Sanidad autoriza la dispensa de tres nuevos y efectivos medicamentos para luchar contra la hepatitis C

Los afectados llevan mucho tiempo pidiéndolo, ya que cada día fallecen doce personas en España.-

Los enfermos de hepatitis C están de enhorabuena si se cumple lo aprobado por el gobierno central sobre dos nuevos medicamentos para luchar contra esta enfermedad infecciosa: “Simeprevir” y “Sofosbuvir”. Según el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en enero está previsto incorporar uno más, con un índice de curación mucho mayor. Los pacientes llevan tiempo pidiendo estos tratamientos, que son muy caros y que sin la financiación del Estado no sería posible adquirirlos por la mayoría de personas que los necesitan. (FOTO: Marcos Muñoz, de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en la Provincia de Cádiz, con la carta enviada a Susana Díaz).

También han dado luz verde desde el ministerio a otro más: “Daclatasvir”. Será prescrito para el grupo de pacientes que se defina en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT), que establecerá los criterios de acuerdo con las sociedades científicas y las comunidades.

Estos documentos (IPT), contemplan que se administren en los casos más graves, la administración de los dos antivirales conjuntamente, ya que aporta tasas de curación de más del 90%. En la mayoría de los casos (en España hay 800.000 personas infectadas por el virus de la hepatitis C) se mantendrá el tratamiento convencional.

La mayoría de los afectado de hepatitis C en España “son a causa de contagios que se produjeron dentro de nuestra sanidad pública, la misma que hoy nos está negando  el tratamiento que podría poner fin a esta pandemia y que podría evitar por tanto que haya nuevos contagios”, manifiestan afectados andaluces por este virus.

MUY EFICACES PARA EL TRATAMIENTO

Agregan que “diariamente están muriendo en España 12 personas, aun habiendo sido autorizados los nuevos fármacos. Tal es por tanto la urgencia que desde esta Plataforma de Afectados rogamos se haga cargo las autoridades competentes a tal efecto en nuestra comunidad autónoma, en la que seguramente debido a su dimensión territorial, se estén dando la cuarta parte de dichos fallecimientos”.

 Se desconoce el número de fallecidos andaluces y gaditanos. El 4 de diciembre la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, garantizó que en Andalucía “no habrá ninguna persona que tenga hepatitis C que se quede sin el fármaco adecuado por un problema económico”.

“Tenemos conocimiento –afirma la plataforma- de que los nuevos medicamentos son eficaces en cualquier estadio de la enfermedad, por lo que estimamos que es innecesario, perjudicial y denota claramente una falta de ética profesional, que se esté contrastando y mirando con lupa qué o cuáles son los pacientes cirróticos cumplen los requisitos  para dicho tratamiento como si se tratase de oferta laboral”.

Sin embargo, parece ser que según el protocolo actualmente establecido, “se piensa esperar a que tengan que sufrir  un empeoramiento, cuyo dolor más allá del propio enfermo, repercute también a los familiares que estamos en un constante sin vivir y a punto de enfermar de pura impotencia”.

INCOMPETENCIA DEL SAS

Cualquier facultativo sanitario “sabe por experiencia, que la cirrosis en un enfermo de hepatitis C desencadena, inevitablemente, en un agravamiento de la enfermedad que causa muchos daños, tantos físicos como psicológicos. Sabe lo terrible que es el  proceso que puede llevar a la muerte a estas personas. ¿Cómo se permite entonces, habiendo medicamentos que puedan evitar esto, que no se esté prescribiendo y suministrando con carácter urgente?”, se preguntan los afectados.

En esta plataforma hay muchos testigos directos que pueden asegurar  muchos casos de incompetencia del SAS en la provincia de Cádiz. Desgraciadamente, antes de que el fármaco milagroso, que podría salvar muchas vidas, llegue a ser administrado, muchos habrán muerto durante la espera. 

Lo cual “no estamos dispuestos a tolerar y para ello vamos a llevar a cabo todas las acciones legítimas que nos puedan servir para acabar con esta tremenda injusticia que, claramente, está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos”.

Piensan tomar diversas  medidas, penales incluso, apelando al Artículo 196 del Código Penal: “El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años”.

QUEJAS A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

Dice la consejera que “no todas las personas con hepatitis C tienen las mismas características y deja ver que no está por la labor de que todos los enfermos sean tratados del mismo modo, dando pie a que los hepatólogos no prescriban, independientemente de su precio, el medicamento que realmente cura”.

“Por mucho que se quiera argumentar que no hay presupuesto debido a la crisis -asevera la plataforma-, toda la ciudadanía estamos viendo desde hace mucho tiempo que los políticos se están preocupando más por salvar a los bancos que a salvar vidas humanas”.

Estas quejas se las han trasladado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a través de una carta enviada por Marcos Muñoz Rinconada, de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en la Provincia de Cádiz, a través de la delegada provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

VEINTE MIL AFECTADOS EN LA PROVINCIA

La hepatitis C afecta a casi 160.000 andaluces, de ellos 20.000 en la provincia de Cádiz. De nuestra provincia 7.500 de los afectados necesitan la medicación de nueva generación, “Sovaldi”. A finales de septiembre, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, declaró que la citada medicación estaría a disposición de los hepatólogos para recetarlos a aquellos enfermos que lo necesitaran.

Esta enfermedad se ha convertido desde hace años en una pandemia, que se cobra la vida de 12 personas diariamente en España. Las cantidades previstas para combatir esta enfermedad son libradas por el Ministerio de Sanidad en cantidades muy bajas en comparación con el gran número de afectados por esta enfermedad.

Son 125 millones de euros para 800.000 afectados, de los cuales 300.000 necesitan la medicación con carácter urgente, con un coste medio para el tratamiento de 25.000 euros, “lo que deja sin éste a la inmensa mayoría de afectados y sin esperanza de curación mientras su enfermedad empeora”.