Colectivos andaluces en la Educación Pública, se unen para exigir mínimos en la vuelta a las aulas y el final de curso

Piden que se garantice el Derecho a la Educación Pública de calidad para todos, con las pertinentes garantías sanitarias.-

Treinta y un representantes de más de quince colectivos del ámbito de la Educación Pública (Mareas verde provinciales, sindicatos -USTEA y CGT-, plataformas como Escuelas de Calor, Córdoba Incluye, Niñas del Sur, XPrimaria, Sindicato de Estudiantes, federaciones de AMPA de Huelva, Málaga y Sevilla, Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz…) se reunieron para debatir sobre la vuelta a las aulas.

Analizaron el fin de curso marcado por la teleformación durante el confinamiento por la COVID-19, que ha evidenciado aún más la brecha social existente (más profunda si cabe que la tecnológica).

En la primera de la que anuncian que será una serie de reuniones y movilizaciones conjuntas en las próximas semanas, todos los sectores de la comunidad educativa (familias, docentes y estudiantado), han coincidido en que en estos momentos más que nunca debe garantizarse el Derecho a la Educación Pública de calidad para todos, con las pertinentes garantías sanitarias.

Esto pasa necesariamente por garantizar una educación presencial para todos, la obligatoria reorganización del currículo y una bajada de la ratio (número de alumnado por aula), “pero como medida histórica que venimos defendiendo desde hace años y no solo una medida extraordinaria por el COVID-19”.

Sin embargo, ninguna de estas medidas puede llevarse a cabo “simplemente con titulares de prensa o intervenciones ante los medios de comunicación o en el Parlamento”. Sin el aumento de la inversión en la escuela pública y una planificación de cómo se va a llevar a cabo, “siendo conscientes de la realidad de la escuela pública andaluza, las plantillas y las infraestructuras con las que contamos”.

NO A LA EDUCACIÓN TELEMÁTICA

Bajar la ratio no solo para garantizar la salud, sino la atención individualizada y de calidad a la que tienen derecho todos los alumnos. Una bajada de la ratio que supone una fuerte inversión económica, tanto de recursos humanos como de infraestructuras: aumento de las plantillas y adecuación de los espacios necesarios para que ningún alumno se quede en su casa.

Estos colectivos señalan que “rechazamos la educación telemática, las casas no son escuelas ni las habitaciones aulas. El alumnado necesita la escuela, sus compañeros y a sus docentes para desarrollar de forma adecuada su formación académica y su desarrollo personal”.

Si para garantizarlo con seguridad sanitaria se requiere una inversión extraordinaria, “exigimos que todos los fondos anunciados para el fracasado Plan de Refuerzo Estival del señor Imbroda, se destinen a esa inversión extra que necesita la escuela pública durante el próximo curso 2020/2021, y que la inversión pública para educación vaya destinada 100% a la pública, dejando de financiar la privada a través de los conciertos educativos”.

La garantía alimentaria también preocupa a la comunidad educativa andaluza. Los actuales planes SYGA y PRIA “serán a todas luces insuficientes por cuanto, dada la situación de precariedad sobrevenida de las familias andaluzas, aumentarán los niños que necesitarán de comedor escolar”.

SEGURIDAD DEL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIO DE LOS CENTROS

Los criterios de admisión deben modificarse para dar la necesaria respuesta, pues la renta que se tiene en cuenta en ellos, no coincide con la actual situación en la que ha aumentado el desempleo, y debe aumentarse también la cantidad de monitores para poder bajar la ratio de los comedores, así como la debida adecuación de los espacios.

Preocupa igualmente la seguridad del personal docente y de administración y servicios de los centros educativos, ante la posibilidad de que se tengan que incorporar presencialmente en el mes de junio. Deben garantizarse medidas sanitarias y de higiene que protejan su salud y la de sus familias.

Del mismo modo, “consideramos que los efectos de la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar los servicios públicos y en concreto de la Escuela Pública”. La nueva ley educativa, que está en trámite parlamentario, “debe apostar decididamente por la escuela pública”.

Debe apostar por volver a establecer el carácter subsidiario de la escuela privada concertada, “como paso previo hacia una única red pública a la que vaya todo el dinero público dedicado a educación, ya que es la única garantía de que ésta sea un derecho para todos y no un negocio de unos pocos”.