La “Plataforma Por un Catastro Justo y un IBI Moderado” y el PAUTIE convocan una manifestación para el próximo 7 de agosto
“Que nadie pague el IBI todavía, tienen hasta el 19 de noviembre y antes hay que arreglar esta situación”En la reunión mantenida en la sede del PAUTIE hace dos días entre este partido de los autónomos y la “Plataforma Por un Catastro Justo y un IBI Moderado” se llegó a la conclusión de que “ya no tenemos ninguna confianza en el pacto que hizo esta plataforma con las concejalas Manuela Moreno y Cándida Verdier”, por lo que han convocado para el próximo 7 de agosto, sábado, una manifestación que tendrá el mismo recorrido que la de la Plataforma vecinal contra las ordenanzas.
El pasado martes publicábamos la indignación del PAUTIE sobre el aumento del IBI en muchos de los recibos presentados por el Ayuntamiento cuando el año anterior se habían comprometido las concejalas socialistas, Manuela Moreno y Cándida Verdier, a congelar este impuesto así como el de circulación de vehículos y vados a cambio de que el de 2009 quedara como estaba.
Por ello, en la tarde del pasado martes se celebró en la sede del PAUTIE una reunión entre este partido y miembros de la “Plataforma Por un Catastro Justo y un IBI Moderado”, en la que analizaron lo sucedido. Tras varias horas de estudio decidieron para hacer cumplir dicho pacto llevar a cabo “todas las movilizaciones que hagan falta para obligar al Partido Socialista a que cumplan los pactos, y aconsejamos a los chiclaneros y visitantes que esperen a pagar el IBI más adelante, ya que tienen de plazo hasta el 19 de noviembre.
Por tal motivo PAUTIE y la Plataforma han decidido convocar una manifestación para el día 7 de agosto, sábado, con salida desde la Plaza de Toros y discurriendo por la Avenida de la Diputación, Doctor Pedro Vélez, Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, calle La Plaza y finalizando en la Plaza de las Bodegas, donde se leerá un manifiesto.
“Desde este momento –manifiestan ambas entidades- rogamos a todos los chiclaneros y visitantes que se unan a esta manifestación y en particular a las familias que residen en el campo, pues ellos son los más afectados (parece que les atacan más, quizás por lo de la regularización), porque este equipo de José María Román es incumplidor de lo que firma y acepta y ahora se niega a llevarlo a cabo”.
Según el PAUTIE y la Plataforma “esto se llama mentir, no tienen vergüenza política, no son honrados, son unos mentirosos y los chiclaneros y visitantes no queremos a un gobierno que miente y a la vez que pacta no cumple los pactos”.
Afirman que Román “no se merece gobernar a los chiclaneros, ni usted ni su equipo, váyanse y no perjudiquen más a los ciudadanos”, exigiéndole que “devuelvan el dinero que le han cobrado de más a los contribuyentes con engaños y artimañas”.
También quieren invitar a todas las Áreas de Gestión Básicas, “pues ellos son los más perjudicados, por lo que hay que salir a la calle porque son unos incumplidores y mentirosos”.
cuenta con migo, a mi me han cobrado mas que el año pasado y si lo que dices es cierto, y creo que loes, es para montarle una manifestación. Yo se que las manifestaciones lo ponen nerviosos, la de los parados les ha preocupado, asta el punto que ha amenazado con no darles mas trabajo a jente de la plataforma. Viva la democracia de los governanates chiclaneros y sus apéndices.
ResponderEliminarlo de la veneno y la verdier es pa corrarlas a echarlas. que vergüenza de concejalas. Seguro que los empresarios no diran nada, ni los comerciantes. a ver si de una vez los echamos del ayuntamiento porque no cumplen ni en cosas tan simples como estas.
ResponderEliminarSi apoyan los de la plataforma vecinal seguro que la manifestación será un éxito. Hay que salir a la calle a decirle Basta! al peligroso.
ResponderEliminarEl mundo al revés: un grupo de vecinos ha creado un partido político para legalizar las tropelías urbanísticas que ellos mismos han cometido.
ResponderEliminarLa noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los partidos son instrumentos para la defensa del bien común, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.
Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (Cádiz), una población de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas más de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del próximo año algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urbanístico.
El caso de Chiclana no es único. La Junta tiene contabilizadas más de 300.000 construcciones ilegales en Andalucía. Marbella (16.500), la Axarquía (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urbanístico.
Vecinos sin escrúpulos han levantado casas y chalés, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se debería haber hecho al día siguiente de iniciar su construcción) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condición de que paguen una ridícula cantidad de dinero, comparada con el daño irremediable hecho al medio ambiente.
No deja de ser un agravio, también, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.
Los responsables políticos municipales han hecho la vista gorda ante tamaño despropósito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarquía malagueña, imputados por consentir esas violaciones de la legislación vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la vía penal. En su día, el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió que la Junta suspendiera la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas. La delegada de la Junta, María Gámez, le respondió que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".
¿Se podría haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Interés Cultural, la Junta presentó al Ayuntamiento de Córdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y según un informe de la Oficina Técnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de Cádiz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscalía denuncia que, tras los procesos de regularización de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".
Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropelías sean financiadas con fondos públicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".
Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan políticamente. La cuestión es si derechos tan sagrados como el de manifestación o el de representación política pueden ser utilizados para indultar actuaciones ilícitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.
¿para cuando el peligroso y compañia será juzgados por dejación del poder?miguel cuanto te ha pagado el peligroso?
El mundo al revés: un grupo de vecinos ha creado un partido político para legalizar las tropelías urbanísticas que ellos mismos han cometido.
ResponderEliminarLa noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los partidos son instrumentos para la defensa del bien común, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.
Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (Cádiz), una población de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas más de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del próximo año algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urbanístico.
El caso de Chiclana no es único. La Junta tiene contabilizadas más de 300.000 construcciones ilegales en Andalucía. Marbella (16.500), la Axarquía (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urbanístico.
Vecinos sin escrúpulos han levantado casas y chalés, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se debería haber hecho al día siguiente de iniciar su construcción) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condición de que paguen una ridícula cantidad de dinero, comparada con el daño irremediable hecho al medio ambiente.
No deja de ser un agravio, también, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.
Los responsables políticos municipales han hecho la vista gorda ante tamaño despropósito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarquía malagueña, imputados por consentir esas violaciones de la legislación vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la vía penal. En su día, el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió que la Junta suspendiera la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas. La delegada de la Junta, María Gámez, le respondió que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".
¿Se podría haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Interés Cultural, la Junta presentó al Ayuntamiento de Córdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y según un informe de la Oficina Técnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de Cádiz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscalía denuncia que, tras los procesos de regularización de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".
Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropelías sean financiadas con fondos públicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".
Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan políticamente. La cuestión es si derechos tan sagrados como el de manifestación o el de representación política pueden ser utilizados para indultar actuaciones ilícitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.
¿para cuando el peligroso y compañia será juzgados por dejación del poder?miguel cuanto te ha pagado el peligroso?