Cierre del Vertedero de La Victoria

El cierre del vertedero de La Victoria sigue creando controversias entre el Consistorio y la Junta de Andalucía.-

El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía por la forma en que clausuró esta instalación.
La delegación provincial de medio Ambiente se niega a pagar el sellado alegando que es una finca privada, cuando en El Berrueco, también privado, sí lo hizo.

El concejal de Medio Ambiente, José Pedro Butrón, anunció que el Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo contra la orden de cierre del vertedero de La Victoria dada por la Junta de Andalucía, ya que los plazos dados “eran imposibles de cumplir al ser sólo de cuarenta y cinco días, no habiendo tampoco coordinación entre ambas administraciones”.

Esta demanda está pendiente del escrito que la Junta de Andalucía debe remitir al Ayuntamiento con el expediente de cierre del vertedero de La Victoria. Una vez lo tengas en sus manos lo estudiarán y presentarán el contencioso contra la administración autonómica. 

También va a solicitar dinero a la Junta para el sellado de esta instalación, que aporta la Unión Europea con sus fondos: “Lo hace en otros municipios andaluces y también está obligada a llevarlo a cabo aquí, para que los ciudadanos no tengan que pagar las irregularidades y la falta de previsión de la Junta y los anteriores gobiernos municipales del PSOE, que son los responsables”, afirmó José Pedro Butrón, edil de Medio Ambiente.

AGRAVIO COMPARATIVO

Lo sucedido con La Victoria es, según el concejal, “un agravio comparativo respecto a otras poblaciones y vertederos, El Berrueco sin ir más lejos, que la Junta selló (pagó 25 millones de pesetas)”. La demanda se presentará por haber cerrado el vertedero de forma sorpresiva. Estas actuaciones de la Junta hacen recelar al equipo de gobierno: “No nos gustaría pensar que se maltrata a Chiclana porque no gobierna el PSOE y que es el brazo ejecutor”. 

De todas formas, el Ayuntamiento está buscando alternativas con vista al futuro, “que es lo que no ha hecho el anterior gobierno local ni la Junta, que miraron para otro lado durante catorce años”.

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS

El cierre del vertedero ha llevado consigo que los transportistas que llevaban allí sus escombros, sin separar y mezclados con todo tipo de basuras, o sea, sin cumplir la normativa legal. Pese a ello, han solicitado al Ayuntamiento poder seguir vertiendo de esa forma en otro lugar, a lo que se ha negado el edil de Medio Ambiente: “Hemos hablado con los de los vertederos de escombros (legales) para que reduzcan el precio, pero nadie nos puede pedir que incumplamos la ley”. 

Esto condujo primero a dejar estos desechos en Pelagatos, en unas cubas, actuación también ilegal, y posteriormente a una manifestación que disfrazaron con otras peticiones y con lema ya sabido. Estos transportistas se niegan a pagar lo que otros abonan desde hace años, más caro, pero que cumple la ley. 

Señala Butrón que lo lamentable es que “desde 2003 el PSOE no hizo nada para buscar las soluciones, legales, encaminadas a la gestión de los residuos, que nos ha llevado a esta situación”. Butrón afirmó que “hay que buscar la buena gestión de los escombros, ya que la ilegalidad sale más cara y ahora lo estamos comprobando”. 

También manifestó el responsable municipal de Medio Ambiente que Chiclana “ha sido el vertedero de escombros de la Bahía y hay que acabar con ello, y para eso es necesario una reunión con los demás Ayuntamientos para buscar una salida al problema”.

REUNIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

El delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, José Pedro Butrón, asistió el pasado 25 de enero a la reunión de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, donde se debatió, a petición suya, sobre la situación en que se encuentra la gestión de los residuos en Chiclana, después del cierre del vertedero de La Victoria por parte de la Junta de Andalucía. 

Una vez expuesta la problemática del sellado del vertedero por parte del edil chiclanero y las consecuencias de esta actuación, tanto para la gestión de residuos como de escombros, los representantes de los diversos municipios de la Bahía se comprometieron a “estudiar la situación con detenimiento”, para poder colaborar en la medida de sus posibilidades.

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad acordó crear el compromiso entre los diferentes Ayuntamientos para que la aprobación de las ordenanzas reguladoras de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y su puesta en práctica se lleve a cabo a la mayor brevedad. Las Corporaciones se han comprometido a solicitar la colocación de varias cubas en las obras que se lleven a cabo en los municipios para que la separación de residuos se lleve a cabo desde el origen y facilitar así su reciclaje posterior.

CHANTAJE

Respecto a las negociaciones con el propietario del vertedero de La Victoria, Butrón ha manifestado que “es cierto que ya no estamos realizando el acopio en esta finca porque no estamos dispuestos a que se juegue al chantaje con los chiclaneros, que son los verdaderos afectados”. Según el edil, una vez que se había firmado el acuerdo para realizar el acopio en esta finca varias semanas antes, el propietario cerró hace unos días el paso a los camiones porque exigía unas nuevas condiciones. 

Entre éstas, que se le adjudicara el mantenimiento del vertedero clausurado, abonándole el Ayuntamiento 150 euros por cada hora de utilización de la maquinaria de mantenimiento. Además, Sánchez de los Reyes solicitó que el Consistorio le abonara el arrendamiento de las 22 hectáreas donde se ubica el vertedero. A juicio de Butrón, “estas condiciones son inasumibles, mucho más si se tiene en cuenta que por la explotación del vertedero ya había percibido desde el año 2000 más de cinco millones de euros”. El Berrueco lo selló la Junta de Andalucía, y era privado

ACOPIO DE RESIDUOS

En cualquier caso, como medida de urgencia, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el propietario de La Victoria, el acopio de residuos se está realizando desde hace varios días en la finca El Carrascal, situada en la carretera de Medina, frente al cementerio mancomunado. 

Finalmente, el delegado de Medio Ambiente ha lamentado la actitud del propietario de La Victoria “que ha intentando aprovecharse de la situación, chantajeando al Ayuntamiento”, y de la propia Junta de Andalucía “que sigue mirando hacia otro lado sin prestar ningún tipo de apoyo ni ayuda a Chiclana, cuando en otras localidades se ha hecho cargo del sellado de vertederos de propiedad privada”.

LA JUNTA NO FINANCIARÁ EL SELLADO

La delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, manifestó sobre el sellado del vertedero que la Junta de Andalucía “no lo financiará ya que se trata de una instalación localizada en una finca privada y de cuya actividad se han beneficiado durante años sus propietarios". Añadió que “no se puede establecer comparación con otras actuaciones de similar naturaleza apoyadas económicamente por la Junta en otras zonas de Andalucía por tratarse en tales casos de terrenos de titularidad pública". El coste del sellado asciendo a unos tres millones de euros. 

José Pedro Butrón, por su parte, considera que las declaraciones vertidas por la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, son fruto del desconocimiento o de la falta de información sobre las actuaciones que ha llevado a cabo durante los últimos años la Junta de Andalucía en otros vertederos andaluces.: “La delegada provincial desconoce que la Junta de Andalucía ha sufragado el sellado de vertederos en fincas privadas y como ejemplo más cercano está el de El Berrueco, en el término de Medina Sidonia, en el que actualmente se han realizado actuaciones para intentar reparar las labores de sellado llevadas a cabo por EGMASA hace unos años".

CHICLANA DISCRIMINADA POR LA JUNTA

Butrón ha manifestado que “no consentirá que se siga discriminando a Chiclana por parte de la Junta de Andalucía” y le parece indignante que la delegada provincial no haya tenido tiempo de recibir al alcalde de Chiclana, encuentro solicitado el 25 de noviembre, y sí para leer el programa electoral de Izquierda Unida.

 “Araujo –aseveró-también desconoce que en el expediente de Autorización Ambiental Integrada constan dos informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo donde aparece que la finca de La Victoria se encuentra en una zona donde está prohibido el uso de vertedero, en el segundo de ellos además se especifica que el vertedero de La Victoria es una instalación que con el actual PGMO queda fuera de ordenación con carácter sustantivo  y, por tanto,  no era posible la ampliación que se consintió”. 

DOS VARAS DE MEDIR

Butrón ha acusado a la administración autonómica de “utilizar dos varas de medir”. “Aunque comprendemos –aseguró- y compartimos las razones para que la Junta ordenara el cierre del vertedero, a la anterior corporación se le permitió la explotación ilegal del mismo durante varios años y a ésta, en cambio, ni siquiera se la recibe para tomar, conjuntamente, las medidas oportunas y minimizar los perjuicios causados a los ciudadanos”.

Finalmente, el concejal chiclanero explicó que los motivos del recurso se fundamentan en la  incompetencia de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, pues entiende que la resolución debe proceder de la propia Consejería y en motivos formales, “pues ni siquiera se comunicó al Ayuntamiento chiclanero las instalaciones adecuadas a donde se debían dirigir los residuos”.


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Gemma Araujo, la mal informada 
 
Los delegados, y delegadas, provinciales de Medio Ambiente que la Junta ha elegido en estos últimos veinte años han demostrado un desconocimiento supino de esta materia y una incompetencia que clama al cielo. La actual, Gemma Araujo, no iba a ser menos que su antecesora, que sustituyó a Sebastián Saucedo cuando éste pasó a otro cargo muy superior, nada menos que subdelegado del Gobierno. El que fuera primer alcalde socialista de Chiclana se convirtió en uno de los mayores consentidores de la degradación medioambiental de nuestro municipio.

 Siendo delegado provincial se llevó a cabo el sellado de El Berrueco, finca propiedad de Manuel Leal, o sea, privada. Era el año 1992 y la delegación de la Junta pagó 25 millones por ello. Seis años más tarde (98), esta misma delegación provincial tuvo que acondicionar el vertedero porque empezaron a salir lixiviados. Se abrió de nuevo y se recogieron los miles de litros que afloraron, llevándolos a la depuradora de Chiclana primero y luego a la de El Portal. 

El coste inicial fue de 40 millones de pesetas aunque finalmente tuvieron que ampliar el presupuesto hasta casi doblarlo (70). El trabajo, chapucero y sin resultados positivos, fue realizado por EGMASA, empresa pública de la Junta. Esto, y más cuestiones, lo desconoce Araujo, por eso dijo lo que dijo, aunque seguro que sí conoce otros vertederos privados que la Junta sí ha pagado su clausura, demostrando lo que sospechamos desde hace siete meses: la Junta y el PSOE masacran a Chiclana y lo seguirán haciendo hasta el final de la legislatura.