“Bomberos Unidos” solicita la paralización de las obras del Parque de Bomberos de Chiclana, hasta que se justifique técnicamente su seguridad

Denuncia los problemas que tiene la estación de Pelagatos y el pasotismo municipal y del Consorcio de Bomberos al respecto.-

La agrupación Bomberos Unidos, con mayoría social en el Consorcio de Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC y conformada por las centrales sindicales SBC, SAB y CSIF, solicita la paralización cautelar de las obras previstas del Parque de Bomberos de Chiclana, hasta que se justifique técnicamente su seguridad por parte del Ayuntamiento y el Consorcio.

Bomberos Unidos piden dicha paralización hasta que acrediten, “con informes técnicos serios y por escrito, que la reforma proyectada corrige los problemas esenciales de seguridad, salubridad y prevención de riesgos laborales, que han generado multitud de requerimientos de la Inspección Provincial”.

La agrupación advierte que los parques conocidos oficialmente como modelo Doble Negativo, “parecen haber sido bautizados con una sinceridad involuntaria: doblemente negativos, porque resultan negativos para la salud de los bomberos que trabajan y descansan dentro de ellos, y negativos para la ciudadanía, que merece instalaciones seguras, eficaces y plenamente operativas para un servicio esencial”.

Bomberos Unidos recuerda que estos modelos “no cumplían adecuadamente ni antes del Código Técnico de la Edificación (CTE) ni después. La excusa de que son parques anteriores al CTE, no puede servir para tapar una realidad básica: antes ya existían exigencias de separación entre cocheras y zonas de estancia, y después esas exigencias se han reforzado”.

TRIPLE RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Afirma este sindicato que “una cochera con vehículos diésel no puede funcionar como si fuera una dependencia más del edificio, comunicada con zonas de descanso, oficinas o permanencia del personal, sin captación eficaz de emisiones ni separación suficiente”.

La organización ha solicitado a los Ayuntamientos afectados la justificación técnica sobre dos cuestiones muy concretas: la exposición del personal a contaminación procedente de motores diésel y la existencia de una única salida en sectores de incendio. Hasta la fecha, “nadie ha dado una respuesta material y motivada. Ese silencio preocupa especialmente cuando están a punto de ejecutarse obras que podrían maquillar el edificio sin corregir los riesgos de fondo”.

Asegura Bomberos Unidos que “el Ayuntamiento de Chiclana es triplemente responsable desde 2003: Primero aprueba en Junta General la construcción de esos parques como miembro del Consorcio; después concede licencia, por lo que parece, sin revisar exhaustivamente el proyecto, y en tercer lugar tiene la propiedad dominical del inmueble y está en cesión al ente instrumental CBPC”.

Para más abundamiento “ahora consiente una reforma cosmética sin atender los requerimientos de la Inspección Provincial (recordemos que el Ayuntamiento de Chiclana sigue siendo miembro del CBPC)”. Bomberos Unidos teme que “algunas de estas deficiencias se hayan intentado justificar históricamente, en la especial cualificación profesional de los bomberos”.

EL BOMBERO NO ES INNÍFUGO NI RESPIRA HUMO SIN PELIGRO

Señalan así mismo que “agradecemos el halago, pero el argumento es tan absurdo como decir que no se invierte en infraestructura de aislamiento de infecciosos en un hospital” porque el “…personal está altamente cualificado para la lucha contra el fuego”, cita textual de uno de los parques construido más recientemente (2017), sustituir “fuego” por “virus”.

“¡¡¿¿ES O NO ES ABSURDO??!! Por muy bombero que uno sea, no es ignífugo por naturaleza, no respira humo sin consecuencias ni es inmune a los contaminantes del diésel”, agregan los sindicalistas, incidiendo en que “saber apagar fuegos no convierte una cochera contaminada en un espacio salubre, no sustituye una salida de evacuación y no reemplaza una medida colectiva de protección que la normativa exige para todos, también para quienes se dedican a proteger a los demás”.

Por todo ello, Bomberos Unidos considera “irresponsable seguir adelante con una reforma que no aclare previamente si el edificio cumple las condiciones mínimas exigibles para un centro de trabajo con guardias de 24 horas, zonas de descanso y vehículos diésel en el mismo inmueble”.

La petición es clara: “Paralizar, justificar técnicamente y corregir de verdad. No se trata de bloquear una mejora necesaria, sino de impedir que se gaste dinero público en una reforma que deje intacto el problema principal”.

MEDIDAS QUE TOMARÁN SI EMPIEZAN LAS OBRAS

Destacar que el Ayuntamiento no ha respondido a los escritos enviados desde hace tres años, en los que les pedía información sobre todo esto. Y en el caso de que las obras se iniciaran sin haberse resuelto de forma expresa y motivada las cuestiones planteadas, o si se mantuviera la falta de respuesta material sobre los escritos presentados desde 2023, esta parte valorará “el ejercicio inmediato de las acciones que procedan en Derecho”.

Entre ellas “la interposición del recurso contencioso-administrativo que corresponda, ya sea frente a la desestimación expresa o presunta, frente a la inactividad administrativa o frente a la actuación material que pudiera ejecutarse sin título habilitante suficiente, con solicitud de medidas cautelares o cautelarísimas si la urgencia lo justificara”.

También la formulación de nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “a fin de que verifique la compatibilidad de las obras proyectadas con los requerimientos vigentes y con las condiciones mínimas de seguridad y salud del personal destinado en el parque”.

También la presentación de queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, “por la falta de resolución expresa y por la eventual pasividad administrativa ante deficiencias de seguridad y salubridad comunicadas reiteradamente”, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Fiscal, “si de la documentación obrante resultaran indicios de alteración consciente de datos relevantes en expediente público, especialmente en relación con la fecha real de construcción, ocupación o puesta en servicio del inmueble”.

Otra acción sería la comunicación a la Cámara de Cuentas de Andalucía, “a efectos de que valore la procedencia de fiscalizar la racionalidad, motivación y suficiencia técnica del gasto público comprometido en una reforma que pudiera no abordar las deficiencias principales del inmueble”.