La “Asociación por un IBI Real” presentó alegaciones al Plan de Ordenación Urbana

Manifiesta que de aprobarse, “llevará el mismo camino que los anteriores PGOU de anulación por los Tribunales de Justicia”.-

La Asociación por un IBI Real ha presentado en el Ayuntamiento de Chiclana, alegaciones al Plan de Ordenación Urbana (POU), señalando que seguirá el mismo camino de los cuatro PGOU anteriores, que fueron aprobados por el Consistorio y con el beneplácito de la Junta que Andalucía, siendo anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratificado por el Tribunal Supremo.

La Constitución española atribuye el carácter de derecho fundamental a la participación, establecido en el artículo 23.1, según el cual “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”.

Denuncia esta entidad social que “sin participación no hay democracia”, y el documento elaborado por el equipo redactor del arquitecto Fustegueras y su director, el alcalde  José María Román, “carece de una falta total de compromiso, sobre el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el modelo de la ciudad que queremos los habitantes de Chiclana para los próximos 50 años, pues no cuenta el planeamiento urbanista que se presenta a información pública, con la suficiente participación ciudadana de los vecinos y entidades sociales y vecinales de la ciudad”.

Sobre la  importancia de la participación ciudadana en el proceso, señala que su inclusión en la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial, “representa algo fundamental para fortalecer los procesos  democráticos de planeación sobre la gestión pública del territorio y permite dar respuesta a las necesidades más próximas que  identifican las personas que  viven en él”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana “es la intervención en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es un legítimo derecho de los ciudadanos y para facilitarla se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos, que propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad, hagan llegar su voz y propuestas a todos los niveles”.

El término participación social o ciudadana puede ser conceptualista desde diferentes perspectivas teóricas. Así, puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, por ejemplo: la participación democrática también puede referirse a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya superación se necesita impulsar la participación

En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común: una mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, los cuales influyen en políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen.

Una ciudadanía bien informada sobre los problemas de la comunidad, podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos en favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación ciudadana, pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante es una sociedad justa en todos los sentidos.

CONTAR CON TODO EL SECTOR ECONÓMICO

El planeamiento se constituye en la pieza clave del sistema, aporta el elemento necesario de racionalización global del territorio y constituye el núcleo esencial del Derecho Urbanístico, ya la Exposición de Motivos de la Ley del 56 lo evidenciaba al establecer que “el planeamiento es la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana”; es el instrumento llamado a establecer el diseño espacial de los distintos usos con incidencia territorial, definiendo y configurando el marco físico en el que ha de desarrollarse la convivencia humana.

Nuevamente, “observamos cómo se sigue cometiendo el mismo error por el equipo redactor del POU”, en relación al aspecto formal sobre la participación de la ciudadanía y de sus entidades asociativas, en el planeamiento urbanístico de la ciudad y sobre el modelo de ciudad que queremos sus habitantes. Cuestión que los diversos tribunales de Justicia, fundamentaron ampliamente en sus múltiples sentencias en todos los PGOU anulados hasta la fecha.

Reitera la Asociación por un IBI Real, que “si se hubiese tenido en  cuenta nuestra petición del 14 de septiembre de 2020, de constituir la figura de coordinación que puede existir para la elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico, es la elaboración transparente, real y efectiva de un plan de participación ciudadana, a través de la creación de una COMISION LOCAL DE URBANISMO”.

Órgano de carácter exclusivamente local, donde se incorpore la perspectiva de género y demás dotación presupuestaria, estaría formado por no sólo la Asociación de Empresarios, sino el resto del sector económico, es decir, la Asociación Chiclanera de Hostelería y la de Comerciantes.

EMPRESARIOS Y TRES ENTIDADES AFINES AL PSOE

También representación del sector vecinal a través de sus correspondientes Federaciones; asociaciones sociales, incluidas las del IBI; representación de las organizaciones ecologistas, deportivas, etc. Es decir, donde esté presente todo el tejido asociativo más representativo de la ciudad. El nuevo modelo de ciudad que queremos, “debemos diseñarlo TODOS y no una minoría como se pretende”.

Afirma esta entidad que “lo que no es de recibo es que el Ayuntamiento confeccione un nuevo plan contando, exclusivamente, con la participación de los empresarios de Chiclana, y tres asociaciones vecinales afines al PSOE”.

Sigue diciendo  la Asociación por un IBI Real que “para aquellos que conocemos la historia del urbanismo en Chiclana de los últimos 40 años, y de la situación creada por los diferentes alcaldes que han okupado el sillón, en todo el territorio y no solo en el litoral costero, los niveles de especulación del suelo ejecutados se encuentran a la vista si comparamos con la correspondiente cartografía de cómo era la Chiclana de antes y la actual hoy”.

Todo ello, “con la participación en exclusiva del empresariado local y promotores foráneos”. Nuestro Ayuntamiento “nunca ha contado con sus organizaciones vecinales o sociales ni de ningún otro tipo, en las elaboraciones de los diferentes PGOU realizados, siendo TODOS los hechos hasta hoy, anulados por los tribunales, convirtiéndose Chiclana en el hazmerreír de toda España y fuera de ésta. Son más de 30 años sin contar con un Plan General de Ordenación Urbanística. Creemos que Chiclana debe estar incluida en el libro Guinness de los récords”.

BUITRES DE LA ESPECULACIÓN

Sabido es que “la mayoría de los grandes conflictos urbanísticos que padecemos, hemos padecido y padecerán las futuras generaciones”, han sido provocados siempre por éstos “buitres de la especulación”. Un número de empresarios de este ámbito de la economía, “son los que lo fomentan”.

En casi todos los casos donde haya habido una “corrupción política”, los instigadores de ellos han sido y siguen siendo, los empresarios urbanísticos. Los fuertes intereses económicos que se mueven en ese mundillo, no tienen contrapoder alguno que, en plano de igualdad, “los controle” y, por ello, éstos se sienten fuertes “y con patente de corso como diría un alcalde de la dictadura”.

Y, por eso, “osan hasta con proponer a un empresario de su Junta Directiva, para que haga a la medida, -como el sastre-, un nuevo PGOU con las indicaciones de dicho sector empresarial”.

Obviamente, en ese sector de los “buitres especulativos”, hay siempre “gente interesada de los partidos políticos, y cuando se intenta dejarlos fuera, saltan en contra dado que desean sacar tajada del mismo, porque estas organizaciones políticas tienen en su seno a socios del sector inmobiliario y, por tanto, intereses en que ciertos suelos sean calificados como urbanizables, en lugar de rústico o urbanizables no consolidados o de protección especial”.