Podemos denuncia la soberbia del alcalde, “que vuelve a llevar a Chiclana al fracaso urbanístico más absoluto”

Según el Tribunal Supremo, todo lo planes especiales que está aprobando el Ayuntamiento con este PGOU, “serán ilegales cuando dicte la más que probable sentencia anulatoria”.

 

Podemos se ha hecho eco de la determinación tomada en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación del PGOU de Castellón, donde dice que “existe un efecto de nulidad en cascada sobre los planes. Esto quiere decir que todo lo que se haya construido bajo el paraguas de un PGOU anulado, será nulo de pleno derecho desde que se aprobó”.

 

El portavoz del grupo municipal Podemos, Jorge Guerrero, comentó que “estamos ante el enésimo intento de este Ayuntamiento, de conceder licencias y aprobar planes especiales en contra de todos los informes y advertencias”.

 

El Tribunal Supremo es contundente a este respecto y también lo fue en 2016 el prestigioso abogado urbanista, José Manuel Merelo, que advertía que “la anulación de un planeamiento general deja sin cobertura jurídica a los planes aprobados en su desarrollo, determinando su nulidad”.

 

Guerrero asegura que “no solo nos están metiendo en un caos urbanístico y en una inseguridad jurídica manifiesta, sino que están empobreciendo las arcas públicas de manera prevaricada y reiterada. Cada PGOU que no se aprueba cuesta 4 millones de euros, cada sentencia anulatoria condena en costas al Consistorio y a la vez, cada recurso presentado también nos cuesta dinero público”.

 

GASTO DE DINERO PÚBLICO EN ACTUACIONES ILEGALES

 

También hay que pagar “las indemnizaciones correspondientes por los planes especiales aprobados y luego considerados fuera de ordenación, puesto que no se pueden recoger en el marco legal de las Normas Subsidiarias”.

 

Afirma Guerrero que “no podemos dejar pasar por alto que este nuevo varapalo volvió a ser avisado con insistencia por Toniza-Ecologistas en Acción. Estos avisos, estos esfuerzos porque se hagan las cosas bien y de manera respetuosa, son definidas por PSOE e IU como una obsesión porque la ciudad no avance, pero de hecho si se les hubiera escuchado es probable que tuviéramos un PGOU que no se hubiera tumbado, hubiéramos ahorrado millones y no estaríamos en una situación urbanística precaria una vez más”.

 

Mientras tanto, “desde el Gobierno se saca el pecho con la sostenibilidad, como en el acto de los 30 años del Novo Sancti Petri. Hablar de sostenibilidad teniendo en cuenta el absoluto expolio de nuestras costas y la eliminación de los complejos dunares e innumerable vegetación y habitad natural, es una muestra clarísima del cinismo de los depredadores de lo que es de todos. Exigimos respeto y tener una actitud y una posición más dialogante que nos encamine a una Chiclana de futuro”.

 

Guerrero acusa al Consistorio “de utilizar una estrategia a todas luces muy arriesgada, rozando la prevaricación, utilizando los recursos de casación para ganar tiempo para desarrollar el Plan pero que, finalmente, solo habrá servido para vender más humo con este asunto y tirar cientos de miles de euros de dinero público que solo benefician a la empresa que elabora el Plan, puesto que el Ayuntamiento, con sus técnicos, no es capaz de elaborarlo”.

 

SIN DERECHOS BÁSICOS

 

Tanto es así “que ha contratado, sin consenso alguno, a un profesional externo para la coordinación del nuevo futuro plan, que nos parecía bien, pero que solo tiene sentido desde el consenso, porque no es una responsabilidad a la que acceda por criterios técnicos ya que es un cargo de confianza, así que los criterios son políticos y para la función de coordinación que va a desarrollar, debería contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas”.

 

Por su parte, Elena Coronil, edila de Podemos, señaló que “al parecer, para suministrar los servicios básicos, que son un derecho, a José María Román no se le ocurre ninguna argucia como esta, a pesar de ser un grave problema para más de 30 mil personas que siguen sin tener acceso al agua potable”.

 

Aseveró también que “el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre de 2019, contempla la posibilidad de dar acceso a los servicios básicos en tanto en cuanto se ejecutaba la regularización y que la propia Cándida Verdier se hacía eco en una nota de prensa en 2018”.