El presupuesto municipal de 2015 tuvo un saldo negativo de 11,4 millones de euros

Román espera que los grupos políticos acuerden las medidas para hacer frente a esta situación, antes de que el Ministerio de Hacienda tome cartas en el asunto.-

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, informaron de la gravedad de la situación económica y financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento en estos momentos, ya que liquida el presupuesto del año 2015 con un saldo negativo de 11,4 millones de euros.

Una situación de la que informarán hoy miércoles en comisión informativa a todos los grupos políticos de la corporación, para que tengan conciencia de la gravedad del momento. La intención es que, en el menor plazo de tiempo posible, se puedan aprobar medidas más concretas y llevaderas para afrontar la deuda del Consistorio, antes de que sea el Estado el que intervenga y dichas medidas sean más drásticas.

Desde su llegada al cargo, el equipo de Gobierno ha venido detallando la situación económica del Ayuntamiento y los problemas que se ha ido encontrando, todo ello con informes de Tesorería e Intervención, que mostraban claramente cómo la deuda del Consistorio ha aumentado en los últimos años.

José María Román destacó que según el informe de la Intervención General, el año 2015 se ha cerrado con un saldo acumulado de menos 11,4 millones de euros, cuando el 2014 se cerró con menos 0,99 millones de euros y en años anteriores este saldo había sido positivo.

DATOS PREOCUPANTES

“Estos datos son muy preocupantes –comentó el regidor-, porque se dan después de haber estado tres años aplicando, en teoría, los planes de ajustes para sanear las cuentas de este Ayuntamiento. Se llega a estos números porque no se está cumpliendo el plan de ajuste”.

Estos 11,4 millones de euros suponen un importe difícil de encajar y complicado de recuperar a corto plazo. La bajada del IBI es la que lleva al desequilibrio de las cuentas municipales, porque la previsión era poder ingresar el pasado año 28 millones de euros de esta tasa, pero se ingresaron 17, debido a la disminución llevada a cabo de este impuesto.

A estos números hay que unir el pago en Tesorería de 21,1 millones de euros a final de 2015 y que la previsión de Tesorería a final de 2016 será de 29,3 millones de euros. La situación “va a empeorar este año, siendo ya muy mala en 2015. Es obvia y pone de manifiesto lo que anuncia el interventor en su informe, que esta situación era previsible, porque las medidas previstas en el plan de ajuste de 2012 no se estaban cumpliendo”.

Con estos datos el Ayuntamiento de Chiclana se encuentra, según la Ley, en riesgo financiero, porque lleva dos años consecutivos liquidando el presupuesto del año anterior con saldo negativo y porque el endeudamiento con los bancos supera el 110 por ciento que es límite legal, ya que el Consistorio está en el 125 por ciento.

ELABORAR UN PLAN ECONÓMICO

El interventor deja claro en su informe que “la situación financiera y económica de la entidad ha empeorado notablemente en el ejercicio 2015 y la previsión es que en 2016 se siga en esa línea descendente, si no se toman medidas al respecto”.

Las opciones que tiene la administración son, con carácter preceptivo e inmediato, la elaboración de un plan económico y financiero para trabajar en la reducción del endeudamiento por debajo del 110 por ciento y la obtención saldo positivo en Tesorería. Además, habrá que solicitar el Ministerio de Hacienda la adhesión al fondo de ordenación para obtener los ingresos extraordinarios”, declaró Román.

Teniendo todos estos datos en cuenta y según dice el real Decreto-Ley 17/2014, cuando un ayuntamiento no cumple ninguno de los parámetros mencionados anteriormente se puede acoger al fondo de ordenación, pero esto tiene consecuencias, que son “la reducción de un capítulo del personal en un 5 por ciento, la reducción del capítulo de gastos corrientes de funcionamiento del Ayuntamiento en otro 5 por ciento, que los servicios que presta el Consistorio tienen que estar a precio real en el plazo de tres años y que el IBI suba un coeficiente del 0,6 por ciento.

Dicha Ley también impone que no se puede aprobar ninguna medida de reducción de ingresos y que se tienen que eliminar las subvenciones que se hacen para distintos entes. Por ello, “las consecuencias de continuar en el camino en el que vamos son tan dramáticas, que lo que urge en estos momentos es que, antes de ser intervenidos por el Ministerios de Hacienda, nosotros tomemos decisiones que encaucen el rumbo negativo que tiene el Ayuntamiento”.