El PVRE envió una carta a la Junta dando cuenta de la anulación en el pleno de marzo de lo aprobado en febrero sobre las Normas Sustantivas

“Las premuras no son buenas consejeras”.-

El Partido Vecinal Regionalista ha enviado una carta al director general de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Daniel Fernández, en la que manifiesta que ha tenido conocimiento de la carta que éste remitió el pasado 15 de febrero, a Arantzazu Montero, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, sobre las Normas Sustantivas.

Dicen en la misiva que la localidad se encuentra en el proceso de elaboración de unas normas sustantivas, de carácter transitorio y excepcional, “en el que su Dirección General está colaborando activamente con la Gerencia Municipal de Urbanismo”.
A dichas normas sustantivas se han presentado más de 4000 alegaciones por parte de ciudadanos de este municipio, “que veían afectados, de manera importante, sus intereses por el procedimiento y/o contenido de dicha normativa”.

A la vista de dichas alegaciones, se solicitó el pasado 14 de febrero a esa Dirección General, por el alcalde, Ernesto Marín, del Partido Popular, que a través de las Normas Sustantivas se eliminase la protección de los suelos no urbanizables de las Normas Subsidiarias. Esta postura del regidor “ha sido también la mantenida y defendida por el PSOE, así como por el PVRE, lo que sí daría lugar al total acuerdo de la corporación y a lo que usted hacía mención en su carta”.

El pasado 23 de febrero, en el pleno, “se aprobó, de manera democrática, continuar con la línea de actuación, en cuanto a la aprobación de las normas sustantivas, descritas anteriormente, esto es, eliminar las protecciones urbanísticas de los suelos no urbanizables”.

A la vista de que esa eliminación de las protecciones urbanísticas, “ralentizaría enormemente la aprobación de dichas normas, debido al obligado trámite de información pública y a la obtención de informes sectoriales correspondientes”, añadiendo que el equipo de gobierno del Partido Popular, con 11 concejales, junto a los 2 concejales de la agrupación de Izquierda Unida, “deciden aprobar en el pleno del pasado 30 de marzo un simple escrito del alcalde, fechado el 16 de marzo del presente, en el que anulan lo aprobado en el pleno del 23 de febrero y que era el sentir, casi unánime, de todos las fuerzas políticas de la Corporación Municipal”.

NO APROBAR LAS NORMAS SUSTANTIVAS

“No importan los perjuicios e injusticias que puedan afectar a los ciudadanos de Chiclana afectados por dichas normas sustantivas –sigue diciendo el PVRE- ni tampoco se tienen en cuenta las más de 4000 alegaciones presentadas a las mismas. Para el equipo de gobierno, lo importante es tener unas normas urbanísticas, lo más rápidamente posible, cueste lo que cueste y aunque no sean las más idóneas para la ciudad”.

Las premuras “no son buenas consejeras ni en política ni en la elaboración de legislación.
Por ello, es nuestro deber informarle que dicho escrito ha sido aprobado bajo mínimos, 13 concejales de los 25 existentes. Y lo que es peor, que el gobierno municipal actúa en contra de sus convicciones, pues aun habiendo solicitado a su Dirección General la eliminación de las protecciones en dichas normas, es capaz de renunciar a lo solicitado con tal de tener esas normas ya”.

Este partido comenta que “esa no es forma de dirigir una ciudad y por ello, estimamos no se deben aprobar unas normas sustantivas que están tan alejadas de la realidad social y económica de nuestra ciudad y en las que existen posturas tan alejadas entre los distintos grupos políticos de la Corporación”.

El Planeamiento Urbanístico de una localidad, dada su importancia y trascendencia, “y teniendo en cuenta la especial problemática en la que se encuentra Chiclana, debe ser fruto, como usted bien dice, del máximo consenso, y eso, lamentablemente, es lo que menos hay en nuestra corporación”.

“Ponemos en su conocimiento –finaliza el escrito- que la anulación de lo aprobado en el pleno del 23 de febrero, por el del pasado 30 de marzo, ha sido denunciado mediante escrito-denuncia ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, habiéndose remitido copia de la misma a esa Consejería”.