El PP insta al Gobierno de la nación a que no paralice el decreto de regularización de la Junta
Solicita convocar urgentemente la Comisión Bilateral de
Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
para aclarar controversias.-
El Grupo Municipal del Partido Popular Chiclana llevará esta tarde al pleno de enero, una moción para evitar la paralización del decreto de la Junta de Andalucía, que facilitará la regularización de viviendas en Chiclana.
La
propuesta solicita el apoyo de los grupos municipales para que el Ayuntamiento
de Chiclana inste al Consejo de Gobierno para que a su vez lo haga al Gobierno
de la Nación a convocar con carácter urgente la Comisión Bilateral de
Cooperación, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
“El objetivo es poder aclarar las controversias entre
ambas administraciones en el marco de la Subcomisión de seguimiento normativo,
prevención y solución éstas de la citada comisión bilateral y así, trasladar
tranquilidad y seguridad a los afectados”, resalta el PP.
La
portavoz popular, Ascensión Hita, explicó
que “el pasado 24 de octubre de 2019 se aprobó
con una amplísima mayoría en el Parlamento de Andalucía, la convalidación del
Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía”.
Señaló que
“como quedó patente en el debate es una norma
que pretende paliar de forma urgente, con independencia de una regulación más
amplia sobre la materia en la futura Ley del Suelo de Andalucía, el grave
problema que muchas familias andaluzas (más de 300.000) vienen sufriendo desde
hace décadas y que nunca se ha solucionado por la Administración andaluza”.
Chiclana es uno de los municipios que se verán más beneficiados.
ACABAR CON
LA INSEGURIDAD JURÍDICA
Para
comprobar la eficacia del Decreto Ley “desde la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, se va a poner en marcha un Plan de seguimiento de la
efectividad de la citada norma. De lo que se trata es simplificar y agilizar el
ordenamiento urbanístico en nuestra tierra, dentro de un máximo respeto al
medio ambiente y acabar con la incertidumbre y la inseguridad jurídica que
genera esa regulación urbanística tan compleja y prolija que tenemos en
Andalucía, y que no daba respuesta a problemas graves que ahora se abordan”.
Además de
dar solución a ese problema que afecta a tantos andaluces, el PP defiende que
la regulación que contiene el Decreto-Ley va a mejorar las condiciones
medioambientales y paisajísticas.
Agregó
Hita que “no se trata, como se ha querido
atacar falsamente a la norma, de ninguna amnistía, sino de resolver un problema
crónico del urbanismo en Andalucía, donde Chiclana es uno de los mayores
ejemplos”. El Decreto-Ley va a permitir también, “ante la anomalía o el vacío legal existente, la
posibilidad de acceder las viviendas al Registro de la Propiedad, permitiendo
de este modo la transmisión de las viviendas a los herederos, proporcionando
con ello mayor seguridad jurídica”.
La
concejala popular manifestó que “son 300.000
viviendas, que es lo mismo que hablar de 300.000 familias, que sufren este
problema a lo largo y ancho de nuestra Comunidad Autónoma, en todas las
provincias andaluzas sin excepción, en algunos casos, con cifras alarmantes. En
el caso de Chiclana, prácticamente la mitad, está pendiente de este decreto”.
PELIGRA LA
SOLUCIÓN
La moción
destaca que “las medidas del Decreto-Ley, no
sólo fueron aprobadas por una más que amplia mayoría parlamentaria, sino que
han sido muy numerosas las manifestaciones de cargos públicos como alcaldes,
presidentes de Diputación y concejales de todo signo político los que le han
dado la bienvenida a estas normas y las ven como una solución al problema que
sufren muchos municipios andaluces”.
De la
misma forma, “multitud de asociaciones de
afectados por estos problemas urbanísticos, se mostraron muy optimistas con la
aprobación del Decreto-Ley como más que posible solución a sus problemas”.
Sin
embargo, el pasado 23 de diciembre de 2019 la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recibió
una comunicación del Gobierno de la Nación, “en
la que se advertía de un posible conflicto de competencia y la posibilidad de
paralizar la ejecución de las normas que contiene el mencionado Decreto-Ley,
poniendo en peligro la esperanza de solución a los problemas de miles de
familias andaluzas”.
CONTRA LOS INTERESES ANDALUCES
Afirman
los populares que “son demasiadas las
intervenciones públicas y comunicaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez, por él mismo o a través de miembros de éste,
realiza en los últimos meses en contra de los intereses de Andalucía”.
Entiende
el PP que “podemos estar ante un nuevo ataque a
los intereses de los andaluces por el simple hecho, sectario y partidista, de
que el Gobierno de la Junta no es del mismo color político que el de la nación.
Asistimos en los últimos meses a demasiadas concesiones a separatistas de otras
Comunidades Autónomas y no debemos consentir jamás, ni eso, ni que sea además,
en detrimento de los andaluces, de nuestra autonomía”.
Como
Comunidad Autónoma “exigimos, como señala
nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, el reconocimiento y respeto a las
singularidades de los españoles, pero sin suponer ello la existencia de
privilegios y desigualdades entre nosotros”.
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