No toda la culpa la tienen los tribunales belgas

Félix de la Fuente [colaboraciones].-

“La eliminación progresiva de los controles fronterizos en la Unión ha facilitado considerablemente la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, pero también ha permitido a los delincuentes actuar con mayor libertad a escala transnacional. Con el fin de afrontar el reto de la delincuencia transfronteriza, el espacio de libertad, seguridad y justicia implica medidas para promover la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. El punto de partida es el respeto del principio de reconocimiento mutuo” (Fichas temáticas de la UE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de quitar la razón al tribunal belga que se negó a ejecutar la orden de detención y entrega que había dictado el juez Llarena contra Lluís Puig Gordi (el caso de Puigdemont va por otro camino). Esto no es en principio una condena al tribunal belga, pero bien podría interpretarse como tal, pues en este caso no se ha dado colaboración alguna, a la que todos los Estados miembros están obligados, y se ha violado el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones de los tribunales. 

Voy a tratar este tema de una forma un poco superficial, es decir sin entrar en el fondo de la cuestión, porque se trata de un tema jurídico un poco especial. ¿Por qué el tribunal belga no colaboró con la justicia española cuando estaba obligado a hacerlo? ¿Por qué no consultó al tribunal español antes de desautorizar a la justicia española?

¿Por qué no recurrió al Tribunal de Justicia de la UE con una cuestión prejudicial? Estos son tres pasos que debería haber dado el tribunal belga antes de negarse a la petición del juez de otro Estado miembro.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LOS JUECES

Cuando hay alguna duda sobre la interpretación de la legislación de la UE, todo tribunal está obligado a pedir la opinión del Tribunal de Justicia de la UE. Esto es lo que se califica como formular una cuestión prejudicial.

Y el juez Llarena es lo que ha hecho en vista de que la justicia belga se negó a acceder a la petición de entrega y es lo que debería haber hecho el tribunal belga, de quien lo mínimo que se puede decir es que adoptó una posición de soberbia a sabiendas de que otro juez defendía lo contrario, permitiéndose el lujo de decir que el Tribunal Supremo español no era competente para solicitar la detención y entrega.

Pero no es esta la única anomalía frente a la justicia española. Más incomprensible que la negativa del juzgado belga, son los improperios y las descalificaciones que algunos políticos, incluso del gobierno español, se permiten lanzar contra los jueces españoles.

Menos mal que la calidad científica y jurídica de esos políticos está por los suelos, porque, si no, el tribunal belga tendría un argumento irrefutable en qué apoyar su negativa y para defenderse ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Éste ha puesto las cosas en su sitio, aunque también podría haberlo hecho de una forma un poco más contundente.