“Nuestro sistema de protección de menores alberga una trama corrupta, que secuestra y explota niños para malversar dinero público”

Afectados de toda España por la retirada de niños con informes falsos y engaños de los servicios sociales, asistieron al II Congreso Nacional del Menor.-

Madrid fue escenario el pasado 25 de junio, del II Congreso Nacional del Menor Tutelado #losniñosnosetocan, al que asistieron numerosas personas y entidades que representan a miles de afectados de toda España, por la retirada de niños por los servicios sociales de las distintas autonomías, utilizando informes falsos y que en PUENTE CHICO les hemos ido contando en estos dos últimos años, los problemas que han tenido familias chiclaneras como la de Mercedes Estrada o Mila Ostonero y su esposo Jorge Puerta, aunque hay muchas más.

La organización del encuentro corrió a cargo de la Asociación Nacional del Menor Tutelado y contó con la participación de veinte asociaciones de todo el país. Hubo seis ponencias. La primera de ellas fue Visión global del drama social de los niños tutelados, a cargo de Juan Mariano Pérez Abad, vicepresidente de la entidad organizadora, cirujano, escritor y activista por los derechos de la infancia.

Comenzó fuerte: “Nuestro sistema de protección de menores alberga una trama corrupta, que secuestra y explota niños para malversar dinero público. En España hay un excesivo número de menores bajo la tutela del Estado. En la última actualización de que disponemos, de diciembre de 2020 había 50.000 niños tutelados, lo que representa que seis de cada mil están tutelados  por el Estado”.

La mayoría son de estrato social bajo, “pero hay de todo tipo: hijos de funcionarias de alto nivel, profesores de instituto, militares, policías, una Miss Galicia, una piloto de avión, etc.”. Agregó que la mayoría de las familias a las que la Administración les tutela sus hijos, dice que se los han robado. Criticó a la cúpula del Poder Judicial por permitir que se sigan robando niños.

SE LLEVAN A LOS NIÑOS SIN ORDEN DEL JUEZ

Con la Ley Jurídica de Protección al Menor, aprobada en 1996, “agregaron el negocio a la máquina institucional del Estado. A partir de entonces, por muy anticonstitucional y contrario a los derechos humanos que pueda parecer, un simple funcionario de los Servicios Sociales puede llevarse a los niños si la autorización de un juez. Y así surgió el problema de los niños tutelados”. Y esos funcionarios “son los mismos que luego gestionan el dinero público que se invierte para su manutención”.

A partir de ese momento “las declaraciones de desamparo se multiplicaron y dando un golpe de timón, el mismo entramado de gente influyente y poderosa que organizaba y encubría el robo de niños en las clínicas de maternidad, para adopciones ilegales, creó una gran cantidad de empresas”.

Bajo el formato de fundaciones y ONGs, “concertaron sus servicios con la Administración para atender y educar a esa enorme cantidad de niños que se estaba generando y gestionar así mismo sus adopciones, pero ahora de una forma legal. Y así fue como emergió este negocio en el que solo los influyentes y los poderosos pueden obtener un trozo del pastel”.

EL PODER ABSOLUTO DE LOS FUNCIONARIOS

Denunció Juan Mariano Pérez que “3 de cada 10 niños tutelados por el Estado sufren abusos sexuales”. Señaló que “a muchos les sigue pareciendo increíble que exista una trama de secuestros y explotación de niños en las Instituciones del Estado”. Agregó que “en España los responsables del Sistema de Protección de Menores son explícitamente conscientes, de que forman parte de un entramado dedicado a la explotación económica de las tutelas”.

Manifestó también que “tal vez sea más fácil creer que exista una corrupción tan monstruosa en la cúpula política, pero parece menos verosímil que ese auténtico ejército de todos los trabajadores sociales de nuestro país, de una forma consciente, se entregue abiertamente a formar parte de un negocio de trata de seres humanos, contrario a la vocación que inspira su oficio”.

A los trabajadores sociales “la Ley los sube al pedestal, los nombra juez y parte y les confiere el poder absoluto sobre los niños y sus familias. Todo el mundo cree o piensa que los niños solo pueden ser tutelados por razones objetivas graves, como maltratos con palizas, abusos o prostitución, abandono, drogas o cosas por el estilo. Sin embargo, a nadie parece preocuparle comprobar las razones reales que se manejan en la práctica”.

AYUDAR A LAS FAMILIAS

Incidió el vicepresidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado en que “incluso la actual reforma de la Ley del Menor permite que a un padre le retiren la tutela, por negarse a que su hijo asista a las clases de Educación Sexual. Realmente preocupante”. Por ese motivo lo primero que proponen es “la drástica reducción de los fondos públicos destinados a la protección de menores”.

Pide Pérez que se invierta mucho menos dinero, “pero que se le entregue directamente a las familias o a los cuidadores directos, evitando que esos recursos se queden en el entramado institucional que los gestiona”. Una familia con 3 hijos en situación de pobreza, “podría vivir cómodamente con una ayuda de 1.000 € mensuales”.

Sin embargo, tutelar a sus 3 hijos, “a razón de 7.000 € al mes, nos costaría 21.000 € a los contribuyentes. Ahorraríamos 240.000 € al año y nunca encontraríamos dónde podrían estar mejor cuidados que con su propia familia”.

Además de evitar destrozar tantas familias y vidas, “la reforma propuesta ahorraría mucho dinero y evitaría el peligro de invasión de nuestras calles por esa legión de ex tutelados inadaptados que, cuando llegan a su mayoría de edad, solo encuentran cobijo en la prostitución, la delincuencia y la marginalidad”.

PASOTISMO JUDICIAL

La siguiente ponencia fue de Josele Sánchez, periodista y escritor, que disertó sobre Pederastia institucional. Relación entre el ministerio público, la judicatura y los gobiernos con los abusos sexuales a niños en España. Fue el que sacó a la luz los abusos del marido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad de Valencia, a una niña de catorce años de un centro tutelado de menores donde trabajaba.

Éste ha sido condenado y su esposa, que era la responsable de esta área y no hizo nada para esclarecer si era verdad la denuncia o no, intentando taparlo, ha sido imputada, lo que le ha obligado a presentar su dimisión. Sánchez habló de juezas que no actuaron como debían cuando denunciaron que había en internet imágenes de abusos de niñas, permitiendo que siguieran a la vista de todos; de políticos, deportistas, artistas, empresarios, etc., implicados en asuntos de pederastia y otros similares con menores.

En este congreso se conocieron muchos casos de toda España de este tipo de prácticas, que aumentan cada día, que se parecen unos a otros y que de momento no hay manera de ponerles freno.

UN NEGOCIO MUY BIEN MONTADO

Otros intervinientes fueron Juan García, psicólogo y afectado, que habló de Desamparo y convivencia en los centros de menores y familias de acogida; Carlos Manuel Leal Leal, terapeuta familiar y psicólogo forense con  El papel del psicólogo ante el menor tutelado; la abogada Alicia de Juanes Asenjo trató el tema La situación administrativa en la declaración de desamparo, finalizando el congreso con la conferencia Los derechos fundamentales en el sistema de protección de menores español por la jurista Elena Crespo.

Seis cuestiones muy importantes en el complejo mundo de la retirada de niños a sus famili
as y la entrega de éstos en adopción o en casas de acogida, por el que reciben pingües beneficios por cada menor que les entregan.

Cada vez son más las voces que claman contra el proceder de los gobiernos autonómicos, con historias más propias de hace siglos o de la negra etapa franquista, en la que robaban a los niños nada más nacer y decían a los padres que habían venido al mundo muertos, cuando  habían sido entregados previo pago de una importante cantidad de dinero, a familias adineradas que no podían tener hijos.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Ahora las administraciones públicas, que deberían velar por los niños, permiten en muchos casos que éstos sean arrebatados a sus familias con informes falsos y engaños, llegando incluso a recurrir y poner todas las trabas posibles a personas como la abuela coraje de Chiclana, Mercedes Estrada, que estuvo en el congreso.

Ésta, con tres sentencias a su favor y con orden del Tribunal Supremo de entregársela de forma inmediata, se han negado a ello urdiendo un plan para retrasar la entrega lo más posible, llevando siete meses sin poder ver a su nieta, cuando ya debería estar con ella desde finales de noviembre.

Esto lo ha hecho la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, primero con Susana Díaz y el PSOE gobernando, y ahora con el PP y Ciudadanos en el poder. Este último partido es quien ha llevado este asunto y su consejera, Rocío Ruiz, dijo que no recurriría la sentencia y faltó a su palabra haciéndolo en el último minuto del último día. Su labor ha sido nefasta.

PACO LÓPEZ