Cientos de jueces y fiscales se concentraron ante el Tribunal Supremo contra las reformas del Gobierno de España

Si no las retiran llevarán a cabo una huelga en toda España del 1 al 3 de julio, “en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho y de las condiciones profesionales de jueces y fiscales”.

Tras el masivo seguimiento del paro llevado a cabo en todos los juzgados de España el pasado 11 de junio, y la firme respuesta de las carreras judicial y fiscal frente a las reformas legislativas actualmente en tramitación, las asociaciones convocantes del mismo -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales-, acordaron nuevas medidas de movilización. La primera fue una concentración ayer sábado ante el Tribunal Supremo.

Todas ellas “dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al marco constitucional y democrático, como no puede ser de otra forma, por parte de quienes somos actores principales dentro de un Estado de Derecho, que ha de desenvolverse con pleno respeto a los estándares que exige nuestra integración, en un modelo europeo de convivencia”.

A las 12,30 horas la Plaza de la Villa de París en Madrid se quedó pequeña ante los cientos de jueces, fiscales y ciudadanos que se dieron cita allí, en protesta por las medidas que quiere llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y que ya explicamos cuando se produjo el paro citado anteriormente. 

También se les unieron  el grupo de profesionales en defensa del Estado de Derecho, entre los que se encuentran el Sindicato de la Policía Nacional (CEP), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, los Inspectores de Hacienda del Estado o la Asociación Profesional de Interventores y Auditores del Estado, entre otros.

EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El emplazamiento elegido (Tribunal Supremo) “es profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Este es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras, aprueban sus exámenes”.

Un espacio que representa “la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público, desde los principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico y cargado de significado institucional y cívico”.

Era una concentración estrictamente institucional, “al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho”.

HUELGA EL MARTES 1, MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 DE JULIO

En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio. Esta decisión se adopta “dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada”.

De no producirse esta, la huelga se llevará a cabo “como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales”.

Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, los convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho.

AGENDA INSTITUCIONAL

Paralelamente a estas movilizaciones, “seguimos desarrollando una intensa agenda institucional, que incluye reuniones tanto con grupos parlamentarios como con operadores jurídicos relevantes, con el fin de trasladar nuestras preocupaciones y reiterar la exigencia de paralizar las reformas legislativas”.

Las reuniones programadas fueron con el Grupo Parlamentario Socialista (Congreso de los Diputados), Grupo Parlamentario Popular (Congreso de los Diputados, Presidenta del Consejo General del Notariado (sede institucional) y el Grupo Parlamentario VOX (Congreso de los Diputados).También se cursaron solicitudes a todas las formaciones parlamentarias, de las que esperaban respuesta: “Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo institucional, con el objetivo de preservar la integridad del sistema judicial”.

INTERLOCUCIÓN EUROPEA

En cuanto a la estrategia internacional de defensa del Estado de Derecho, estas asociaciones profesionales han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea. Manifiestan que “hemos subrayado la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial”.

Esta doctrina establece que “Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía”.

Las reformas propuestas “vulneran dicho estándar europeo, al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español. Asimismo, hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso”.

Estas actuaciones “reflejan nuestro compromiso firme, sereno y unitario con la defensa de una Justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos. Contamos, una vez más, con vuestro apoyo activo. La defensa del Estado de Derecho y de nuestra función institucional como jueces y fiscales exige la máxima implicación”.