Millón y medio de euros de la Junta para reforzar la dependencia en Cádiz

Se amplía por primera vez desde 2012, con un incremento de 109.884 euros y permitirá reforzar el personal y agilizar la atención a las personas dependientes, 73.786,43 para Chiclana.-

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, distribuirá más de 11 millones de euros en Andalucía, de los que 1.512.440,68 euros corresponden a la provincia de Cádiz, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en el desarrollo de competencias en dependencia.

 

Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070 euros en Andalucía, de los cuales 109.884,68 euros se distribuirán en la provincia de Cádiz. Para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, que están pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA). En todos los casos se han garantizado los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad local.

 

Respecto a la distribución de los créditos en la provincia de Cádiz, 177.762,41 euros se destinan al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación de Cádiz le corresponden 284.685,37 euros, 130.040,42 a Algeciras, 45.509 a Arcos de la Frontera, Barbate 40.452,00, Los Barrios 32.919,00, Chiclana 73.786,43, Conil 33.758,00, Jerez 209.085,69, La Línea de la Concepción 90.489,42, El Puerto de Santa María 87.353,72, Puerto Real 42.427,00, Rota 39.887,00, San Fernando 101.422,89, San Roque 41.569,00 y Sanlúcar de Barrameda 81.293,34 euros.

 

ATENCIÓN MÁS RÁPIDA

 

Con este refuerzo será posible la atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así se hace necesario para el ejercicio 2021 con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las Corporaciones Locales andaluzas en la dependencia.

 

Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, y los gastos que se financian son relativos al personal encargado de la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.

 

Dicho personal deberá contar con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.

 

MEDIDAS

 

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, comentó que “la Junta de Andalucía ha puesto en marcha desde el primer momento, cuantas medidas han estado a su alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia, para garantizar su seguridad y protección, manteniendo el empleo asociado en el sector”.

 

Añadió que “estas medidas han estado dirigidas a sostener el sector, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tanto trabajadores como entidades prestadoras de servicios podían sufrir. Se han destinados a financiar a centros de día y residenciales, así como a las entidades locales competentes en la prestación del Servicio de ayuda a domicilio, para minimizar el impacto económico en el sector y en el empleo”.

 

De esta forma, mediante la prórroga de las medidas económicas a medida que la pandemia avanzaba, se ha garantizado la financiación del servicio de ayuda a domicilio y las plazas en los centros de día y residenciales, sin perjuicio de que la prestación del servicio se haya suspendido.

 

La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando a nivel nacional, la propuesta de la constitución de un Pacto de Estado con el objetivo de blindar la dependencia como el derecho subjetivo del que se trata. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Parlamento andaluz, de los sindicatos y del sector de la dependencia.