“Ecologistas en Acción de Cádiz” vuelve a resaltar la insolvencia de las Banderas Azules

“La adjudicación de este galardón no significa calidad ambiental ni calidad de las aguas de una playa, solo servicios turísticos”.-

Este año las playas de la provincia de Cádiz han recibido 32 banderas azules, una más que el año pasado, pero Ecologistas en Acción Cádiz ha resaltado una vez más la insolvencia de estos galardones. Entre las playas distinguidas se encuentran La Barrosa y Sancti Petri en Chiclana.

Dicen los ecologistas que “de nuevo debemos salir al paso de la publicación del informe de Banderas Azules de este año, por no reunir los requisitos mínimos de rigor, solvencia e independencia. Se trata de galardones fraudulentos, enfocados meramente a resaltar el reclamo turístico de las playas elegidas”.

Esta concesión se creó en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se amplió en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvención de la Comisión Europea. Adeac (Asociación de EducaciónAmbiental y del Consumidor) es la entidad que gestiona las banderas en España, “pero nadie fuera de nuestro país le da un valor especial, porque no es un sello que un turista asocie a excelencia”.

Las Banderas Azules “hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE; son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas, aunque cuenten con la complicidad de gobiernos autonómicos y locales”, afirma Ecologistas en Acción.

DIEZ PLAYAS QUE NO DEBERÍAN RECIBIR ESTE GALARDÓN

Agrega que las analíticas de la Consejería de Salud en las que se basan estos “seudogalardones”, solo identifican “microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar otras sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados. El impacto del Cambio Climático y su efecto erosivo en las playas es ignorado”.

Inciden en que se trata de galardones que carecen de cualquier credibilidad: “Se basan en meros aspectos turísticos, no realizan inspección rigurosa alguna y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas”. Solo indican la existencia de servicios para los bañistas, “pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de estos frágiles sistemas costeros”.

Este tipo de premios “no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas, que últimamente se extienden a puertos deportivos y embarcaciones turísticas”.

Como ejemplo de incoherencia y falta de rigor en esta concesión, este año, al igual que en 2025, “hay por lo menos diez playas gaditanas con Banderas Azules que no debieran exhibir este galardón”. La Costilla, en Rota, sufre vertidos puntuales, y sobre todo en la playa de Rompidillo-Chorrillo. La del Puntalillo alberga chiringuitos playeros en el mismo cordón dunar, una playa que debe ser natural en vez de urbana.

LA BARROSA, CHIRINGUITOS EN LAS DUNAS Y DESPARRAME URBANÍSTICO

La Ballena, en Chipiona, por no respetar su cordón dunar, sometido a pisoteo, y por recibir del arroyo Chapitel aguas sucias. Fuentebravía, en El Puerto de Santa María, por haber construido edificaciones en la misma playa y tenerse que alimentar de arena de forma artificial. Esta playa estuvo cerrada hace seis años por contaminación de aguas fecales.

Cortadura, en Cádiz, por sufrir un Eurovelo desde El Chato hasta Torregorda, que sepulta el sistema dunar, innecesario y con aterramientos constantes. Santa María del Mar, también en Cádiz, padece desde hace años el impacto de un emisario de aguas pluviales mal ejecutado y en permanente erosión: “Seguimos esperando que la Junta de Andalucía ejecute las obras necesarias para la reparación del colector”.

La Barrosa, en Chiclana, “por el desparrame urbanístico que arrastra este municipio, con la saturación de una playa que ha sobrepasado su capacidad de carga, y chiringuitos en pleno sistema dunar”. Sancti Petri, también en Chiclana, que soporta todos los veranos con el Concert Music Festival “una acumulación de coches, unida a la contaminación acústica y lumínica, insostenibles”.

Roche, en Conil, con una depuradora privada solo con tratamiento primario, sin licencia de vertido y con un emisario submarino sin la longitud preceptiva; una situación crónica, a la espera de que una nueva estación de bombeo conecte con la prevista nueva depuradora de Conil.

SOLUCIONAR LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR Y DEPURAR LAS AGUAS

El Palmar, en Vejer, atestado de urbanizaciones ilegales, 2.500 viviendas irregulares o ilegales y total ausencia de depuración de aguas de las viviendas ilegales. Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de Barbate, con un proyecto urbanístico, Sierrezuela Playa, recalificando 262.463 m² (casi la misma extensión que el pueblo actual) en la parte derecha de la desembocadura del Río Cachón. 

Este proyecto pretende construir 107 viviendas o apartamentos turísticos de lujo en terrenos rústicos, clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural. Además, la Junta prohibió el baño en la playa en julio de 2024 por vertidos residuales de la depuradora de Atlanterra en 50 metros a cada lado del vertido. 

Getares, en Algeciras, porque sufre una crónica pérdida de arena, siendo realimentada artificialmente, además de sufrir vertidos cuando los bombeos no funcionan. Recurrentemente se ve inundada por mareas de algas invasoras que impiden el baño y el disfrute tranquilo en la arena. 

Las playas de San Roque, Alcaidesa-El Faro y Cala Sardina, con valores ecológicos notables, están siendo invadidas por aparcamientos y chiringuitos, desnaturalizándolas sin remedio. Manifiesta Ecologistas en Acción Cádiz que “emplazamos a los municipios litorales a que no pierdan el tiempo (y el dinero) persiguiendo estos falsos galardones y se afanen en hacer frente a los dos máximos desafíos para nuestras playas: ofrecer soluciones a la subida del nivel del mar y demás consecuencias indeseables del Cambio Climático, y depurar íntegramente todas las aguas residuales que van a parar al mar”.