Injusta justicia

Francisco M. Navas [colaboraciones].-

Aunque estas dos palabras juntas nos puedan parecer opuestas y contradictorias entre sí, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo resume perfectamente en sí misma el título de este artículo.

La justicia en general, aplicada directamente por jueces y magistrados, suele moverse, desde hace siglos, en el seno de unas prácticas y procedimientos complicados, adornados de un lenguaje preciso, aunque farragoso e incomprensible, que no permite al ciudadano de a pie ni siquiera comprender los textos en los que se plasman sus diferentes sentencias.

Como si se tratase de mantener al margen a la gente corriente del significado real de sus considerandos, utilizando equívocamente palabras como “fallamos” cuando se supone que aciertan al formular sus veredictos, y desplazándose lenta e incansablemente como una procesionaria, dando la impresión de que no hay poder político que la saque de ese ostracismo secular ni capaz de acelerar su pulso, la justicia mantiene, con ligeros matices, la misma complejidad y los mismos arcaísmos de los que siempre ha adolecido.

Vivimos en el seno de Europa, y ello comporta que, lo mismo que nos beneficiamos de las ayudas económicas de la Unión Europea, o de las ventajas de pertenecer a un mercado común sin fronteras de casi doscientos cincuenta millones de personas, participemos igualmente y de pleno derecho en todo tipo de instituciones comunitarias: entre ellas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que impide con sus sentencias cualquier tipo de recurso legal.

TORPEZA E INEPTITUD

Este mismo Tribunal avaló en su día la Ley de Partidos Políticos que dejaba fuera de juego a Batasuna, organización más preocupada de seguir a pie juntillas la doctrina de ETA que de participar activa y pacíficamente en la vida política de nuestro país.

¿Dónde está el problema entonces? A menudo se nos olvida que vivimos en una democracia donde existe una división de los poderes del Estado en tres grandes bloques: ejecutivo, legislativo y judicial. A los jueces y magistrados se les  podrá echar en cara la lentitud de sus procedimientos, nuestra disconformidad con sus veredictos, pero ellos no hacen las leyes. Sólo las aplican.

Por eso, cuando estos días atrás se ha pretendido cargar el mochuelo a la Audiencia Nacional o a cualesquiera tribunal que condenase en su día a terroristas por sus actos, probados en juicio, el gobierno de este país no hace otra cosa que demostrar su torpeza y su ineptitud.

Porque él y todos los anteriores saben de más que si no se reforma correctamente el Código Penal, y ninguno de los gobiernos de la democracia parece haber tenido tiempo de ello en treinta y cinco años, da igual que un juez condene a tres mil años a un criminal cualquiera, pues en cualquier caso no cumplirá más de quince en prisión. Sin hablar de las redenciones de pena por “buena conducta”.

Si nuestras leyes penales no hubieran aplicado el principio de retroactividad a muchos terroristas condenados, no nos encontraríamos ahora con este macabro espectáculo desplegado ante los familiares y allegados de esas víctimas, que deberán soportar con lógica indignación un goteo intermitente pero continuo de excarcelaciones.

CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS

Condenas recientes como la del torero Ortega Cano, o en su día la de Farruquito, sembraron el estupor entre la ciudadanía, que no comprende cómo puede costar tan poco quitarle la vida a alguien, voluntaria o involuntariamente.

Y no es menos razonable pedir que si alguien es condenado a treinta años de prisión, cumpla los treinta años, no catorce ni veintidós, y que las penas se ajusten realmente al delito cometido y se endurezcan especialmente cuando entre en juego todo lo concerniente a la vida: hay personas cumpliendo condenas  mayores por contrabando o por tráfico de drogas que las que les corresponderían por haber cometido homicidios o asesinatos.

A menudo se nos olvida que toda la inmensa maquinaria del Estado se debe, en todas sus actuaciones, a la ciudadanía, que no es tonta ni se chupa el dedo. Luego todos sus actos deben ir encaminados a que la honestidad y la honradez prevalezcan sobre la maldad.

La permanente falta de celo de la clase política de este país en el cumplimiento de sus funciones va de la mano de su excelente nivel de vida, de su cinismo social y del blindaje de sus prestaciones personales presentes y futuras.

OPERACIONES DE MAQUILLAJE

No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que, con sólo ponerse al frente de una manifestación, por muy legítima que sea,  no se solucionan los problemas de nuestra justicia. Estaríamos apañados”.

Estas operaciones de maquillaje orquestadas por el gobierno, que se comporta de manera hasta ahora insólita y que no tiene escrúpulos para disimular su incompetencia de esta manera, son igualmente ridículas, como lo del pago en diferido o aquello otro de que, cómo no, Zapatero tiene la culpa de todo.

Desde luego, no creo que ni las Esperanzas Aguirre ni las Anas Botella sean precisamente ejemplos paradigmáticos de posibles salvadoras de España. Me remito a sus impresentables trayectorias políticas.

Aquí hablamos de justicia y aspirar a que la Dama de la Balanza y los Ojos Vendados lleguen a ser verdaderamente justas es lo mínimo que podemos pedirle a nuestros bien pagados, bien cebados y bien alojados padres de la patria. Porque del vaso de su ineptitud y de su negligencia acabaremos bebiendo, tarde o temprano, todos los ciudadanos de este país.