiento en el Juzgado de los Penal número 2 de Cádiz, “que sí continuó y cuyo desenlace ha sido el derribo en la jornada de ayer”. Un procedimiento que se inició tras remitirse dicho expediente a Fiscalía en el año 2008 “por parte del entonces Gobierno cuatripartito, liderado por el PP, y que forma parte de los más de 1700 expedientes llevados a Fiscalía en noviembre de dicho año”.
EL DUEÑO ACEPTÓ EL FALLO JUDICIAL, QUE NO CUMPLIÓ
De esta forma, se abre diligencias en las que el Ayuntamiento de Chiclana no solicitó el derribo del inmueble y en el año 2015 se dicta sentencia y condena con multa de 2160 euros al propietario, inhabilitación de 6 meses, prisión de 6 meses y orden de derribo del inmueble construido sin licencia. Sentencia “a la que prestó conformidad el propietario, sin que se presentara recurso alguno”.
Sin embargo, “tras requerir el juez al propietario para que procediese al derribo de la vivienda hasta en dos ocasiones y éste no llevar a cabo la demolición por su cuenta, en 2017 el juez requiere al Ayuntamiento de Chiclana para que proceda a la ejecución del derribo de forma subsidiaria, cuestión que se ha requerido en tres ocasiones, la última el 20 de julio del presente año”.
Pese a la suspensión solicitada por el propietario y el Ayuntamiento el pasado martes, a raíz de dos encuentros con la familia afectada en los últimos días, “dicha solicitud fue denegada el pasado miércoles 4 de noviembre por el juez, que ordenó al Ayuntamiento a que actuase el jueves 5 a las 9,00 horas”.
Afirma el Ayuntamiento que “se le ha ofrecido a la familia afectada un hostal céntrico de la ciudad para que pudiera hospedarse, mientras resuelve el contrato de alquiler de la vivienda familiar ubicada en el casco urbano de Chiclana”.
Que culpa tiene el ayuntamiento que una persona construya en zona protegida.... lo que pasa es que la gente se cree que puede hacer lo que quiera y construir en cualquier sitio.
ResponderEliminarSi una sociedad se asemejase a una olla de puchero llena de garbanzos, unos negros y otros blancos, en Chiclana habría que tirar el puchero pues la olla está podrida. Se ha ejecutado una sentencia penal de un delincuente confeso, que se comprometió a tirar su casa delante de un juez a cambio de esa rebaja de pena, y luego cuando por dos veces se le requirió que la tirara se hizo el sueco, bueno el chiclanero listo, y por eso el juez ha requerido a la Administración a ejecutar la sentencia. Y más teniendo otra vivienda legal en suelo urbano no consolidado.¡A quien se quiere engañar!.
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