Bomberos Unidos exigen la dimisión del gerente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por graves irregularidades

Acusan a la Diputación de conocerlas y no hacer nada al respecto.-

La agrupación de funcionarios Bomberos Unidos, formada por las centrales sindicales CSIF, SBC y SAB exigen la dimisión del gerente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), “por lo que consideramos, como mínimo, graves irregularidades, en pagos de guardias de fines de semana no presenciales (más de mil euros en algunos casos), infracotizaciones, que afectan a nuestras pensiones y en temas de contratación”.

Aportan también la resolución de la Inspección Provincial a la denuncia que se interpuso por parte de la Junta de Personal del CBPC, por un presunto fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. La opacidad sobre las guardias localizadas, infracotizaciones y servicios recurrentes prestados por mercantiles sin contrato público, “justifican una actuación inmediata”.

Bomberos Unidos, plataforma que representa al 70 % de la plantilla funcionarial del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, exige a la Diputación y al presidente del CBPC que promuevan el cese inmediato del actual director-gerente: “En mayo de 2025 solicitamos una respuesta a una cuestión elemental: si las guardias de localización son voluntarias u obligatorias y cuál es su regulación”.

PRESTAR SERVICIO AL CBPC SIN CONTRATO PÚBLICA

Comenta esta agrupación de funcionarios que “diecisiete meses, dos escritos y varios compromisos institucionales después, el CBPC continúa sin responder con claridad. Su posición sigue siendo que la obligatoriedad dependerá del momento y de quién solicite no realizarlas”.

Agregan que “no aceptamos que una Administración pública determine las condiciones laborales según quién pregunte o según convenga en cada momento. Mucho menos cuando el director-gerente percibe retribuciones relevantes vinculadas a esas localizaciones. Esta circunstancia exige máxima transparencia y la acreditación completa de las cantidades abonadas y de los criterios aplicados”.

A ello se añade otro hecho especialmente grave: “Hemos constatado desde Bomberos Unidos que, presuntamente, determinadas mercantiles venían prestando servicios sin contrato público. Hemos comprobado que al menos una empresa prestó al CBPC servicios esenciales y recurrentes antes de que, en 2020, aparezca su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público”.

LA DIPUTACIÓN LO SABE, PERO NO ACTÚA

Continúan diciendo que “no se trata de una necesidad puntual o imprevisible: debe aclararse qué cobertura contractual existió, cuánto dinero se abonó y mediante qué procedimiento”. Señalan que la Diputación “no puede alegar desconocimiento. Mediante el expediente CC/2010/2021 contrató expresamente la auditoría de las cuentas anuales de sus entes instrumentales, incluido el CBPC”.

Además, los artículos 29.3.A y 36.2 del Real Decreto 424/2017 obligan a realizar anualmente estas auditorías y a publicar sus informes en la sede electrónica: “Ya hemos reclamado esa documentación por transparencia. No pedimos un favor, exigimos el cumplimiento de una obligación legal. Si las auditorías se realizaron, publíquense. ¿Por qué siguen sin estar accesibles?”. Finalmente, la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social entre 2021 y 2025.

Estas infracotizaciones han afectado a las bases reguladoras y, por tanto, a las futuras pensiones de estos profesionales. Bomberos Unidos estima que las cantidades no cotizadas son de aproximadamente 450.000 euros: “La responsabilidad de gestión no puede seguir diluyéndose. Exigimos que los representantes de la Diputación soliciten una Junta General extraordinaria del CBPC y sometan a votación el cese del director-gerente. La Diputación conoce los hechos. Ahora debe decidir si protege la legalidad y a los trabajadores o continúa sosteniendo esta forma de gestión.