“Caño Romeral”, ante la pasividad municipal, denuncia la ilegalidad de la antena de telefonía móvil al lado de sus casas, a la ministra de Economía

 

Los vecinos le han enviado una carta a Nadia Calviño, contándole los problemas que tienen, la inhibición y el nulo caso que les hacen en el Ayuntamiento.-

 

El pasado mes de septiembre la Asociación de Vecinos Caño Romeral envió una carta a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la que le dan cuenta de la instalación ilegal de una antena de telefonía móvil al lado de sus casas, sin autorización alguna por parte municipal, que se ha inhibido en este asunto y no ha hecho nada al respecto a pesar de sus denuncias.

 

El escrito también se lo han remitido al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán; al alcalde, José María Román; a la concejala de Urbanismo, Ana González Bueno, y a Ecologistas en Acción en Madrid.

 

Más de un año llevan estos ciudadanos protestando en el Ayuntamiento por la colocación de la citada antena, pero ni el regidor ni la edila les han hecho el mínimo caso, por lo que cada martes, desde hace unos meses, se concentran frente a la sede de Urbanismo exigiendo que quiten dicha antena. También en julio mandaron un escrito a José María Román contándole las presuntas ilegalidades cometidas en su instalación, pero siguen esperando su respuesta.

 

 

IMPOTENCIA ANTE LA PASIVIDAD MUNICIPAL

 

En la carta enviada a la ministra le narran las vicisitudes vividas desde el día que aparecieron en la zona unos trabajadores y se pusieron a realizar obras en una parcela. Ya les hemos contado el malestar de estos residentes, que se han visto impotentes ante la pasividad municipal y el nulo caso que les han hecho. Le citan a Calviño su proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, como uno de los compromisos de la estrategia España Digital 2025 en el ámbito de la conectividad.

 

También señalan que “no hemos sido capaces de encontrar en el proyecto prácticamente ninguna de las recomendaciones de la Resolución 1815 del 28 de mayo 2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto en el medio ambiente”.

 

Esta resolución no solo especifica pautas para la aplicación del principio de prudencia a la explotación del espectro electromagnético con fines de comerciales y de telecomunicaciones. Insisten los vecinos que “no nos ha sido posible encontrar en su proyecto de Ley, ninguna mención a la problemática de la proliferación de estaciones base en la cercanía de zonas pobladas. La recomendación del Consejo de Europa es claro a este respecto”.

 

 

RESPETAR LAS RECOMENDACIONES EUROPEAS

 

Dice el Consejo que se deben “determinar los sitios de cualquier nueva GSM, UMTS, Wi-Fi o antenas WiMAX no únicamente en función de los intereses de los operadores, pero en consulta con las autoridades gubernamentales locales y regionales, los residentes y las asociaciones de ciudadanos interesados locales”.

 

Afirma Caño Romeral que la vigente ley de Telecomunicaciones 9/14 del 9 de mayo de 2014, aprobada durante la X legislatura, “no respeta las recomendaciones del Consejo de Europa, al excluir a los ciudadanos y asociaciones interesadas en la ubicación de nuevas estaciones base de telefonía”.

 

De la misma manera, “no es imposible encontrar en su proyecto o en la actual Ley 9/14, recomendaciones específicas a este respecto descritas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos”.

 

Considera esta resolución europea que, dada la proliferación de litigios judiciales e incluso de medidas de suspensión provisional dictadas por las autoridades públicas sobre la instalación de nuevos equipos transmisores de CEM, “redunda en el interés general favorecer soluciones basadas en el diálogo entre la industria, las autoridades públicas, las autoridades militares y las asociaciones de vecinos en relación con los criterios para la instalación de nuevas antenas GSM o de líneas de alta tensión”.

 

 

LAS LEYES NO PROTEGEN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS

 

Tampoco encontraron en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, ninguna mención al análisis y opinión del Defensor del Pueblo el 21 de agosto de 2019, en que los planes de implantación de la tecnología 5G en nuestro país, no ha sido objeto de evaluación ambiental previa.

 

Comparten con el Defensor del Pueblo, en base al principio de precaución, “que la elección de emplazamientos para estaciones base de telefonía, debe tener en cuenta criterios ambientales y de salud pública, ausentes tanto en la Ley 9/14 como en el proyecto de Ley que su Ministerio ha anunciado hace unos días”.

 

En la misiva a la ministra citan países que están adoptando posturas mucho más prudentes sobre los riesgos causados por las emisiones electromagnéticas de las estaciones base. Como ejemplos ponen Bruselas o la República de Eslovenia, que han suspendido el despliegue de la tecnología 5G en los últimos meses. Italia o Polonia, o ciudades como París, establecen límites mucho más prudentes en zonas residenciales para todo el espectro electromagnético por debajo de 6 V/m.

 

Le recuerdan los vecinos a Calviño que “España es a día de hoy, unos de los países de nuestro entorno, que menos destaca en la protección a los ciudadanos de los riesgos derivados de la exposición a radiación electromagnética”, asegurando que “hay evidencias cada vez más concluyentes de los efectos carcinógenos de la exposición a campos electromagnéticos”.

 

 

 

SERVICIO AL NOVO SANCTI PETRI

 

El mismo Centro Internacional de Investigaciones sobre del Cáncer (CIIC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2013 que “existe evidencia limitada en humanos sobre la carcinogenicidad de la radiación de radiofrecuencia. Se han observado asociaciones positivas entre la exposición a la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos inalámbricos y el glioma y el neurinoma del acústico”.

 

El principio de precaución (o de cautela), definido por la Comisión Europa, hace referencia a un enfoque de la gestión del riesgo según el cual, “en caso de que una política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente, y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse. Esta situación deberá revisarse conforme se disponga de nueva información científica”.

 

El presidente de la AVV Caño Romeral, Antonio Díaz, le expresó a la ministra de Economía “la indefensión que sufrimos los vecinos de este lugar desde el 23 de julio de 2019, cuando se instaló una estación base de telefonía sin consultarnos, por la empresa Telxius Torres España S.L.U., afecta al grupo Telefonica”.

 

Por el gran tamaño de esta construcción, “entendemos que dicha estación base va a servir para dar servicios de telefonía -incluyendo 5G- no a nuestras parcelas no urbanizadas -y sin desarrollo urbanístico-, sino a una gran zona turística cercana y completamente urbanizada conocida como Novo Sancti Petri, que incluye numerosos grandes hoteles, instalaciones de apartamentos, campos de golf, numerosas instalaciones deportivas y zonas extensas de playa”.

 

INTERESES ECONÓMICOS

 

Asegura Díaz que “somos conscientes de los intereses económicos en juego, tanto por parte de la empresa promotora, como de las de hostelería y turísticas de nuestro municipio. Quizás su Ministerio no está al tanto de la desoladora situación urbanística de nuestro municipio”, poniendo a Calviño al día sobre aspectos urbanísticos de Chiclana.

 

“Nuestro municipio carece de Plan General de Ordenación Urbana -le explicó- porque diferentes planes han sido sucesivamente anulados por el Tribunal Supremo. El último lo ha sido hasta con tres sentencias distintas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las cuales están en espera de la decisión final del Supremo”.

 

La consecuencia de treinta y tres años sin PGOU “son palpables en nuestro municipio, que ostenta tristes registros de falta de ordenación: decenas de miles de viviendas -oficialmente 16.550, pero se estiman unas 50.000- sin servicios básicos, sin agua, ni alcantarillado, crecimiento desordenado, colapso y presión sobre zonas verdes, contaminación de acuíferos, imposibilidad de obtener licencias y un largo etc.”.

 

PELIGRO PARA LA SALUD

 

Afirma en la carta a la ministra que los vecinos del Caño Romeral “nos sentimos no solo perjudicados por la instalación de esta estación base, sino en peligro para nuestra salud”.

 

Sirviendo esta instalación para dar cobertura de telefonía a toda una zona turística urbanizada, “entendemos incorrecto que esta torre se coloque precisamente en nuestro lugar, en el centro de nuestras fincas y casas, causando un impacto desmesurado en nuestro entorno y enormes perjuicios a muchos vecinos y pequeños propietarios, que no tendrán otra opción que abandonar sus propiedades una vez que esta peligrosa instalación entre en funcionamiento y empiece a emitir con toda su potencia”.

 

INSTALACIÓN A ESPALDAS DE LOS VECINOS

 

Esta antena se ha instalado “a espaldas de los vecinos, que no hemos sido informados en ningún momento por el Ayuntamiento de que esta instalación, que nos afecta muy seriamente, se iba a llevar a cabo. A pesar de que se ha instalado en un suelo urbano sin consolidar -no urbanizado-, en ningún momento ha hecho el menor esfuerzo por paralizar o precintar una instalación a todos ojos irregular”.

 

Los intentos por parte de la empresa promotora de llevar alimentación eléctrica a la estación base “a través de campos de labor, viviendas privadas, obras ilegales en vías públicas, han causado verdadero estupor a los vecinos afectados. Pensamos que el Consistorio ha favorecido en todo momento a la empresa instaladora y no es capaz, después de catorce meses desde nuestras primeras denuncias urbanísticas, a emitir la resolución de las mismas, tiempo gracias al cual, Los trabajos están prácticamente concluidos”.

 

MÁS DE UN AÑO MANIFESTÁNDOSE

 

Aseveran los afectados que existen emplazamientos alternativos al actual y más adecuados, ya que hay mucho suelo disponible en la misma zona, “y el propio Ayuntamiento tiene hasta cinco millones de metros cuadrados en áreas cercanas, mucho más adecuadas, menos lesivas y mucho más seguras para los vecinos”. Además, el desarrollo de comunicaciones por fibra óptica en nuestro municipio es posible, “y esperamos que este sea el camino a seguir, una vez que el Ayuntamiento sea capaz de aprobar un PGOU que tanto se le resiste a nuestro municipio”.

 

Así mismo, hacen partícipe a la ministra que llevan más de un año manifestándose en contra de esta antena ante el Ayuntamiento, así como en el pleno y en la calle, “sin ningún resultado y siendo totalmente ignorados. A pesar de las denuncias urbanísticas interpuestas por nuestros abogados, seguimos, después de catorce meses, a la espera de una resolución a dichas denuncias, sin las cuales no tenemos acceso a la Justicia”.

 

PASOTISMO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

 

Aseguran en el escrito que el gobierno municipal “no ha mostrado voluntad política para impedir la instalación de esta infraestructura, ni para buscar soluciones alternativas. Es por ello que no tenemos otro remedio, por el momento, que seguir manifestándonos”.

 

Por todo ello, le piden a Nadia Calviño que aplique “el principio de precaución, proceda buscar una solución consensuada entre la empresa promotora, el Ayuntamiento y Caño Romeral, con el propósito de buscar una ubicación alternativa, que es posible, para llevarla del centro de nuestra vecindad”.

 

Le solicitan también que proceda a convocar una reunión urgente entre su Ministerio, el Consistorio, la empresa promotora y la entidad vecinal, y que “ordene la paralización inmediata y precinto de los trabajos en la estación y el desmantelamiento inmediato de la misma”.

 

DETENER EL DESPLIEGUE DE LAS REDES 5G

 

Caño Romeral se une a la petición de Ecologistas en Acción “por una moratoria del despliegue del 5G: Por la salud de los seres vivos y del planeta”, y específicamente a detener inmediatamente el despliegue de las redes 5G y atender a los requerimientos de los llamamientos científicos y de profesionales de la salud, que apelan a aplicar el principio de precaución, del Defensor del Pueblo y de la Resolución 1815 del Consejo de Europa sobre los Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente.

 

Finalmente, le piden a la ministra “regular de forma apropiada este proceso para que se ponga al ciudadano en el centro de esta revolución, y no al revés” y que, en base a las recomendaciones de la Resolución 1815 del Consejo de Europa al respecto, “las asociaciones de vecinos se incluyan en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, para que sean partícipes de las decisiones urbanísticas que les afectan en el despliegue de las redes de telecomunicaciones”.

 

PACO LÓPEZ