IU presentará una moción contra el rechazo al recurso presentado por el gobierno contra el decreto ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda

“Esperamos que el Pleno municipal se retrate con esta moción y se posicione al lado de las familias desahuciadas”.-

Izquierda Unida presentará en el pleno de julio una moción contra el rechazo al recurso presentado por el gobierno central al Tribunal Constitucional contra el decreto ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. Ana Rodríguez, portavoz del grupo municipal, manifestó que “esperamos que el Pleno municipal se retrate con esta moción y se posicione al lado de las familias desahuciadas”.

Agregó Rodríguez que “es importante que el Gobierno de Rajoy deje de apoyar a los bancos y empiece a apoyar a las familias de este país que son los que verdaderamente están sufriendo la crisis”.

En la exposición de motivos hace referencia a la presentación del recurso por el gobierno de Rajoy sobre la inconstitucionalidad contra el artículo 1 por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Reseña IU que el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución Española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad.

“Eso es exactamente el objetivo del decreto-ley –añade IU-, que no haya casas sin gente ni gente sin casas. Al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el decreto-ley”.

INTERESES DE LOS BANCOS

Comenta así mismo IU que “el Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros”.

Aquí, lo que el Consejo de Ministros está defendiendo “no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera”.

El Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley”.

Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía “ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la ONU y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Es decir para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio, en la mayoría de los casos con menores”.

DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

La Consejería ha iniciado ya la tramitación de 7 expedientes de expropiación temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de viviendas “para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social”. De igual modo “está trabajando en la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean”.

Por todo esto, el citado grupo municipal somete a consideración del Pleno que inste al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española.

En otro punto pide que manifieste el rechazo al Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo UNO por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a, de la Ley 1/2010  de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Así como a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril que protege a familias que están es riesgo de sufrir un desahucio.

También pide que inste al Presidente del Gobierno a que se abstenga de presentar dicho recurso “ya que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros. Siendo el Decreto-Ley para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional”.

El penúltimo punto pide que el Pleno anime al conjunto de la sociedad civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y el decreto-ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, dando traslado de los acuerdos, al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.